La Diputación Permanente aprobó se interponga una Acción de Controversia Constitucional, a efecto de impugnar la inconstitucionalidad ...
La Diputación Permanente aprobó se interponga una Acción de Controversia Constitucional, a efecto de impugnar la inconstitucionalidad del Decreto 52, emitido por el Titular del Poder Ejecutivo, mismo que reforma el Reglamento de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados, a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa.
En el documento presentado por el Diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, explica que el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en el afán de incrementar sus facultades en materia de alcoholes, va más de allá de lo previsto en la ley, al establecer en dicho decreto disposiciones que exceden el alcance de la legislación.
Lo anterior al reducir en unas y en eliminar en otras la actuación del municipio mediante una disposición reglamentaria, invadiendo el espacio competencial del Poder Legislativo y además, infringiendo en perjuicio de los municipios, el artículo 115 constitucional, pues afecta su autonomía respecto a la determinación de su reglamentación, estructura y designación de personal.
“En suma, al pasar por encima del contenido expreso de la ley de la materia, violenta plenamente el principio de jerarquía normativa de leyes previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal”, dijo Cárdenas Fonseca.
Agregó el legislador, que en el derecho mexicano, todas las actividades regulables jurídicamente, están reservadas a la ley, y el reglamento únicamente puede desarrollar el contenido de esta, a lo cual, mediante el decreto de reformas se hizo caso omiso.
El Punto de Acuerdo expresa:
“ÚNICO. Se instruye y autoriza al Presidente de la Mesa Directiva para que interponga Controversia Constitucional, a efecto de impugnar la inconstitucionalidad del decreto de reformas del Reglamento de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 052, de fecha dos de Mayo de dos mil once”.
La propuesta fue aprobada por mayoría de la Diputación Permanente, ordenándose su inmediata aplicación.
Aprobado por unanimidad Punto de Acuerdo sobre examen de Control de Confianza de Servidores Públicos
Por unanimidad se aprobó el Punto de Acuerdo propuesto por el Diputado Miguel Enrique Calderón Quevedo, exhortando al titular de la Secretaría General de Gobierno y al responsable de la Policía Estatal Preventiva, a dar cumplimiento con lo que dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa, en lo relativo a los exámenes de control de confianza.
Asimismo se menciona el riesgo que existe de la cancelación de la ministración de los recursos federales a Sinaloa, sino se cumple con lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación a la presentación de dichos exámenes.
Calderón Quevedo, expresó que existe inquietud en la sociedad debido a las condiciones de inseguridad pública, y por los actos de corrupción que han logrado penetrar principalmente a los cuerpos policiales, por lo que resulta urgente poner en marcha acciones que se orienten a disminuir y erradicar estos actos de corrupción, con la finalidad de garantizar que todo el personal que colabora en las instituciones de seguridad pública, cubra con los perfiles de confiabilidad establecidos para el cargo.
Agregó que es preocupante que aunque la propia ley lo mandate como obligación, es del dominio público la información de que ni el Secretario General de Gobierno, ni el responsable de la Policía Estatal Preventiva se han sometido a los exámenes de control de confianza.
El Punto de Acuerdo establece:
“ÚNICO. La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Diputación Permanente, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría General de Gobierno y al responsable de la Policía Estatal Preventiva, a dar cumplimiento a la brevedad posible con lo que dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa, en lo relativo a los exámenes de control de confianza, toda vez que existe el riesgo de que en el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 144 de la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se proceda a la cancelación de la ministración de los recursos federales correspondientes a esta entidad federativa y la pérdida de los mismos”.
Tras su aprobación, se ordenó darle inmediato cumplimiento.
Se insistirá ante la PGR en demanda de respuesta a Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía
Al dar a conocer la respuesta al Punto de Acuerdo aproado por esta Soberanía en que se solicita a la titular de la Procuraduría General de la República, a efecto de que por conducto de los agentes del Ministerio Público Federal asuman el conocimiento de los asuntos en que se configure concurso de delitos federales y del orden común, y exista entre ellos conexidad, conforme a los supuestos contenidos en los artículos 10 y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales, los Diputados Luis Antonio Cárdenas Fonseca y Carlos Eduardo Felton González, se pronunciaron en contra de la respuesta emitida por la PGR a esta Soberanía.
