Foto: Archivo Reforma Cd. de México, México.- El nuevo sistema penal acusatorio inició hoy en nueve entidades del País, incluidas la Ci...
Foto: Archivo Reforma
Cd. de México, México.- El nuevo sistema penal acusatorio inició hoy en nueve entidades del País, incluidas la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México.
El nuevo sistema comenzará a aplicar para procesar delitos federales, en lo que supone es el mayor reto para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la PGR desde que la reforma fue publicada en junio de 2008.
El CJF publicó el viernes pasado los acuerdos de creación de 11 centros de justicia penal federal, cada uno con tres jueces, pues en la capital habrá en cada uno de los tres reclusorios federales.
El costo global de las obras, contratadas por adjudicación directa por falta de tiempo, será de 915 millones de pesos.
Un informe ejecutivo del CJF indica que, al cierre de enero, se había ejercido el 50 por ciento de los casi 150 millones de pesos asignados a las obras en Ciudad de México; 46 por ciento de lo previsto en Aguascalientes y 45 por ciento en Colima.
Quintana Roo presentaba menos de 40 por ciento; Morelos el 33 por ciento; Tabasco 35 por ciento; Hidalgo el 51 por ciento; Nuevo León, con sede en Cadereyta, el 67 por ciento sobre 207 millones de pesos; y el Estado de México, que está en Nezahualcóyotl, tenía casi 100 por ciento en una obra de solo 18 millones de pesos para una sala oral.
REFORMA publicó el 22 de febrero que los tres centros de la Ciudad de México están lejos de ser concluidas, no obstante que a partir de ese día tenían su nombramiento los nuevos jueces. Los edificios apenas empezaron a construirse en septiembre.
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura, dijo entonces que por ahora funcionará una sala de juicio oral en cada centro de justicia en la capital del País y que la infraestructura no será un obstáculo para la entrada en vigor del nuevo sistema.
“En cuatro meses es imposible que culmines un procedimiento de licitación y luego empieces, tras la adjudicación, la obra; es imposible. Estamos condicionados por cumplir en tiempo lo que estableció la Constitución. Eso justifica (las adjudicaciones directas), es materialmente imposible hacerlo de otra forma”, dijo el consejero.
La construcción a marchas forzadas no ha sido el único problema, pues en enero también se tuvieron que licitar las soluciones tecnológicas y administrativas que permiten el uso de las salas orales, así como las compras de mobiliarios y equipos.
Pasa inadvertido nuevo sistema
El nuevo sistema penal acusatorio a nivel federal ya funciona en 15 entidades pero ha pasado inadvertido, entre otras razones, porque sólo aplica para delitos cometidos a partir de la entrada en vigor.
Además, casi todos los casos consignados por la Procuraduría General de la República (PGR) han sido faltas menores de narcomenudeo y posesión de armas.
En las 15 entidades donde ya opera el sistema federal, la PGR presentó apenas 215 causas penales en enero pasado.
Estas cifras han llevado al Consejo de la Judicatura Federal a concluir que por ahora no necesita grandes cantidades de jueces y personal, pues la implementación del sistema llevará años.
“Cuando se estaba haciendo el edificio definitivo del Centro de Justicia Penal, lo hicimos o construimos con perspectiva de crecimiento futuro pero materialmente en todos los estados donde está funcionando el sistema con una sala ha sido suficiente”, dijo la semana pasada el conejero Alfonso Pérez Daza.
Los ocho estados pendientes de sumarse al sistema lo harán el 29 de abril, entre ellos Campeche, Sonora, Veracruz y Michoacán, y el 14 de junio, Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero, así como las Islas Marías, cuatro días antes del límite que fija la Constitución.
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