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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El que se alimenta de deseos reprimidos finalmente se pudre”, William Blake (1757-1827) Poeta y p...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“El que se
alimenta de deseos reprimidos finalmente se pudre”, William Blake (1757-1827)
Poeta y pintor inglés.
PUNTO A FAVOR
La aprobación
por mayoría del dictamen que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas no es
un hecho aislado ni producto de una inercia legislativa. Es, en realidad, la
expresión más clara de cómo se construye poder institucional cuando se combina
técnica jurídica, narrativa constitucional y operación política efectiva.
En ese
engranaje, el papel de Enrique Inzunza Cázarez resulta central. No solo
presentó el dictamen ante el Pleno; lo hizo desde la presidencia de una de las
comisiones más estratégicas del Senado, la de Estudios Legislativos, donde se
decide si una reforma es viable constitucionalmente o queda archivada en el
terreno de las buenas intenciones. Gran parte del impulso de esta reforma pasó
por ahí.
El discurso de
Inzunza no buscó el aplauso fácil ni la consigna. Apostó por algo más duradero:
colocar la reducción de la jornada laboral como una definición de Estado. Al
hablar de un “Estado constitucional de bienestar”, el senador marcó una línea
clara entre administrar el presente y redefinir el modelo de desarrollo. El
mensaje es nítido: el progreso no se mide solo en indicadores macroeconómicos,
sino en la calidad real de vida de quienes sostienen la economía con su
trabajo.
No es casual que
el argumento se anclara en la Constitución de 1917 y en el constitucionalismo
social. Esa referencia cumple una función política precisa: desactiva la
narrativa de ruptura y coloca la reforma como continuidad histórica. En ese
marco, oponerse no es solo discrepar de una política pública, sino cuestionar
una de las raíces más profundas del Estado mexicano.
La iniciativa
enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encontró en el Senado algo
que no siempre ocurre: conducción. El dictamen avanzó porque hubo quien
entendió que las reformas de fondo no se imponen, se construyen. La aprobación
por mayoría confirma que el trabajo previo en comisiones fue más que trámite;
fue negociación, convencimiento y diseño jurídico fino.
Para Inzunza, el
resultado tiene un valor adicional. En un Poder Legislativo donde abundan los
posicionamientos y escasean los resultados, esta reforma fortalece su peso
político interno. No como tribuno, sino como operador legislativo. La
diferencia es sustantiva. El primero habla; el segundo transforma normas.
El cierre de su
intervención, apelando a la representación de Sinaloa, tampoco es menor.
Convierte una reforma nacional en un compromiso territorial, y eso, en
política, cuenta. Habla de un senador que entiende que el capital político se
construye cuando las decisiones en el Senado tienen eco en la vida cotidiana de
la gente.
En el fondo, la
discusión sobre las 40 horas laborales es también una discusión sobre liderazgo
parlamentario. La aprobación del dictamen no solo amplía derechos laborales;
consolida perfiles, redefine equilibrios y anticipa quiénes están en
condiciones de incidir en las grandes decisiones del país.
Y en ese
tablero, Enrique Inzunza no pasó de largo. Jugó. Y ganó.
MÁS MEZCLA MAISTO
Cuando el
secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, afirma que “vivimos una
coyuntura de inseguridad que lastima y golpea todos los ámbitos de la vida en
Sinaloa”, reconoce de manera directa que la violencia no es un hecho menor
ni aislado. Sin embargo, al añadir que la inversión extranjera directa “se
mantiene y tiende a crecer”, establece una línea clara de prioridad: el
énfasis gubernamental está puesto en la estabilidad económica, no en la
explicación estructural del fenómeno de violencia.
Su argumento
central es que el crimen ocurrido en Concordia no desincentiva la inversión,
sino que se limita a un caso específico. Esa afirmación busca acotar el impacto
del hecho y evitar que se traduzca en una percepción generalizada de riesgo. En
términos políticos, es un mensaje de control: el Estado reconoce el golpe, pero
asegura que no compromete el modelo de desarrollo.
El problema es
que la propia expresión “coyuntura de inseguridad” deja ver una contradicción.
Si la inseguridad “golpea todos los ámbitos”, entonces no puede ser tratada
únicamente como una variable externa al clima de inversión. Al separar ambos
planos, el discurso oficial desvincula la violencia del desarrollo económico,
aun cuando ambos ocurren en el mismo territorio.
Cuando Castro
Meléndrez sostiene que la minera afectada mantiene operaciones paralizadas “por
razones evidentes”, pero que el resto de los proyectos continúan sin cambios,
admite implícitamente que hay sectores y regiones más expuestos que otros. La
seguridad no es homogénea. La inversión se protege donde hay condiciones,
mientras que en zonas como la sierra de Concordia el riesgo se normaliza.
Al enumerar
proyectos multimillonarios en Topolobampo, El Fuerte y otros polos
industriales, el secretario refuerza la idea de que la confianza del capital
sigue intacta, pero evita responder una pregunta clave que sus propias palabras
dejan abierta: ¿qué garantías reales existen para los trabajadores que operan
fuera de esos corredores estratégicos?
