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Entre Veredas
Marco Antonio
Lizarraga
“Los golpes de
la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles”, Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés.
ENFOQUES
La política
tiene una particularidad que pocas veces se reconoce: mientras unos discuten
con quién caminar, otros se concentran en organizar el camino. Y en Sinaloa,
donde las conversaciones sobre el proceso electoral de 2027 comienzan a exhibir
diferencias entre las fuerzas opositoras, Imelda Castro Castro ha colocado
sobre la mesa una reflexión que merece analizarse más allá de las simpatías
partidistas.
No basta con
reunir partidos alrededor de una misma candidatura; también es necesario
explicar qué proyecto se pretende construir y cuáles serían sus compromisos con
la ciudadanía.
La declaración
de la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación llega en un
momento particularmente interesante.
El intercambio
entre la senadora priista Paloma Sánchez Ramos y el dirigente estatal de
Movimiento Ciudadano, Sergio “Pío” Esquer Peiro, ha dejado al descubierto dos
posiciones sobre la participación opositora.
Mientras la
legisladora considera conveniente sumar fuerzas para construir una coalición,
el dirigente naranja ha manifestado que su partido prefiere desarrollar una
ruta independiente, tomando como referencia las diferencias públicas que han
surgido entre algunos aspirantes del PRI.
En medio de esa
discusión, Imelda Castro decidió intervenir con un mensaje que, sin
involucrarse directamente en los señalamientos personales, cuestiona el
contenido de las eventuales alianzas.
Su planteamiento
es que sumar organizaciones políticas no necesariamente significa sumar
propuestas.
Y esa distinción
resulta pertinente, porque los acuerdos electorales pueden resolver la
distribución de candidaturas, pero no sustituyen la necesidad de construir
coincidencias sobre seguridad, economía, desarrollo regional y bienestar
social.
Hay un elemento
que merece atención. Imelda no está esperando las definiciones de la oposición
para desarrollar su propia agenda territorial.
Durante las
últimas semanas ha sostenido encuentros con estructuras municipales,
dirigentes, militantes y aspirantes de Morena en distintas regiones de Sinaloa.
Su presencia en
Mazatlán y Escuinapa, así como las reuniones realizadas en otras zonas del
estado, forman parte de un proceso de organización que busca mantener
comunicación directa con las bases del movimiento.
Pero conviene
observar una diferencia. Recorrer municipios, convocar asambleas y reunir
aspirantes son actividades de organización política; convertirlas en una
estructura capaz de procesar desacuerdos y sostener decisiones colectivas es
una tarea distinta.
Morena también
enfrenta el desafío de administrar las aspiraciones de quienes buscan encabezar
proyectos municipales, distritales y estatales. Por eso, cuando Imelda asegura
que existe espacio para todos, su planteamiento adquiere una dimensión que
deberá ponerse a prueba conforme avancen las definiciones internas.
Y aquí aparece
lo interesante de su mensaje. La coordinadora no solamente está hablando de la
oposición.
De manera
indirecta, también establece un criterio para evaluar a su propio movimiento:
la organización debe acompañarse de contenidos, propuestas y principios.
Si una alianza
de partidos no garantiza por sí misma un proyecto de gobierno, tampoco una
estructura territorial amplia asegura automáticamente que todas las voces
encuentren representación o que las diferencias puedan resolverse sin
tensiones.
La política
sinaloense conoce bien las dificultades que surgen cuando las aspiraciones
individuales comienzan a ocupar más espacio que los proyectos colectivos.
Ocurre en partidos grandes y pequeños, en organizaciones que gobiernan y en
aquellas que buscan convertirse en alternativa.
La verdadera
capacidad de conducción se observa cuando las reglas son claras, las decisiones
se explican y quienes no resultan favorecidos encuentran mecanismos legítimos
para continuar participando.
Tampoco debe
perderse de vista el contexto que enfrenta Sinaloa.
La inseguridad,
las afectaciones económicas, las dificultades de los productores agrícolas, la
actividad pesquera y las necesidades de los municipios forman parte de una
realidad que no admite respuestas construidas exclusivamente desde la
competencia electoral.