El Presidente de la Diputación Permanente, sostuvo que la PGR no acusó recibo del Punto de Acuerdo, y quien lo suscribe, desconoce si es gestora oficiosa, al no sustentar el oficio previo acuerdo con la titular de la PGR, y que por lo tanto, es difícil creer en la legitimidad de la respuesta.
Dijo que se advierte desgano de la PGR en el planteamiento de mayor importancia para Sinaloa y el gobierno. En pocas palabras, no se da respuesta al planteamiento hecho a la PGR por el Congreso del Estado, agregó.
Mencionó que los hechos registrados en la madrugada de este día, en que un grupo de sicarios atacaron cuartel de la policía ministerial en Los Mochis, registrándose un saldo de dos muertos y vehículos dañados, lo que esta situación demuestra la ausencia de la PGR, y que ello contraviene las disposiciones del Código Procesal y su ley reglamentaria de la PGR, por lo que se debe insistir, de manera respetuosa y comedida a la PGR en la respuesta objetiva sobre el Punto de Acuerdo autorizado por esta Soberanía.
El tema también lo abordó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el Diputado Carlos Eduardo Felton González, quien expresó que el narcotráfico lastima a la sociedad de Sinaloa y que además, indigna que siga adelante, ante una aparente parálisis no solo del gobierno federal sino de los estados. Independientemente de insistir a la titular de la PGR sobre el Punto de Acuerdo, dijo que el gobierno federal debe atender la demanda, y que junto con ellos, los gobiernos de los estados también deben atender la parte que les corresponde, en tanto que la sociedad espera del Legislativo, su aportación.
Agregó que el tema de la seguridad, es el que más demanda la sociedad, y reiteró que se debe insistir ante la titular de la PGR para atender la demanda en el Punto de Acuerdo, y que como Legislativo, atender en su ámbito a la sociedad y darle al Ejecutivo las armas, leyes, para atender esas demandas.
Conoce la Diputación Permanente propuestas de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos
Por otra parte, dentro de esta Sesión Extraordinaria de la Diputación Permanente, también se conoció la minuta proyecto de Decreto remitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la que propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.
El documento se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.
Solicita el ayuntamiento de Badiraguato ratificación del decreto para la creación de Sindicaturas en ese municipio
De la misma forma, también se conoció la iniciativa del ayuntamiento de Badiraguato, en que solicita la ratificación del Decreto Municipal que crea cuatro nuevas Sindicaturas, Potrero de Bejarano, Santa Rita Huixopa y Santiago de los Caballeros, y la nueva distribución territorial del Municipio de Badiraguato.
Dentro de su iniciativa, precisan que el Ayuntamiento de Badiraguato no cuenta con la documentación soporte que sustente jurídicamente la división del Municipio en Sindicaturas, Comisarías y Comunidades, con que históricamente ha venido operando la municipalidad, toda vez que en el año de 1922, los archivos del municipio se destruyeron en su totalidad por u n incendio ocurrido en las instalaciones de la Presidencia Municipal; por lo que para dar certeza legal a la distribución territorial del municipio solicita del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ratifique toda la distribución territorial del Municipio de Badiraguato.
La iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda de Reglamento.
Plantea adicionar el Código Penal el Diputado Alfredo Vizcarra Díaz, en materia de robo de material de cobre
Al destacar que desde hace años se estado llevando a cabo robo de materiales necesarios para la construcción, tanto para conducción de agua como de energía eléctrica y otros necesarios para comunicación, el Diputado Alfredo Vizcarra Díaz propuso adicionar una fracción al artículo 208 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para sancionar el robo de material de cobre.
“El robo de este tipo de materiales no sólo afecta en lo correspondiente a atención pública sino que suspende la producción laboral tendiente a resolver demandas para una mejor sociedad; además de que en ocasiones se puede perder información necesaria para la continuación de proyectos”, asienta en su iniciativa del legislador.
La adición señala:
“Artículo 208. Se impondrán las mismas penas previstas para el robo simple a quien:
I. . .
II. . .
III. Se apodere de cualquier tipo de material de cobre utilizado para la conducción de agua potable y energía eléctrica en edificios públicos o privados a casas destinadas habitación, ya sea que estos se encuentre en proceso de construcción o ya terminados, o en uso, así como material de cableado o fibra óptica o cualquier otro que se destine para vías de comunicación telefónica o inalámbrica, uso de Internet o que se requiera para el uso de tecnología electrónica”.
La iniciativa se turnó a la Secretaría para la Segunda Lectura de Reglamento.