En síntesis, el
mensaje del secretario es claro: la violencia duele, pero no descarrila la
inversión. Lo que no dice —y ahí está el fondo del análisis— es que esa
estabilidad económica se sostiene a costa de una desigualdad territorial en
materia de seguridad. Concordia no es una excepción estadística; es un síntoma
que el discurso económico intenta encapsular.
Esa es la
lectura que dejan sus palabras. No más. No menos.
EVOLUCION
La evolución
médica de Sergio Torres Félix, tras el ataque armado que sufrió a finales de
enero, es una noticia positiva en medio de un episodio que sigue dejando más
preguntas que respuestas. El traslado de terapia intensiva a intermedia
confirma que superó una etapa crítica, pero no atenúa la gravedad política del
hecho.
Más allá del
parte médico, el caso exhibe una realidad incómoda: en Sinaloa, la violencia ya
no distingue entre cargos, colores partidistas ni agendas públicas. Que un
diputado local de Movimiento Ciudadano haya sido atacado en plena zona urbana,
a plena luz del día y cuando se dirigía a una actividad institucional, habla de
un entorno donde la función pública se ejerce sin garantías mínimas de
seguridad.
El mensaje es
claro. La mejoría de Torres Félix es una victoria personal y humana, pero no
resuelve el fondo del problema. El atentado no fue un accidente ni un daño
colateral: fue un ataque directo contra representantes populares en ejercicio.
Mientras no se esclarezcan los motivos, los responsables y las fallas que lo
permitieron, la recuperación médica no puede traducirse en normalidad política.
En este
contexto, el silencio institucional sobre medidas de protección a legisladores
resulta revelador. El Estado acompaña al herido en el hospital, pero sigue
ausente en la prevención. Y cuando la política se vuelve una actividad de alto
riesgo, la democracia empieza a resentirlo.
Ese es el
mensaje que deja el caso: la salud mejora, la alerta permanece.
CON PRECAUCIÓN
El
posicionamiento del PRI en Sinaloa previo al arranque del Carnaval
Internacional de Mazatlán no es solo un reclamo de oposición; es una advertencia
política con timing preciso. A horas del evento más importante del estado, la
dirigencia priista coloca el tema de la seguridad donde más duele: en la
percepción y en las carreteras.
Las palabras de César
Emiliano Gerardo Lugo no cuestionan la existencia de anuncios oficiales, sino
su efectividad. Cuando afirma que “no queremos anuncios ni discursos,
queremos operativos reales”, el mensaje es directo: para el PRI, el
gobierno ha fallado en convertir la narrativa de control en presencia visible
del Estado.
La referencia a
Concordia y Escuinapa no es casual. Son ejemplos recientes que alimentan el
miedo a la confusión, al error y a la violencia colateral. Al cuestionar la
versión federal sobre el caso de los mineros, el PRI introduce una duda grave: si
los trabajadores pudieron ser confundidos, también podrían serlo turistas o
ciudadanos comunes. Ese planteamiento golpea directamente la confianza en los
traslados terrestres, eje central del turismo regional.
La observación
sobre la escasa vigilancia en carretera refuerza el argumento. No se trata de
estadísticas ni de cifras oficiales, sino de una experiencia concreta: tres
patrullas en todo el trayecto. En política, la percepción vale tanto como la
realidad, y en este caso el PRI busca instalar la idea de que el operativo de
seguridad no se ve, no se siente y no se cree.
El PRI no está
proponiendo una estrategia alternativa; está marcando distancia y levantando
una bandera preventiva. En vísperas de un evento masivo, eso no es menor.
PANORAMA
El
reconocimiento otorgado a Juan José Arellano Hernández en la Hispanic
Prosperity Gala 2026 no es solo un premio personal; es una señal de cómo el
empresariado regional puede escalar a escenarios globales cuando combina
expansión económica con narrativa de impacto social.
Que el galardón
se entregue en un foro como The Mar-A-Lago Club y bajo el sello de la Hispanic
Prosperity Gala coloca el mensaje en una dimensión clara: Mazatlán y Sinaloa ya
no aparecen únicamente como destinos turísticos, sino como plataformas de
inversión con proyección internacional. En ese sentido, Arellano no representa
solo a Grupo ARHE, sino a un modelo empresarial que busca validación fuera del
ámbito local.
El discurso que
acompaña el reconocimiento es clave. No se premia únicamente la rentabilidad,
sino la capacidad de transformar territorio, generar empleo y construir
infraestructura con visión de largo plazo. Esa narrativa es consistente con los
proyectos emblemáticos del grupo, como Torre Stelarhe y el Mazatlán Logistics
Center, que no solo generan negocio, sino que reconfiguran el posicionamiento
económico de la ciudad.
El mensaje
implícito también es político-económico: mientras el debate público suele
concentrarse en seguridad e incertidumbre, este reconocimiento proyecta una
imagen distinta del estado. Sinaloa puede ser, al mismo tiempo, un territorio
con retos y un espacio atractivo para capitales, siempre que existan actores
empresariales capaces de articular confianza y visión estratégica.
La presencia de
figuras internacionales y la conmemoración de 250 años de prosperidad
estadounidense refuerzan ese encuadre. El premio a Arellano se inserta en una
narrativa más amplia sobre el papel de la comunidad hispana como motor
económico, y coloca a Grupo ARHE como un actor que dialoga en ese nivel.