Son problemas
que requieren diagnósticos, recursos y responsabilidades claramente definidas.
Por eso, el
llamado de Imelda Castro a que la oposición se organice puede interpretarse
también como una invitación a elevar el contenido de la discusión pública.
Los partidos
tienen derecho a construir coaliciones, competir por separado y cuestionar las
decisiones de sus adversarios.
Pero todos
comparten la responsabilidad de explicar qué pretenden hacer con el poder y
cómo responderían a las necesidades de la población.
Hay además una
circunstancia que merece observarse. Imelda Castro combina su responsabilidad
de coordinación con una trayectoria política vinculada a la izquierda
sinaloense.
Esa experiencia
le permite participar en las conversaciones internas de Morena desde el
conocimiento de sus distintas etapas organizativas. Sin embargo, la conducción
de un movimiento plural exige algo más que trayectoria: requiere mantener
abiertos los espacios de participación y evitar que las diferencias entre
aspirantes terminen desplazando los objetivos comunes.
La afirmación de
que Morena no teme a una eventual alianza opositora forma parte del
posicionamiento político de su coordinadora.
Su verdadero
alcance no puede determinarse a partir de una declaración, sino mediante la
evolución de la organización partidista, las decisiones que se adopten y las
propuestas que finalmente se presenten.
En una
democracia, ninguna fuerza política debería considerar irrelevante la
participación de sus adversarios, porque la competencia también permite
contrastar proyectos y exigir resultados.
Y quizá esa sea
la lectura de fondo.
Mientras la oposición discute las condiciones
para caminar junta o separada, Morena desarrolla sus propios procesos internos.
Ambos escenarios tienen desafíos diferentes, pero comparten una misma
exigencia: transformar las conversaciones partidistas en proyectos
comprensibles para los ciudadanos.
Porque
organizarse es importante, pero saber para qué se organiza un partido resulta
todavía más trascendente.
Las estructuras
pueden convocar reuniones, los dirigentes pueden alcanzar acuerdos y los
aspirantes pueden recorrer municipios; sin embargo, ninguna de esas actividades
sustituye la obligación de presentar propuestas y someterlas al escrutinio
público.
Imelda Castro ha
colocado una pregunta pertinente en la discusión política sinaloense: ¿qué
contenido existe detrás de las alianzas y las organizaciones partidistas?
La respuesta no
corresponde exclusivamente a quienes hoy exploran una coalición opositora.
También deberán ofrecerla Morena y las demás fuerzas políticas cuando llegue el
momento de explicar sus proyectos.
Al final, las
elecciones de 2027 no deberían reducirse a una competencia por reunir más
partidos, más dirigentes o más aspirantes.
Lo que estará en discusión será la capacidad
de cada organización para presentar respuestas a los problemas de Sinaloa.
Y ahí está la
reflexión que deja el mensaje de Imelda Castro: una alianza puede sumar nombres
y una estructura puede reunir militantes, pero ninguna de las dos cosas
reemplaza un proyecto de gobierno.
Porque en
política, tan importante como saber con quién se camina es tener claridad sobre
el destino al que se pretende llegar.
RESPUESTA
En medio de una
crisis de seguridad que continúa afectando la vida cotidiana y la actividad
económica de Sinaloa, la diputada priista Paola Gárate ha colocado en la
discusión pública un planteamiento que merece atención: los operativos y el
incremento de elementos federales deben acompañarse de una estrategia con
objetivos claros, responsabilidades definidas y resultados que puedan ser
evaluados por los ciudadanos.
Su intervención
en el Congreso del Estado llega después de los anuncios de reforzamiento de la
seguridad en Mazatlán, donde las autoridades federales, estatales y municipales
buscan contener una situación que ha golpeado particularmente al puerto.
La legisladora
reconoce, desde su posición crítica, un aspecto fundamental: la presencia
policial es necesaria, pero por sí sola no garantiza la recuperación de la
tranquilidad.
Hay un elemento
importante en su propuesta.
