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Opinión Carlos Alberto Corona León* Si la política fiscal mexicana ha sido históricamente un instrumento de estabilidad defensiva, el deba...
Opinión
Carlos Alberto Corona León*
Si la política fiscal mexicana ha sido históricamente un instrumento de estabilidad defensiva, el debate sobre un nuevo pacto fiscal obliga a desplazar la conversación hacia un terreno más profundo: el de la relación entre el Estado, la economía y la sociedad.
Un pacto fiscal no se reduce a modificar tasas impositivas ni a rediseñar leyes hacendarias; implica redefinir los compromisos mutuos entre quienes contribuyen, quienes gobiernan y quienes reciben los beneficios del gasto público. En México, este pacto se encuentra erosionado, no por ausencia normativa, sino por la falta de confianza, reciprocidad y propósito compartido.
Durante años, el sistema fiscal ha operado bajo una lógica implícita de sospecha. El Estado presume evasión y responde con controles crecientes; el contribuyente presume ineficiencia y se protege como puede. En ese juego de fricciones constantes, la informalidad se convierte en refugio, la elusión sofisticada en estrategia racional y el cumplimiento voluntario en una excepción costosa.
El resultado es un círculo vicioso que limita la recaudación, reduce la calidad del gasto y refuerza la percepción de que el esfuerzo fiscal no produce beneficios colectivos tangibles. Hablar de un nuevo pacto fiscal exige reconocer que la debilidad recaudatoria mexicana no es solo un problema técnico, sino la expresión de un contrato social incompleto.
En los países donde la tributación goza de legitimidad, los impuestos se asocian con bienes públicos visibles y funcionales: educación que abre oportunidades, sistemas de salud accesibles, infraestructura que conecta regiones, seguridad jurídica y un entorno propicio para la actividad económica.
En México, la distancia entre lo que se paga y lo que se recibe ha erosionado ese vínculo esencial. Profundizar en el pacto fiscal implica redefinir el sentido mismo de la contribución. No se trata de recaudar más como un fin en sí mismo, sino de establecer con claridad para qué se recauda y cómo ese esfuerzo colectivo se traduce en desarrollo.
La política fiscal debe abandonar su carácter abstracto y convertirse en una narrativa comprensible, donde el destino del gasto público sea rastreable, evaluable y socialmente significativo. Sin esta pedagogía fiscal, cualquier reforma está condenada a la resistencia y al escepticismo.
En este contexto, la informalidad ocupa un lugar central. No puede seguir tratándose exclusivamente como un problema de incumplimiento cuando, en realidad, también refleja exclusión y falta de incentivos.
Un nuevo pacto fiscal exige replantear la formalidad como un espacio de integración productiva, donde la contribución sea proporcional, simple y acompañada de beneficios concretos. Incorporar gradualmente a millones de agentes económicos al sistema no solo amplía la base tributaria, sino que fortalece la ciudadanía económica y la cohesión social.
El pacto fiscal también obliga a revisar la distribución de cargas dentro del propio sistema. La percepción de inequidad, alimentada por privilegios fiscales y tratamientos diferenciados, debilita la legitimidad del conjunto.
Profundizar el acuerdo implica avanzar hacia una progresividad efectiva, donde las rentas altas, los ingresos extraordinarios y las nuevas formas de acumulación contribuyan de acuerdo con su capacidad real.
No como un castigo ideológico, sino como una condición mínima de equidad y sostenibilidad. Otro eje indispensable del nuevo pacto fiscal es el gasto público.
Durante demasiado tiempo, el debate se ha concentrado en cómo recaudar, relegando a segundo plano la calidad del gasto. Sin una transformación profunda de su orientación y eficacia, cualquier incremento en los ingresos corre el riesgo de diluirse en inercia administrativa.
El pacto fiscal moderno exige que el gasto sea evaluado por su impacto económico y social, y que la inversión vuelva a ser una decisión estratégica orientada al desarrollo.
Este replanteamiento conduce inevitablemente al federalismo fiscal. Un pacto nacional no puede sostenerse sobre gobiernos locales financieramente dependientes y políticamente desresponsabilizados.
Profundizar el pacto implica fortalecer la capacidad recaudatoria subnacional, vincular impuestos con servicios cercanos y reconstruir la rendición de cuentas territorial. Cuando el ciudadano percibe que su contribución mejora su entorno inmediato, el pacto fiscal adquiere sentido cotidiano.
En un mundo marcado por la transición digital, el cambio climático y la transformación del trabajo, el nuevo pacto fiscal mexicano no puede anclarse en una economía del pasado. Integrar la tributación ambiental y digital no es solo una necesidad recaudatoria, sino una señal clara de orientación estratégica.
Los impuestos también comunican prioridades y valores, y su diseño influye en las decisiones económicas de largo plazo. La profundidad del nuevo pacto fiscal reside, finalmente, en su dimensión política.
No es una reforma que pueda imponerse de manera unilateral ni resolverse en un paquete legislativo aislado. Requiere diálogo social, gradualismo y compromisos verificables.
Exige que el Estado asuma la responsabilidad de gastar mejor y que la sociedad asuma la responsabilidad de contribuir más bajo reglas claras y justas.
Es un acuerdo de corresponsabilidad, no de imposición. La conclusión es inequívoca. México no enfrenta únicamente un problema de diseño tributario, sino una crisis de pacto.
Persistir en un sistema que recauda poco, gasta con bajo impacto y genera desconfianza perpetúa el estancamiento.
Avanzar hacia un nuevo pacto fiscal significa entender la política tributaria como una herramienta de cohesión, desarrollo y legitimidad democrática.
No se trata de prometer soluciones inmediatas, sino de construir una ruta creíble para transformar la estabilidad en bienestar y el crecimiento en oportunidades compartidas. En esa reconstrucción silenciosa del acuerdo fiscal se juega una parte sustantiva del futuro económico y social del país.
* Abogado, empresario y editorialista, estudioso de los fenómenos sociales y su impacto en el orden general.
