.png)
Detenciones e investigaciones federales han puesto en evidencia una serie de presidentes municipales señalados por presuntos nexos con el ...
Detenciones e investigaciones federales han puesto en evidencia una serie de presidentes municipales señalados por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, revelando patrones de infiltración criminal en gobiernos locales.
La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, reportada el 5 de febrero por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reavivó las alertas sobre la presunta infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación en ayuntamientos de Jalisco. De acuerdo con autoridades federales, el edil habría mantenido nexos vigentes con integrantes de esta organización criminal.
El caso de Tequila no es aislado. En mayo de 2025, el expresidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue detenido por la Fiscalía General de la República y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada. La investigación lo relaciona con hechos presuntamente ocurridos en el Rancho Izaguirre, señalado como un espacio utilizado por el CJNG para actividades de reclutamiento y exterminio, además de la presunta entrega de recursos humanos y materiales al grupo criminal.
En el expediente de Tequila, la SSPC informó que Rivera Navarro fue detenido junto con funcionarios clave de su administración, entre ellos el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. Las investigaciones los vinculan con esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras, así como con una red de corrupción operada desde el Ayuntamiento, que habría implicado desvío de recursos públicos y presiones a comerciantes locales.
Estos casos han evidenciado un patrón que preocupa a las autoridades federales: la utilización de estructuras municipales para facilitar operaciones del CJNG, ya sea mediante protección institucional, control de corporaciones locales o esquemas de recaudación ilícita. Las detenciones forman parte de una estrategia para desarticular estas redes y cortar los vínculos entre gobiernos locales y el crimen organizado.
Las investigaciones continúan en curso y, de acuerdo con autoridades federales, podrían derivar en nuevas acciones judiciales conforme avancen las indagatorias y se integren las carpetas correspondientes.
