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El tribunal examinará si el presidente puede bloquear las solicitudes de asilo en la frontera sur y hasta dónde pueden intervenir los tribunales federales para proteger a las personas afectadas por la medida.
Washington, D. C. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el viernes 13 de noviembre revisar el recurso del Gobierno de Donald Trump contra los fallos que declararon ilegal su política de bloquear las solicitudes de asilo en la frontera con México. La restricción al asilo sigue en vigor mientras se resuelve el litigio.
El máximo tribunal limitó su revisión a dos cuestiones. La primera es si la proclamación presidencial y las instrucciones para aplicarla se ajustan a la legislación federal. La segunda es si un tribunal de primera instancia podía dictar una medida que protegiera colectivamente a las personas afectadas por esa política.
Trump firmó la proclamación el 20 de enero de 2025, el día en que regresó a la Casa Blanca. Su administración sostiene que la ley migratoria faculta al presidente para suspender la entrada de determinados grupos y que el Gobierno puede rechazar de manera general las solicitudes de asilo de las personas sujetas a la orden.
Las organizaciones que impugnaron la medida, entre ellas el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), argumentan que la ley federal permite, por regla general, que las personas que llegan a Estados Unidos o ya se encuentran en su territorio soliciten asilo, con independencia de su situación migratoria o de si ingresaron por un puerto autorizado. Sostienen que cada solicitud debe evaluarse individualmente.
En julio de 2025, un tribunal federal de Washington falló a favor de las organizaciones demandantes. En abril de 2026, una corte de apelaciones confirmó que la proclamación excedía las facultades del Ejecutivo al sustituir procedimientos de expulsión establecidos por el Congreso. Durante el litigio, la restricción al asilo se ha mantenido, aunque las autoridades deben considerar las solicitudes de otras protecciones, como la suspensión de la expulsión y el amparo previsto en la Convención contra la Tortura.
Se prevé que la Corte Suprema escuche los argumentos de las partes en la primavera de 2027 y emita su fallo hacia finales de junio.
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