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Opinión Carlos Alberto Corona León* Hablar de un nuevo pacto fiscal es relativamente sencillo en el plano conceptual; llevarlo al terreno po...
Opinión
Carlos Alberto Corona León*
Hablar de un nuevo pacto fiscal es relativamente sencillo en el plano conceptual; llevarlo al terreno político y operativo es, en cambio, el verdadero desafío. La historia reciente de México está llena de diagnósticos acertados que nunca se tradujeron en reformas duraderas, no por falta de argumentos técnicos, sino por la incapacidad de construir consensos, administrar resistencias y alinear intereses en un sistema político fragmentado. Por ello, la pregunta central ya no es qué debe cambiar en el modelo fiscal, sino cómo hacerlo posible sin romper la estabilidad institucional ni profundizar la desconfianza social.
El primer paso para trasladar el pacto fiscal del discurso a la acción consiste en reconocer que no puede imponerse como una reforma tradicional. Un pacto, por definición, requiere interlocución, gradualidad y señales creíbles de reciprocidad. Pretender resolver décadas de desequilibrios fiscales mediante un paquete legislativo abrupto, negociado exclusivamente en las élites políticas, reproduciría los errores del pasado. La viabilidad del nuevo pacto fiscal depende de su capacidad para ser percibido no como una carga adicional, sino como un reordenamiento justo y con sentido.
En el plano político, esto implica asumir que la reforma fiscal debe construirse como un proceso y no como un evento. La primera tarea del Estado no es recaudar más, sino demostrar que puede gastar mejor. Sin una mejora visible y verificable en la calidad del gasto público, cualquier intento de ampliar la base tributaria o corregir privilegios será leído como un acto de extracción sin contraprestación. La legitimidad operativa del pacto fiscal comienza, paradójicamente, por el lado del gasto y no del ingreso.
De manera paralela, la implementación del nuevo pacto exige una estrategia de comunicación pública distinta a la habitual. La política fiscal ha sido tratada históricamente como un tema técnico, opaco y reservado a especialistas. En ese vacío narrativo prospera la desinformación y se refuerza la percepción de arbitrariedad. Convertir el pacto fiscal en realidad requiere explicar con claridad qué se va a hacer, en qué tiempos, quiénes aportarán más, quiénes se verán beneficiados y cómo se evaluarán los resultados. La transparencia deja de ser un valor abstracto y se convierte en una herramienta operativa.
En el terreno legislativo, la viabilidad del pacto fiscal pasa por abandonar la lógica de reformas totales y avanzar mediante cambios modulares y acumulativos. Ajustes graduales en la progresividad del sistema, simplificación efectiva para pequeños contribuyentes, incorporación de nuevas bases tributarias y fortalecimiento del federalismo fiscal pueden implementarse en etapas, generando aprendizajes institucionales y reduciendo el costo político de cada movimiento. La clave no está en la velocidad, sino en la irreversibilidad del proceso.
Un elemento central de la operación política del pacto fiscal es la gestión de resistencias. Toda reforma redistributiva genera ganadores y perdedores, aunque estos últimos no siempre sean visibles en el corto plazo. El error frecuente consiste en negar esta realidad o en subestimar la capacidad de bloqueo de los grupos afectados. Un pacto fiscal viable no elimina el conflicto, pero lo administra mediante reglas claras, transiciones ordenadas y compensaciones explícitas. La ausencia de privilegios no puede decretarse de un día para otro, pero sí puede programarse con certidumbre.
En el ámbito administrativo, llevar el pacto fiscal a la práctica requiere una transformación profunda de las capacidades del Estado. No basta con cambiar leyes si las instituciones encargadas de implementarlas carecen de herramientas, personal capacitado o credibilidad. La simplificación tributaria, la digitalización de procesos y la reducción de discrecionalidad no son componentes accesorios, sino condiciones mínimas para que el nuevo pacto no se fracture en su ejecución. La eficacia administrativa es parte esencial del acuerdo social.
El federalismo fiscal adquiere en esta etapa una relevancia decisiva. La implementación del pacto no puede sostenerse sobre gobiernos locales financieramente dependientes y políticamente desvinculados de la recaudación. Transferir responsabilidades fiscales sin capacidades sería irresponsable, pero perpetuar la dependencia es insostenible. El tránsito debe ser gradual, acompañado de incentivos claros y mecanismos de rendición de cuentas que fortalezcan la legitimidad territorial del pacto.
Un aspecto frecuentemente subestimado en la operación del pacto fiscal es el tiempo. Las reformas fiscales rara vez producen resultados inmediatos, pero la política exige señales tempranas de éxito. Por ello, el diseño operativo debe contemplar logros visibles en el corto plazo, aun cuando los beneficios estructurales se materialicen más adelante. La percepción de avance es crucial para sostener el apoyo social y político durante el proceso.
La conclusión es clara. Convertir el nuevo pacto fiscal en realidad no depende de una fórmula técnica ni de una voluntad política momentánea, sino de la capacidad del Estado para reconstruir confianza a través de hechos. Llevar el pacto fiscal del plano conceptual al operativo es una prueba de madurez institucional. Si se supera, México no solo habrá reformado su sistema tributario, sino que habrá dado un paso decisivo hacia la reconstrucción de su contrato social y de su proyecto de desarrollo.
*Abogado, empresario y editorialista, estudioso de los fenómenos sociales y su impacto en el orden general.
