Hay disposición e interés del actual gobierno en erradicar la impunidad y la corrupción. Culiacán, Sinaloa, a 12 de septiemb...
- Hay disposición e interés del actual gobierno en erradicar la impunidad y la corrupción.
Culiacán, Sinaloa, a 12 de septiembre del 2011.- Este lunes fueron presentadas las primeras cuatro denuncias en contra de quien, o quienes resulten responsables por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de la función pública y los demás que resulten dentro del Código Penal del Estado de Sinaloa, de acuerdo a los datos que arrojan las auditorías practicadas a la pasada administración estatal que encabezó Jesús Alberto Aguilar Padilla.
El titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Juan Pablo Yamuni Robles, detalló que con base en los artículos 1 y 4 Fracción IV y V de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; así como los artículos 51 fracciones XVIII y XXIII, y 52 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal, se fundamentan dichas denuncias en contra de quienes aprovechando su función pública presuntamente actuaron en perjuicio del erario.
El funcionario no reveló nombres, ni dependencias involucradas, para no alertar a los presuntos responsables, ni entorpecer la secrecía que por ley exigen las investigaciones; pero anunció que las auditorías continúan para detectar otras posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Aclaró que corresponderá a la institución del Ministerio Público, con base en el resultado de las investigaciones ministeriales, determinar el monto de los recursos, y fincar las responsabilidades de tipo penal ante un Juez.
Yamuni Robles expresó que el propósito del gobierno del estado es erradicar la impunidad y la corrupción, pero también sentar un precedente que inhiba prácticas que reprueba la sociedad, como el desvío de recursos, el uso indebido de los dineros públicos, e incluso el abuso de poder que se traduce en el saqueo del erario.
Reiteró el firme compromiso de la actual administración, para que las actuaciones tanto administrativas, como penales, se realicen con apego a la ley, sin simulaciones, ni encubrimientos de ningún tipo, y con la plena seguridad de que los funcionarios independientemente del puesto que hayan desempeñado sean castigados conforme a derecho corresponda.