La creación de
un sistema estatal de inteligencia policial, el fortalecimiento de las
investigaciones y la revisión de los centros penitenciarios son asuntos que
requieren atención institucional.
Especialmente
después de los acontecimientos registrados en el penal de El Castillo, donde
las autoridades tienen la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido y explicar
las condiciones de seguridad al interior del centro.
Pero también
conviene establecer una diferencia. La oposición tiene la obligación de señalar
deficiencias y proponer alternativas, mientras que las autoridades deben
responder con información, coordinación y resultados. No son responsabilidades
incompatibles.
Por el
contrario, una discusión pública sustentada en datos verificables puede
contribuir a mejorar las políticas de seguridad.
La postura de
Paola Gárate adquiere relevancia porque plantea pasar de los anuncios generales
a compromisos que puedan medirse. Sin embargo, sus propuestas también deberán
acompañarse de mecanismos de implementación, atribuciones legales y recursos
presupuestales que permitan valorar su viabilidad.
Porque Sinaloa
necesita instituciones capaces de enfrentar la violencia, pero también un
Congreso que ejerza su función de vigilancia y una oposición que contribuya con
propuestas concretas.
Y ahí está el
punto de fondo: la seguridad no debería medirse solamente por el número de
elementos desplegados ni por la intensidad de los discursos políticos, sino por
la capacidad de las autoridades para recuperar espacios, reducir los delitos y
devolver la confianza a las familias sinaloenses.
NOMBRAMIENTO
La transparencia
gubernamental tiene un desafío que va mucho más allá de publicar cifras o
cumplir con obligaciones administrativas: lograr que los ciudadanos conozcan
cómo se utiliza el dinero público y qué resultados producen las decisiones de
sus autoridades. Bajo esa premisa, el nombramiento de José Alfredo Beltrán
Estrada como subsecretario de Transparencia y Contraloría Social de Sinaloa
abre una nueva etapa en una responsabilidad que exige conocimiento técnico,
independencia de criterio y capacidad de vigilancia.
Hay un aspecto
interesante en su llegada. Beltrán Estrada proviene del ejercicio periodístico,
una actividad que desarrolló durante 22 años y desde la cual tuvo contacto con
los mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.
A esa
experiencia suma una formación académica especializada en administración
pública, transparencia y combate a la corrupción, además de su participación en
proyectos de reforma legislativa relacionados con el derecho a saber.
El encargo de la
gobernadora Graciela Domínguez Nava coloca sobre sus hombros una
responsabilidad particularmente sensible: supervisar que los recursos
destinados al desarrollo social se ejerzan conforme a la ley, investigar
posibles irregularidades y fortalecer la participación ciudadana en la
vigilancia de las obras públicas.
No se trata
únicamente de revisar expedientes, sino de contribuir a que los programas
cumplan sus objetivos y sus beneficios lleguen a quienes están dirigidos.
Y aquí aparece
un elemento que merece atención. La experiencia de Beltrán Estrada en el
periodismo y en el estudio de la transparencia puede aportar una perspectiva
distinta al ejercicio administrativo. Sin embargo, el verdadero desafío estará
en trasladar ese conocimiento a procedimientos efectivos, investigaciones
imparciales e informes que permitan conocer tanto los avances como las
deficiencias de la gestión pública.
La contraloría
social adquiere especial importancia cuando los ciudadanos dejan de ser
espectadores y participan en la revisión de las obras y los programas que se
financian con sus impuestos. Para ello, los comités ciudadanos necesitan
información accesible, mecanismos de denuncia confiables y respuestas oportunas
de las autoridades.
Porque la
transparencia no consiste solamente en abrir archivos, sino en permitir que la
sociedad comprenda, supervise y cuestione el ejercicio del poder.
Y ahí está el
punto central del nuevo encargo de José Alfredo Beltrán Estrada: su trayectoria
ofrece antecedentes relacionados directamente con las funciones que ahora
desempeñará.
La siguiente
etapa será demostrar, mediante resultados públicos y verificables, cómo esa
experiencia puede contribuir a fortalecer la rendición de cuentas en Sinaloa.
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