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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Aprueba la Diputación Permanente Punto de Acuerdo para otorgar seguros de vida a los integrantes de las diferentes corporaciones policíacas de Sinaloa

Por unanimidad, la Diputación Permanente aprobó un Punto de Acuerdo solicitando al Ejecutivo del Estado para que gire instrucciones a las ...

Por unanimidad, la Diputación Permanente aprobó un Punto de Acuerdo solicitando al Ejecutivo del Estado para que gire instrucciones a las áreas respectivas, para dotar de  un seguro de vida a todos los integrantes de la Policía Ministerial y los agentes de la Policía Estatal Preventiva y a los Ayuntamientos a que hagan lo propio con los agentes de la Policía Municipal y los de la Policía de Tránsito.

La propuesta fue hecha por el Diputado Miguel Enrique Calderón Quevedo, quien aceptó que los elementos citados ya están incorporados al régimen de seguridad social, “un régimen complementario de seguridad social para los agentes, bien pudiera ser un sistema de seguro que cubra el fallecimiento y la incapacidad total o permanente del policía, acaecida en el cumplimiento de sus funciones, el cual deberá ser cubierto por el Estado y los Municipios”, añadió.

También reconoció que en algunos municipios de Sinaloa, sus respectivos ayuntamientos han tenido a bien reglamentar este derecho a un seguro de vida en caso de los integrantes de los cuerpos policiales fallezcan en ejercicio de sus funciones, pero en otros casos este derecho se hace válido en base a la discrecionalidad y voluntad de los gobernantes en turno.

Ante ello, su propuesta de Punto de Acuerdo señala:

“PRIMERO. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en absoluto marco de respetuosa colaboración entre los tres Poderes del Estado, solicita al Ejecutivo del Estado de Sinaloa, gire instrucciones de manera urgente a quienes corresponda para que se inicien los trámites necesarios correspondientes, para instituir un Régimen Complementario de Seguridad Social, al ya previsto por la Ley Federal del Trabajo y otros reglamentos, en beneficio de los Agentes de la Policía Ministerial y los Agentes de la Policía Estatal Preventiva, del Estado de Sinaloa, consistente en el otorgamiento de u n seguro que cubra el fallecimiento o la incapacidad total o permanente del policía, ocurrida en el cumplimiento de sus funciones, todo ello sin demerito del goce de la seguridad social provista por el ISSSTE; solicitándole también que el monto económico de dicho seguro sea el suficiente para que los familiares del policía caído sufraguen sus necesidades más apremiantes y que sea cubierto directamente por el Estado, a la persona que acredite tener mejor derecho a recibirlo; o bien deberá ser cubierto por la compañía de seguros legalmente constituida, que el Ejecutivo del Estado contrate para tal efecto. Para este cometido el Ejecutivo deberá iniciar en la esfera de su competencia, los ajustes jurídicos y presupuestarios correspondientes;  en el entendido de que, en caso de optar por el contrato con compañías aseguradoras para el cubrimiento del seguro, deberá tomar las medidas precautorias necesarias, dentro de su presupuesto de egresos para cubrir directamente el seguro en caso de incumplimiento.

SEGUNDO. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en el absoluto marco de respeto a la autonomía de los municipios, les solicita a todos los H. Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, para que en plenitud de su jurisdicción, y dentro de la reglamentación municipal correspondiente, emitan decretos mediante los cuales instituyan un Régimen Complementario de Seguridad Social, al ya previsto por la Ley Federal del Trabajo y otros reglamentos, en beneficio de los Agentes de la Policía Municipal y los Agentes de la Policía de Tránsito de los Municipios del Estado de Sinaloa, consistente en el otorgamiento de un seguro que cubra el fallecimiento o la incapacidad total o permanente del policía, ocurrida en el cumplimiento de sus funciones, todo ello sin demerito del goce de la seguridad social provista por el ISSSTE, o el IMSS, según sea el caso; solicitándole también que el monto económico de dicho seguro sea el suficiente para que los familiares del policía caído sufraguen sus necesidades más apremiantes  y que sea cubierto directamente por el Municipio, a la persona que acredite tener mejor derecho a recibirlo; o bien deberá ser cubierto por la compañía de seguros legalmente constituida, que los Municipios contraten para tal efecto. Para este cometido los Municipios deberán iniciar en la esfera de su competencia, los ajustes jurídicos y presupuestarios correspondientes; en el entendido de que, en caso de optar por el contrato con compañías aseguradoras para el cubrimiento del seguro, deberá tomar las medidas precautorias necesarias, dentro de  sus presupuestos de egresos, para cubrir directamente el seguro en caso de incumplimiento”.

El Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de la Diputación Permanente, ordenándose su inmediato cumplimiento.

 

Reformas a la Ley de Tránsito y Transportes, propone el Diputado Francisco Salvador López Brito

 

La prevención de los accidentes de la niñez en los vehículos automotores, a fin de reducir el índice de hechos donde pierden la vida o son lesionados de gravedad, conlleva la iniciativa del Diputado Francisco Salvador López Brito, al proponer reformas a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, al reconocer que los accidentes viales son un grave problema de salud pública.

Añade en su iniciativa que si bien es conocida por todos la falta de cultura de conductores y pasajeros de vehículos automotores en el uso obligatorio del cinturón de seguridad, su resistencia al uso, desde el inicio de su obligatoriedad legal, sin embargo, actualmente mucho se ha avanzado en su uso generalizado voluntario, por sus efectos benéficos en proteger y prevenir lesiones antes colisiones, volcaduras, etc. El cinturón de seguridad ha salvado vidas y prevenido lesiones graves, asienta en su iniciativa.

La reforma que propone a la citada ley es en sus artículos 69 y 90 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, para quedar así:

“Artículo 69.- Los vehículos deberán estar provistos de cinturones de seguridad en todos los asientos. Es obligatorio el uso de silla de seguridad para infantes menores de 5 años de edad, que se sujetará con el cinturón de seguridad del asiento trasero. Si el vehículo es de cabina simple, también es obligatorio el uso de la silla de seguridad para infantes menores de 5 años, sujetándola con los cinturones de seguridad del vehículo”.

Por lo que hace a la reforma al Artículo 90 diría así:

“Artículo 90.- Al manejar todo conductor y sus acompañantes deberán tener el cinturón de seguridad ajustado, si el acompañante es un infante menor de 5 años de edad, deberá viajar en la silla de seguridad en el asiento trasero del vehículo, y que deberá poseer además su propio cinturón de seguridad el cual lo sujetará desde los hombros hasta la cintura pasando por la pelvis. Para infantes menores de cinco años de edad, la silla de seguridad deberá colocarse siempre enfrentando el respaldo del asiento, de forma que el infante “mire hacia atrás”. A partir de los cinco años de edad  del infante, la silla podrá colocarse “mirando hacia delante”. Solamente cuando el infante tenga 12 o más años de edad, podrá ocupar el asiento delantero, usando siempre el cinturón de seguridad; los motociclistas y sus acompañantes deberán portar casco protector”.

En su artículo Primero, Transitorio, señala que el decreto entrará en vigor 90 días después al de su publicación y en su Segundo Transitorio, también señala que durante ese lapso -90 días-, las autoridades competentes modificarán el Reglamento de Tránsito y Transportes en el Estado, a su vez, implementarán una adecuada campaña pública de información a los conductores de vehículos automotores, exhortándolos a incorporar los equipos y aditamentos necesarios en sus vehículos, a fin de cumplir con las modificaciones legales.

La iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.

 

Reformas a la  Ley de Seguridad Pública del Estado, proponen profesionales del Derecho

 

La reducción de edad para jóvenes aspirante a ingresar al sistema de seguridad pública y, por otra parte, hacer obligatoria la firma de un compromiso a todos aquellos que ingresen o hayan egresado del Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública en Sinaloa por un lapso obligatorio de tres años y, por otra parte, si un elemento llegare a renunciar o se encuentre en los previstos que señala el artículo 220, en relación con el numeral 221, será puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, según sea el caso, para que con arreglo a derecho se deslinden sus responsabilidades, por estar su actividad relacionada como servidor público, son las reformas propuestas a la Ley de Seguridad Pública, por un grupo de  profesionales del Derecho.

