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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “¡Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa! Si quieres conoce...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“¡Actúa en vez
de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa! Si quieres
conocer los milagros, hazlos tú antes. Sólo así podrá cumplirse tu peculiar
destino”, Ludwig van Beethoven (1770-1827) Compositor y músico alemán.
NEGLIGENCIA
La tragedia
provocada por el socavón que cobró la vida de un ciudadano no sólo abrió un
boquete en el pavimento; dejó al descubierto una grieta mucho más profunda en
la administración municipal encabezada por Cecilia Ramírez Montoya.
Y es ahí donde
el análisis deja de ser meramente técnico para convertirse en un diagnóstico
político que revela falta de oficio, visión y capacidad preventiva en el
ejercicio del poder.
El colapso de
una vialidad puede ocurrir en cualquier ciudad con infraestructura envejecida,
drenajes saturados o redes hidráulicas deterioradas. Eso, por sí mismo, no
necesariamente constituye un escándalo político.
Lo que convierte
este caso en un símbolo de la fragilidad institucional es que el riesgo no era
desconocido. Existían reportes, antecedentes y conocimiento administrativo
sobre el deterioro estructural del punto afectado desde agosto de 2025. Es
decir, el socavón no apareció de la noche a la mañana, sino que fue creciendo
paralelamente a la omisión gubernamental.
En política, el
tiempo es un elemento fundamental para medir responsabilidad. Cuando una
administración tiene conocimiento de un riesgo y decide postergar su atención,
deja de tratarse de un problema técnico para convertirse en una decisión
política.
Y esa decisión,
en este caso, parece haber privilegiado otros proyectos por encima de una
amenaza directa a la seguridad ciudadana.
La narrativa
oficial intenta sostener que los más de 180 millones de pesos disponibles
estaban comprometidos, aun cuando no estaban etiquetados para atender ese punto
específico.
Sin embargo,
esta explicación administrativa abre más interrogantes de las que resuelve. En términos
legales, sin opción a señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, el
recurso que hablamos podría aplicarse al ser un caso de extrema urgencia, pues
hasta justificado estaba, ahí está la falta de pericia del gabinete de doña Cecy.
Si el recurso
provenía de una combinación de fondos propios, federales y estatales sin
destino rígido, el margen de maniobra para priorizar emergencias era real. La
pregunta entonces no es si había dinero, sino por qué no se decidió utilizarlo
para prevenir una tragedia anunciada.
Resulta
particularmente delicado que, justo después de detectarse el deterioro del
socavón en agosto de 2025, el Ayuntamiento haya aplicado recursos entre
septiembre y diciembre en diversas obras consideradas prioritarias por la
administración municipal.
Esa cronología
fortalece la percepción social de que el gobierno eligió proyectos visibles o
políticamente rentables por encima del mantenimiento estructural que, aunque
menos lucidor, salva vidas.
Ahí es donde se
vuelve evidente la falta de oficio político. Gobernar no es únicamente
administrar presupuestos ni inaugurar obras; implica saber anticipar riesgos y
entender que el mantenimiento preventivo es una inversión en gobernabilidad.
Cuando un
gobierno reacciona sólo después de una tragedia, no se enfrenta únicamente a
una crisis de infraestructura, sino a una crisis de credibilidad.
La respuesta
posterior al accidente tampoco ha logrado contener el desgaste. El argumento de
que el recurso estaba comprometido se percibe más como una defensa
administrativa que como un ejercicio de autocrítica institucional.
En contextos de
tragedia social, la ciudadanía no busca explicaciones contables, sino señales
claras de responsabilidad y empatía.
La política, en
su dimensión más humana, exige reconocer fallas antes que justificarlas.
La apertura de
investigaciones por parte de la Fiscalía estatal coloca el caso en un terreno
aún más complejo. Determinar si existió negligencia, omisión o simple falta de
previsión será clave para delimitar responsabilidades legales. No obstante, el
daño político ya está hecho.
La legitimidad
de un gobierno no depende únicamente de lo que dicten los tribunales, sino de
la percepción social sobre su capacidad para proteger a la población.
El episodio
también exhibe una problemática estructural que rebasa a Guasave: la cultura
administrativa que privilegia la obra pública visible sobre el mantenimiento
invisible. Las redes de drenaje, colectores pluviales y estructuras
subterráneas rara vez generan rentabilidad política inmediata, pero su abandono
suele derivar en crisis que sí generan costos políticos irreversibles.
La tragedia del
socavón revela, además, un fenómeno recurrente en administraciones municipales:
la dificultad para entender que la seguridad urbana no se limita al combate a
la delincuencia, sino que incluye la gestión integral de riesgos.
Un bache puede
parecer un problema menor hasta que se convierte en un punto de colapso
estructural. Cuando eso ocurre, ya no se trata de infraestructura, sino de
gobernanza.
También hay que
observar el impacto electoral que podría derivarse de este caso. Las
administraciones municipales suelen evaluarse por su cercanía con la
ciudadanía, y los temas relacionados con seguridad y servicios públicos son los
que más inciden en la percepción del desempeño gubernamental.
El socavón
podría convertirse en un símbolo de ineficiencia administrativa si la
investigación confirma que existían advertencias previas ignoradas.
En términos
políticos, el mayor error de una administración no siempre es cometer una
falla, sino no dimensionar su gravedad a tiempo. La gestión de crisis requiere
liderazgo, sensibilidad social y capacidad para asumir responsabilidades.
Cuando esas
características no aparecen, la narrativa pública comienza a construirse desde
la crítica, la desconfianza y el desgaste institucional.
Lo ocurrido en
Guasave deja una lección contundente: la negligencia administrativa no siempre
se manifiesta en decisiones ilegales, sino en la incapacidad para priorizar lo
esencial.
Gobernar implica
tomar decisiones difíciles, y una de ellas es entender que la obra que no se ve
puede ser la más importante para garantizar la seguridad colectiva.El socavón
no sólo exhibe el deterioro del pavimento. Expone también la fragilidad de una
administración que, ante la oportunidad de prevenir, optó por postergar.
Y en política,
postergar decisiones frente a riesgos evidentes suele tener un costo mucho más
alto que el financiero: el costo de la confianza ciudadana.
La administración
de Cecilia Ramírez más que destacar por acciones concretas de gobierno en
beneficio de la sociedad guasavense se está convirtiendo en una administración señalada,
deteriorada por la falte de oficio político, sentido común y empatía de una
alcaldesa que en campaña prometió eso.
El puesto le
quedó grande, muy grande.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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