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La diputada del PRI pidió metas medibles y resultados públicos para el puerto. También propuso crear un sistema estatal de inteligencia policial y revisar los mandos y controles de los centros penitenciarios.
Culiacán, Sinaloa. La diputada priista Paola Gárate pidió este jueves 12 de noviembre a la gobernadora Graciela Domínguez Nava cambiar la política de seguridad de Sinaloa y presentar una estrategia específica para Mazatlán. Desde la tribuna del Congreso estatal, señaló que los hechos violentos registrados en las últimas semanas en el puerto requieren medidas con responsables identificados, metas medibles y mecanismos para informar a la ciudadanía sobre sus resultados.
Gárate cuestionó que la respuesta gubernamental se concentre en anunciar refuerzos federales, como la incorporación de cuatro mil elementos adicionales de la Guardia Nacional. Sostuvo que el despliegue debe acompañarse de acciones para recuperar el control del territorio, investigar a las estructuras criminales y prevenir delitos.
“La seguridad no se resuelve contando uniformes. Se resuelve con inteligencia, coordinación, investigación, policías capaces y autoridades que asuman decisiones”, dijo la legisladora.
Entre sus propuestas planteó crear un sistema estatal de inteligencia policial con capacidad propia de investigación, análisis y prevención, en coordinación con las fuerzas federales. Para Mazatlán, pidió un plan que permita evaluar públicamente los avances y saber qué autoridades son responsables de cada acción.
La diputada también exigió intervenir los centros penitenciarios de Sinaloa, revisar sus mandos y controles de ingreso, retirar armas y combatir posibles actos de corrupción. Al referirse a los hechos violentos en el penal de El Castillo, cuestionó cómo ingresaron armas a un centro bajo custodia estatal y pidió que se esclarezca lo ocurrido.
En su intervención, Gárate afirmó que en octubre fueron asesinadas 112 personas en Mazatlán. Por separado, otros medios reportaron 91 homicidios dolosos en el municipio al cierre del mes, con base en datos de la Fiscalía estatal. La legisladora advirtió que la violencia también afecta la actividad comercial, el turismo y la confianza de las familias en la región sur.
Gárate pidió a Domínguez Nava revisar las decisiones de seguridad de la administración de Rubén Rocha Moya y ejercer las atribuciones del Gobierno estatal en la coordinación con la Federación. También llamó al Congreso a exigir cuentas a las autoridades responsables de la seguridad pública.
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