La iniciativa, firmada por Francisco Javier Uribe Maldonado, José Ruiz  Guevara y Francisco Javier Villarreal Gastélum, en su calidad de Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente, del Centro de Estudios de Derecho, Análisis e Investigaciones Jurídicas de Sinaloa, A.C., precisa que  en la preparación de los elementos policíacos y ministeriales, que se capacitan  en el Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública se invierten “importantes recursos de los impuestos que paga la sociedad, es necesario que esos elementos tengan un compromiso directo con el Estado y la Sociedad, firmando un acuerdo de voluntades desde el momento mismo en que ingresen a prepararse académicamente en la institución.

Dicho compromiso debe ser de trabajar a favor del  Estado y la Sociedad, pero “también es importante aprovechar a todos aquellos jóvenes que deseen servir a su Estado, es por eso que se propone también se reduzca la edad para ingresar a formar parte del sistema de seguridad pública”, dice.

Más adelante señala que a la fecha no se tiene un registro actualizado de todos aquellos elementos que han sido preparados en el Instituto y que hayan causado baja por alguno de los supuestos que señala la Ley de Seguridad Pública; que no se les ha dado un seguimiento puntual a su actividad privada que tienen actualmente fuera de la corporación a la que pertenecieron, y que incluso, muchos de ellos fueron preparados en el extranjero con recursos del Estado, y poco se sabe de ellos y cuál es la actividad que actualmente realizan o si forman parte ya de la delincuencia organizada.

Su propuesta de reformas señala:

“Artículo 224 en su  Fracción IV: Tener 18 años de edad cumplidos al momento de su contratación”.

Propone se adicione el artículo 245 Bis a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que dice:

“Artículo 245 bis. Cualquier elemento policíaco que se capacite o haya terminado sus estudios en el Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública en Sinaloa, de las modalidades previstas en el numeral 239 de la presente ley, a partir del día 01 de Marzo del 2011, obligatoriamente deberá:

Firmar un compromiso por escrito con el Estado, desde el momento mismo que ingresó a la Institución como alumno o haya egresado de la misma, después de haber aprobado los exámenes obligatorios, documento que tendrá una vigencia mínima de 3 (tres) años, discrecionales para el Gobierno del Estado de Sinaloa y obligatorio para los elementos que ahí se graduaron y que hayan obtenido su diploma o título que los acredite como tales.

Si el elemento llegare a renunciar a su trabajo voluntariamente o su separación se encuentre en los previstos que señala el artículo 220, en relación con el numeral 221, de la presente ley, será puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, según sea el caso, para que con arreglo a Derecho se deslinden sus responsabilidades, por estar su actividad relacionada como servidor público”.

La iniciativa se turnó a la Secretaría para la segunda de Reglamento.

 

Reformas a los artículos 4º y 73 de la Carta Magna, propone la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

 

A través de la minuta proyecto de Decreto remitida a esta Soberanía por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Diputación Permanente de la LX Legislatura conoció las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 4 y 73, y que tienen que ver con el derecho a la cultura física y al deporte.

La reforma al Artículo 4º en su décimo párrafo, señala:

“Artículo 4º. . .

I al IX. . .

Toda persona tiene der4echo a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”

A su vez, la fracción XXXIX-J del artículo 73 señala:

“XXIX-J. para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4º de esta Constitución, estableciendo de concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así como de la participación de los sectores privados”.

La minuta también señala en su Artículo Segundo Transitorio, que será en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación general reglamentaria del artículo 4º constitucional en materia de cultura física y deporte.

También se remitió a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento. 

 

Proponen reformas a la Constitución Local Diputados del Grupo Parlamentario del PRD

 

En otro orden, y para que la implantación de la justicia constitucional en Sinaloa permita avanzar en un control más efectivo de los ciudadanos sobre los gobernantes, un mayor respeto a los derechos humanos, combatir el autoritarismo, fortalecer la cultura de la legalidad, acrecentar el interés público sobre la Constitución Política Estatal y mejorar la calidad de la democracia en el estado, el Grupo Parlamentario de la LX Legislatura, presentó iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Dichas reformas giran en torno a al Poder Judicial y a la justicia Constitucional, siendo de ésta, cuatro elementos que conforman el tema: el órgano que ejerce la función de control constitucional, el estatuto constitucional de los magistrados, ámbito competencial: instrumento de control, y, legitimación procesal: las personas e instituciones que pueden activar los medios de control.

