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El Pleno del Congreso del Estado avaló la creación de una ley específica contra la extorsión, que establece coordinación interinstituciona...
Culiacán, Sinaloa.-El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este jueves la expedición de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión del Estado de Sinaloa, así como la derogación del artículo del Código Penal estatal que regulaba este ilícito, con el objetivo de contar con un marco jurídico específico y más robusto para su combate.
La nueva legislación, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, está integrada por 23 artículos distribuidos en cuatro capítulos, además de tres artículos transitorios. Uno de estos establece que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa contará con un plazo de 90 días hábiles para emitir la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión en la entidad.
La ley define las obligaciones y mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y de los ilícitos vinculados, además de fijar reglas, procedimientos y previsiones mínimas para su investigación y ejecución penal.
Asimismo, establece la implementación de acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que deberán desarrollar las autoridades del Estado para la prevención efectiva de la extorsión. Para la investigación de estas conductas, la Fiscalía contará con una unidad especializada integrada por ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados y certificados, conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La legislación también contempla que las personas imputadas por el delito de extorsión podrán quedar sujetas a prisión preventiva oficiosa durante el proceso penal, siempre que se les atribuya alguna de las conductas agravantes previstas en la ley general aplicable. Además, se establece que tanto el delito de extorsión como los ilícitos vinculados serán investigados y perseguidos de oficio.
En materia penitenciaria, la ley señala que cuando se acredite la comisión de extorsión desde un centro penitenciario mediante telefonía celular, se aplicarán sanciones disciplinarias como la restricción temporal de tránsito al interior del penal, la prohibición del uso de aparatos electrónicos públicos o el aislamiento temporal, en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, se precisa que las direcciones de los centros penitenciarios deberán adoptar medidas para impedir que las personas sentenciadas por este delito tengan acceso a dispositivos digitales.
Finalmente, se establece que las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia estarán obligadas, en el ámbito de sus competencias, a actuar de manera proactiva para evitar la comisión del delito de extorsión, garantizar la protección de las víctimas y asegurar el acceso a los derechos y garantías que reconoce la nueva ley.
La legislación aprobada fue elaborada con base en nueve iniciativas, una de ellas presentada recientemente por el gobernador Rubén Rocha Moya.
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