Recientemente se dio a conocer información importante sobre el estado de la deuda pública de los estados mexicanos, al revelarse que la ...
Recientemente se dio a conocer información importante sobre el estado de la deuda pública de los estados mexicanos, al revelarse que la deuda encendió un foco de alarma en virtud de que el monto contratado a corto plazo, principalmente con los bancos, asciende a unos 50 mil millones de pesos, al grado de poner en perspectiva negativa las calificaciones crediticias de varias entidades federativas.
Además de que muchos estados han rebasado su nivel de deuda por que sólo están obligados a notificar a Hacienda los adeudos que contraten a largo plazo, en especial los que garantizan con las participaciones federales.
La contratación de deuda de corto plazo se da a pesar de que las participaciones han aumentado cada año.
Por ejemplo, el monto recibido por los estados durante los primeros dos meses de 2011 creció 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2009 y tuvo un promedio de 45 mil millones de pesos por mes, lo que no ha sido suficiente para que las entidades se sigan endeudando a plazos cada vez más cortos.
Sinaloa no es ajeno a este problema nacional.
En primer lugar, y según información oficial, al 31 de diciembre de 2010 la deuda pública de largo plazo del gobierno de Sinaloa ascendía a cuatro mil 555 millones de pesos.
La de corto plazo suma más de 2 mil millones de pesos, lo que es preocupante porque incluye diversos compromisos de pago inmediato como el pago a proveedores y retención de impuestos a empleados burócratas.
De esta dificultad también son presa los gobiernos municipales del estado, sobre los que existe un mayor control respecto de su deuda a largo plazo pero como no respetan sus propios presupuestos, sobre todo en años electorales, se sobregiran heredando cuantiosas e ilegales deudas de pago inmediato a las siguientes administraciones con las negativas consecuencias que se han estado denunciando desde las propias oficinas gubernamentales.
En segundo lugar, la reforma que se anuncia en el ámbito federal en su mayor parte ya existe en la legislación de Sinaloa, por lo que esperamos aporte más candados para evitar el manejo financiero irresponsable de los gobiernos estatales.
Sin embargo, el estado de la deuda pública de Sinaloa revela precisamente que para ello no basta un buen marco jurídico, sino que hacen falta más elementos, como serían una cultura de la legalidad más genuina, una mayor y más estricta vigilancia del poder legislativo y la aplicación de castigos a los gobiernos que incurran en este tipo de irresponsabilidades financieras.
Además, debe evitarse caer en la tentación de los ilusorios proyectos de prestación de servicios que aparte de implicar la privatización de servicios públicos significan, en realidad, una forma más onerosa de endeudamiento que las tradicionales.