“En cuanto al primer elemento, dice el documento más adelante, nuestra propuesta de reforma constitucional para establecer en Sinaloa la justicia constitucional local, asumiendo elementos de los sistemas concentrado y difuso, plantea retomar la idea de equiparar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado  con un Tribunal Constitucional Estatal, para lo cual se auxiliará de una Sala Constitucional. El nuevo papel del Supremo Tribunal como garante del constitucionalismo local obliga, más que antes, a incrementar su independencia, por lo que proponemos que sus integrantes sean electos, como ya ocurre en el ámbito federal y en la mayoría de los estados mexicanos, por el voto de las  dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, es decir, mediante mayoría calificada”.

La citada iniciativa, también se turnó a la Secretaría para la segunda lectura de Reglamento.

 

Que cesen descargas residuales en el mar, propuesta de Punto de Acuerdo del Diputado José de Jesús Galindo Rosas

 

Al denunciar que investigaciones realizadas en los últimos años en la bahía y playas de Mazatlán, han puesto al descubierto el problema de contaminación con materia orgánica, compuesta por descargas fecales, ante lo cual las únicas medidas que se han tomado es cuando el nivel detectado es elevado, sólo es advertir  los bañistas  que se abstengan de meterse al mar, pese a que  las corrientes marinas ayudan a dispersar y eventualmente a diluir los materiales contaminantes, trasladándolos mar adentro, aunque el problema se recrudece cuando hay marea baja, debido a que el agua se estanca.

Ante esta situación, el Diputado José de Jesús Galindo Rosas, presentó una propuesta de Punto de Acuerdo, en el que se solicita al alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, a tomar las medidas necesarias para que cesen las descargas residuales al mar.

En su propuesta, señala el legislador que pese a que se tienen identificados los principales puntos por los que se descargan aguas negras al mar, los esfuerzos realizados por mantener la calidad del agua en la bahía, hasta la fecha han  sido pocos y con escasos resultados, por lo que es apremiante exigir a las autoridades responsables, la implementación de medidas emergentes para que cesen las descargas al mar, “si no queremos  que en pocos años la contaminación de nuestras zonas costeras sea otro factor que acabe con el turismo en la entidad, como es ahora el problema de la violencia que se vive en el estado”, señaló.

Su propuesta de Punto de Acuerdo señala:

ÚNICO. La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura  del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, así como al H. Ayuntamiento de Mazatlán y su Presidente Municipal, Alejandro Higuera Osuna, para que en ejercicio de sus respectivas facultades, tomen las medidas necesarias para que cesen las descargas de aguas residuales al mar”.

Su propuesta se turnó a la Junta de Concertación Política para su valoración.

 

La preservación y enriquecimiento de las lenguas indígenas y sus elementos que constituyen su cultura e identidad, propone el Grupo Parlamentario Nueva Alianza

 

La Diputada Rosa Elvira Cevallos Rivera, presentó una propuesta de Punto de Acuerdo para que al interior de la Cámara se revisen la legislación para que se realicen las reformas necesarias o en su caso, emitir las leyes para garantizar el cumplimiento del artículo 2º constitucional, tendientes a la preservación y enriquecimiento, tanto de las lenguas indígenas como de todos aquellos elementos que conforman su cultura e identidad.

Acepta en su documento que este segmento de la población se ha visto marginado en el proceso de desarrollo, además de no contar con traducciones como de la Constitución Local, y carecer de otros instrumentos legales para su defensa –asienta que muchas mujeres al ser violentadas en sus derechos, no denuncian porque prevalece la tradición de que será su palabra contra la del violador-, entre otras carencias.

Resalta que la población indígena en el país  existen 68 pueblos indígenas, con 364 variantes lingüísticas, que junto con el español son lenguas nacionales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas –INALI-, las más habladas con el náhuatl, con un millón 376 ml hablantes; maya, con 759 mil; mixteco y zapoteco, con más de 400 mil; mientras que otras 22 agrupaciones no rebasan cada una de ellas, los mil habitantes”.

Y añade: “históricamente, es la población indígena la que ha visto pasar el desarrollo sin formar parte de él; y por si fuera apoco, han observado los embates a sus tradiciones, cultura y lengua materna”.

