Editorial Aarón Irízar López Nuestro país enfrenta una de las peores tragedias climatológicas de los últimos años; los huracane...
Editorial
Aarón Irízar López
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Nuestro país enfrenta una de las peores tragedias climatológicas de los últimos años; los huracanes "Ingrid" y "Manuel" han dejado a su paso más de un centenar de fallecidos, miles de damnificados, comunidades incomunicadas y pérdidas millonarias por el colapso de la infraestructura carretera, hidráulica, de servicios básicos, vivienda y turística.
Es de reconocerse la inmediata reacción del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar el abasto alimentario, suministro de agua potable y luz eléctrica, así como diversos apoyos para atender a la población damnificada; también se han instrumentado acciones para impedir los robos en casa habitación, la inseguridad derivada de una tragedia de esta magnitud, y el alza en el costo de los artículos de primera necesidad.
El Ejército Mexicano y la Marina Nacional han mostrado su compromiso de salvaguardar a la población en caso de desastres naturales; sin duda, las fuerzas armadas han sido fundamentales para rescatar a los damnificados, llevar alimentos y medicinas a las comunidades más afectadas, e instalar albergues que han permitido a la sociedad acceder a un lugar donde dormir, alimentarse y estar seguros en compañía de su familia.
La Secretaría de Gobernación ha emitido nueve declaratorias de desastre natural y seis más de zonas de emergencia, con lo cual los estados y municipios más afectados por las lluvias, recibirán los recursos del Fonden para iniciar su reconstrucción económica y social.
Las autoridades hacendarias han puesto disponibles más de 6 mil 300 millones de pesos del Fondo para la reparación de los daños, y dada la magnitud de la tragedia, existe el compromiso de aumentar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, para la atención eficiente de los damnificados.
Se han anunciado apoyos para la reconstrucción de las casas destruidas y seriamente dañadas, la reubicación de comunidades en situación de vulnerabilidad y, lo más importante, la revisión de la política de vivienda, con la finalidad de evitar que se construyan complejos habitacionales en lugares peligrosos, ante la fuerza de la naturaleza.
Enfrentamos un fenómeno natural atípico que resultó imposible de controlar; por lo que nadie podría cuestionar que la estructura gubernamental que hizo frente a la tragedia ha actuado de manera oportuna, contando con la supervisión personal del presidente Peña Nieto y funcionarios del gabinete, que al efecto designó.
Sin embargo, debemos reconocer que es urgente que nuestro país debe transitar hacia una auténtica política de Reducción de Riesgos de Desastres que esté centrada en la prevención, y así dejar atrás el actual modelo en el que la ayuda se presta con posterioridad al fenómeno natural.
Hoy más que nunca, la política de Reducción de Riesgos de Desastres debe basarse en tres rubros fundamentales: 1. Acciones gubernamentales antes del desastre, que consisten en el fortalecimiento de la infraestructura para evitar inundaciones, regulación del uso del suelo, entrenamiento ciudadano en caso de riesgo, difusión de una cultura de la prevención, alertas tempranas, organización de evacuaciones y acopio de víveres.
2. Acciones durante el desastre, que se refieren básicamente al monitoreo gubernamental para la atención inmediata de las afectaciones, y 3. Acciones gubernamentales después del desastre, que alude a las medidas para salvar vidas y satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas, los trabajos de reconstrucción material y la restauración de servicios básicos.
Debemos de comprender que la mayoría de los fenómenos naturales son impredecibles y que los daños que generan en muchos casos, sobrepasan la capacidad de respuesta de los diferentes ámbitos de gobiernos.
Sin embargo, también debemos de reconocer que nuestro país tiene ahora la obligación de ponerse a la vanguardia en la adopción de medidas pertinentes de prevención de desastres naturales; por lo que es una materia pendiente que en el corto plazo deberá estar presente en la Agenda del Congreso de la Unión y del Gobierno federal para no lamentar nuevas catástrofes.
Es de reconocerse la inmediata reacción del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar el abasto alimentario, suministro de agua potable y luz eléctrica, así como diversos apoyos para atender a la población damnificada; también se han instrumentado acciones para impedir los robos en casa habitación, la inseguridad derivada de una tragedia de esta magnitud, y el alza en el costo de los artículos de primera necesidad.
El Ejército Mexicano y la Marina Nacional han mostrado su compromiso de salvaguardar a la población en caso de desastres naturales; sin duda, las fuerzas armadas han sido fundamentales para rescatar a los damnificados, llevar alimentos y medicinas a las comunidades más afectadas, e instalar albergues que han permitido a la sociedad acceder a un lugar donde dormir, alimentarse y estar seguros en compañía de su familia.
La Secretaría de Gobernación ha emitido nueve declaratorias de desastre natural y seis más de zonas de emergencia, con lo cual los estados y municipios más afectados por las lluvias, recibirán los recursos del Fonden para iniciar su reconstrucción económica y social.
Las autoridades hacendarias han puesto disponibles más de 6 mil 300 millones de pesos del Fondo para la reparación de los daños, y dada la magnitud de la tragedia, existe el compromiso de aumentar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, para la atención eficiente de los damnificados.
Se han anunciado apoyos para la reconstrucción de las casas destruidas y seriamente dañadas, la reubicación de comunidades en situación de vulnerabilidad y, lo más importante, la revisión de la política de vivienda, con la finalidad de evitar que se construyan complejos habitacionales en lugares peligrosos, ante la fuerza de la naturaleza.
Enfrentamos un fenómeno natural atípico que resultó imposible de controlar; por lo que nadie podría cuestionar que la estructura gubernamental que hizo frente a la tragedia ha actuado de manera oportuna, contando con la supervisión personal del presidente Peña Nieto y funcionarios del gabinete, que al efecto designó.
Sin embargo, debemos reconocer que es urgente que nuestro país debe transitar hacia una auténtica política de Reducción de Riesgos de Desastres que esté centrada en la prevención, y así dejar atrás el actual modelo en el que la ayuda se presta con posterioridad al fenómeno natural.
Hoy más que nunca, la política de Reducción de Riesgos de Desastres debe basarse en tres rubros fundamentales: 1. Acciones gubernamentales antes del desastre, que consisten en el fortalecimiento de la infraestructura para evitar inundaciones, regulación del uso del suelo, entrenamiento ciudadano en caso de riesgo, difusión de una cultura de la prevención, alertas tempranas, organización de evacuaciones y acopio de víveres.
2. Acciones durante el desastre, que se refieren básicamente al monitoreo gubernamental para la atención inmediata de las afectaciones, y 3. Acciones gubernamentales después del desastre, que alude a las medidas para salvar vidas y satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas, los trabajos de reconstrucción material y la restauración de servicios básicos.
Debemos de comprender que la mayoría de los fenómenos naturales son impredecibles y que los daños que generan en muchos casos, sobrepasan la capacidad de respuesta de los diferentes ámbitos de gobiernos.
Sin embargo, también debemos de reconocer que nuestro país tiene ahora la obligación de ponerse a la vanguardia en la adopción de medidas pertinentes de prevención de desastres naturales; por lo que es una materia pendiente que en el corto plazo deberá estar presente en la Agenda del Congreso de la Unión y del Gobierno federal para no lamentar nuevas catástrofes.
