Elota, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) se pronunció porque las instituciones y organismos públicos que incumpl...
Elota, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) se pronunció porque las instituciones y organismos públicos que incumplan con la debida atención a los jóvenes de Sinaloa sean sancionadas, así como cuando el Estado desatienda a adultos mayores y niños, principalmente; además, a nivel federal, impulsa la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral, para que los malos gobiernos y sus funcionarios se vayan cuando no den resultados.
El coordinador de la bancada del PAS en el Congreso de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, refirió lo anterior al tomar la protesta a decenas de militantes en nuevos sub comités municipales del Partido Sinaloense en Elota Sinaloa, durante un numeroso acto político.
Cuén refirió que en la iniciativa de decreto de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de la Juventud Sinaloense se contempla un esquema de sanciones a las contravenciones y/u omisiones a lo establecido en dicha iniciativa.
El esquema de sanciones a los que las autoridades y los servidores públicos en esta materia se harán acreedores, es uno más de los atributos de la presente Ley, explicó Héctor Melesio Cuén Ojeda a los presentes, al mismo tiempo que abundó que espera que en el caso de la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral, los senadores honren su palabra y le cumplan a México.
Simplemente se trata de que las autoridades y funcionarios de las instituciones que incurran en negligencia, faltas o no cumplan con su trabajo, sean sujetos de responsabilidad administrativa y sean sancionados o removidos de sus cargos, conforme a lo establecido en la Ley y conforme a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Sinaloa, así como con respecto a la normativa que el Senado y la Cámara Revisora apruebe, anotó.
En ese sentido, el legislador del PAS detalló que como dichas faltas acciones u omisiones transgresoras se pueden considerar desde el hecho de impedir, retrasar o limitar cualquiera de los derechos a favor de la sociedad, aplicar selectivamente los programas y servicios que se implementen, discriminando, hasta los actos de cohecho, peculado y/o de violencia física o mental en detrimento de la calidad de la atención y del desarrollo integral de la sociedad sinaloense, concluyó.
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Marco Antonio Lizárraga
El coordinador de la bancada del PAS en el Congreso de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, refirió lo anterior al tomar la protesta a decenas de militantes en nuevos sub comités municipales del Partido Sinaloense en Elota Sinaloa, durante un numeroso acto político.
Cuén refirió que en la iniciativa de decreto de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral de la Juventud Sinaloense se contempla un esquema de sanciones a las contravenciones y/u omisiones a lo establecido en dicha iniciativa.
El esquema de sanciones a los que las autoridades y los servidores públicos en esta materia se harán acreedores, es uno más de los atributos de la presente Ley, explicó Héctor Melesio Cuén Ojeda a los presentes, al mismo tiempo que abundó que espera que en el caso de la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral, los senadores honren su palabra y le cumplan a México.
Simplemente se trata de que las autoridades y funcionarios de las instituciones que incurran en negligencia, faltas o no cumplan con su trabajo, sean sujetos de responsabilidad administrativa y sean sancionados o removidos de sus cargos, conforme a lo establecido en la Ley y conforme a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Sinaloa, así como con respecto a la normativa que el Senado y la Cámara Revisora apruebe, anotó.
En ese sentido, el legislador del PAS detalló que como dichas faltas acciones u omisiones transgresoras se pueden considerar desde el hecho de impedir, retrasar o limitar cualquiera de los derechos a favor de la sociedad, aplicar selectivamente los programas y servicios que se implementen, discriminando, hasta los actos de cohecho, peculado y/o de violencia física o mental en detrimento de la calidad de la atención y del desarrollo integral de la sociedad sinaloense, concluyó.
Marco Antonio Lizárraga
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