El senador Enrique Inzunza Cázarez informó que se buscan multas de hasta 2.3 millones de pesos para frenar el acoso telefónico y proteger a ...
El senador Enrique Inzunza Cázarez informó que se buscan multas de hasta 2.3 millones de pesos para frenar el acoso telefónico y proteger a consumidores y menores.
CDMX.– La Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, presidida por el senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, aprobó un dictamen para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de aumentar las multas por llamadas comerciales no autorizadas.
El proyecto establece que proveedores y empresas no podrán realizar llamadas telefónicas, ni por cualquier otro medio, sin autorización previa de la persona consumidora, de forma reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios.
Para quienes incurran en esta práctica, se propone una multa que va de 56 mil 570 pesos hasta dos millones 345 mil 728.71 pesos. Con ello, explicó el legislador, se busca atender la problemática del acoso telefónico que afecta a miles de consumidores.
El dictamen señala que México se ubica entre los cinco países con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 llamadas spam por usuario al mes. Se advierte que la saturación telefónica no solo representa una molestia, sino también un factor de vulnerabilidad ante posibles estafas y una intrusión a la privacidad.
En la misma sesión, la comisión aprobó adicionar un artículo 73 Bis a la Ley General de Educación, para proteger la imagen, voz y datos personales de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar. La propuesta plantea que las autoridades educativas y las instituciones públicas o privadas del Sistema Educativo Nacional no puedan utilizar ni difundir estos datos con fines comerciales, salvo que exista autorización previa, expresa e informada por escrito de madres, padres o tutores.
Asimismo, se avaló una reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, a fin de garantizar que en el ámbito rural las mujeres ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, sin restricciones ni requisitos adicionales por razones de género.
La iniciativa contempla que autoridades administrativas, jurisdiccionales y órganos de representación agraria actúen con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, fortaleciendo la participación y el empoderamiento de las mujeres en el medio rural.
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