Su propuesta d Punto de Acuerdo señala:

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Congreso Local, a emprender la revisión de sus respectivas constituciones y leyes, para que realicen a éstas las reformas conducentes, o en su caso, emitan las leyes  necesarias, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2º constitucional; con el fin de que a nivel estatal se emprendan acciones para la preservación y el enriquecimiento de las lenguas indígenas y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

SEGUNDO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura para que, de manera conjunta con las Instituciones  responsables de Lenguas Indígenas en Sinaloa, emprendan los convenios que consideren pertinentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para extender  los esfuerzos de traducción del marco legal que rige a esta entidad, así como a todas las lenguas indígenas existentes, de tal forma que se garantice  su difusión en todos los rincones del territorio sinaloense, primordialmente en aquellas comunidades indígenas que por cuestiones geográficas son de difícil acceso”.

Esta propuesta la apoyó el Diputado Francisco Salvador López Brito, quien señaló la urgencia de dotar a Sinaloa de una Ley Indígena. Luego, se turno a la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas, para su estudio y dictamen.

 

Exhorto del Dip. Guadalupe García Cota a los Grupos Parlamentario para conducirse con respeto ante los otros Poderes 

 

El Diputado Guadalupe Ernesto García Cota, presentó ante la Diputación Permanente un documento convocando a los legisladores para que sea la crítica constructiva las que prevalezcan en la interacción con el Poder Ejecutivo, respetando la investidura del Gobernador, Lic. Mario López Valdez.

Asimismo, se manifestó en pro de un Congreso local que sea coadyuvante para la generación de gobernabilidad, entendida éstos efectos, como la creación de un ambiente o entorno en el que todos y cada uno de los gobernados e instituciones públicas o privadas se vinculen y participan para alcanzar el orden social que impacte de manera positiva en otros rubros como la economía, el desarrollo social y humano de la entidad, entre otros.

“En suma, en un plano de gobernabilidad deben concurrir los actores sociales mediante la realización de acciones diversas enfocadas a un mismo fin, estabilidad institucional, que refleje un alto grado de madurez de los poderes estatales, en particular el legislativo estatal”.

García Cota, invitó a los Grupos Parlamentario y Partidos Políticos representados en la LX Legislatura a trabajar juntos y en consenso para que dentro de la responsabilidad institucional, coadyuvar en el mejoramiento de las acciones tendientes a lograr las metas y objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016; en un intercambio de expresiones que se desenvuelvan en un marco de respeto, privilegiando las ideas y argumentos proactivos.

 

Posicionamiento sobre el Día Internacional del Reciclaje

 

En el marco del Día Internacional del Reciclaje, el Diputado Samuel Zacarías Lizárraga Valverde, expresó que en el ámbito de competencia estatal y municipal, las instituciones deben tomar en serio la reutilización de los materias, en tal sentido dijo, se presentará la iniciativa de Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Sinaloa.

Misma que tendrá como objetivo, promover e implementar los instrumentos de planeación, inspección y control, que favorezcan la prevención y eficiencia de las actividades de la Gestión Integral de los Residuos; además de promover el establecimiento de medidas que prevengan el deterioro de los ecosistemas en el manejo y disposición final de residuos, así como reducir el riesgo de que puedan causar un daño a la salud humana o al ambiente; reconociendo la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados.

Añadió que se debe de construir en las presentes generaciones y en las futuras acciones de educación ambienta y de cultura de reciclaje, desde nuestra casa, oficina, espacios públicos “que descubramos que nuestros recursos naturales son agotables y son fuentes de vida, por lo que debemos preservarlos”.

 

La Diputada Gloria Santos solicita deje el Congreso de aprobar las pensiones

 

La Diputada Gloria Margarita Santos Aguilar, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, presentó un posicionamiento para que el Congreso del Estado ya no tramite las solicitudes de pensiones, sino a través del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

Expresó, la legisladora, que el pueblo sinaloense merece un mejor Congreso, y eso se puede ir logrando, dijo, con decisiones como la de dejar atrás la obsoleta práctica de la llamada “pensionitis”, que implica una clara violación a la ley fundamental de Sinaloa, toda vez que desde el mes de octubre de 2009 se publicó el reglamento interior del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por lo tanto el Congreso ya no es la instancia legal para el otorgamiento de las pensiones, con las salvedades que contempla la propia constitución.

 

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