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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La historia nos enseña dos cosas: que jamás los poderosos coincidieron con los mejores, y que j...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“La historia nos
enseña dos cosas: que jamás los poderosos coincidieron con los mejores, y que
jamás la política fue tejida por los políticos”, Camilo José Cela (1916-2002)
Escritor español.
INTERACCIONES
Mario Zamora
Gastélum llevó a la Cámara de Diputados una discusión que en Sinaloa ya no
puede limitarse al número de detenidos, armas aseguradas o elementos federales
desplegados. El legislador priista entregó al secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un diagnóstico sobre la violencia y
tres propuestas que buscan modificar la manera en que se atiende y evalúa la
crisis que enfrenta el estado.
El encuentro
ocurrió durante la comparecencia privada del funcionario federal ante la Junta
de Coordinación Política, como parte de la revisión del Segundo Informe de
Gobierno de Claudia Sheinbaum. La entrega del documento y el anuncio de una
próxima reunión fueron difundidos por el propio diputado. Lo que todavía no
existe es una aceptación pública de las propuestas por parte de la Secretaría.
La diferencia es
importante.
Zamora no
planteó retirar a las fuerzas federales ni desconoció los operativos
realizados. Su propuesta apunta a una dimensión distinta: que la presencia institucional
pueda traducirse en condiciones verificables de seguridad, recuperación
económica y tranquilidad para las familias.
Y ahí está el
primer elemento de análisis.
La seguridad de
Sinaloa ya no puede evaluarse exclusivamente desde los resultados policiales.
También debe observarse desde sus consecuencias económicas y sociales.
El documento
presentado por Zamora refiere 3 mil 956 homicidios dolosos, 12 mil 642
vehículos robados y 4 mil 522 denuncias por privación de la libertad entre
septiembre de 2024 y octubre de 2026. Son cifras que el legislador incorpora a
su diagnóstico y que requieren contrastarse con las series oficiales, pero
permiten identificar la magnitud del problema que busca colocar en la agenda
federal.
A ello suma la
pérdida de empleos formales y registros patronales, además de una contracción
económica durante el primer trimestre de 2026. Aquí conviene precisar algo: no
toda pérdida de empleo puede atribuirse automáticamente a la inseguridad,
porque también intervienen factores productivos, estacionales y económicos. Sin
embargo, la violencia puede agravar esas condiciones cuando modifica horarios
comerciales, interrumpe actividades o provoca desplazamientos.
La información
económica disponible confirma que Sinaloa enfrentaba dificultades en su mercado
laboral durante el primer trimestre del año, con una disminución de la
población ocupada respecto al trimestre anterior. Esto aporta contexto a la
preocupación expresada por el diputado, aunque no demuestra por sí solo una
relación causal con cada hecho de violencia.
Pero el
planteamiento político de Zamora va más allá de las estadísticas.
Su primera
propuesta consiste en que el Gabinete de Seguridad Federal sesione
periódicamente en Culiacán, Mazatlán y otras regiones afectadas. No sería
solamente trasladar una reunión de la Ciudad de México a Sinaloa, sino acercar
las decisiones a los territorios donde las condiciones cambian de un municipio
a otro.
Porque la
problemática de Culiacán no necesariamente tiene las mismas características que
la de Mazatlán, y ambas presentan diferencias respecto de las comunidades
serranas donde existen denuncias de desplazamiento y dificultades para acceder
a servicios y protección institucional.
La segunda
propuesta también merece atención: incorporar a las mesas de trabajo a madres
buscadoras, familias desplazadas, empresarios, comerciantes, productores,
pescadores, universidades y organizaciones civiles.
Ese
planteamiento reconoce que la seguridad no es únicamente un asunto de corporaciones.
Las víctimas y los sectores afectados tienen información sobre las
consecuencias de la violencia que difícilmente puede obtenerse mediante
estadísticas operativas.
Sin embargo,
abrir espacios de participación implica también establecer mecanismos para
proteger a quienes denuncian, evitar que las reuniones se conviertan en actos
protocolarios y garantizar seguimiento a los compromisos.
La tercera
propuesta es probablemente la que introduce el mayor desafío administrativo:
establecer metas públicas y verificables por municipio.
Aquí aparece una
discusión que debería interesar tanto al Gobierno federal como al estatal y a
los ayuntamientos.
¿Cuánto ha
disminuido el robo de vehículos? ¿Cuántas familias desplazadas han podido
regresar en condiciones seguras? ¿Qué ocurre con los negocios que redujeron sus
horarios? ¿Se recuperan los empleos? ¿Cuánto tiempo tarda la autoridad en
responder a una emergencia?
No todos esos
indicadores dependen exclusivamente de la Secretaría de Seguridad, pero juntos
permitirían conocer mejor si las acciones institucionales están modificando la
vida cotidiana.
También existe
una lectura política que no debe perderse.
Mario Zamora
pertenece al PRI y Omar García Harfuch forma parte del gobierno de Morena. En
un escenario de confrontación partidista, el legislador eligió presentar
propuestas concretas y ofrecer colaboración institucional. Eso no elimina las
diferencias entre ambas fuerzas, pero coloca la discusión en un terreno donde
los planteamientos pueden ser examinados por su contenido.
Para Zamora, el
encuentro representa una oportunidad de dar seguimiento legislativo a un asunto
central para Sinaloa. Para García Harfuch, significa recibir propuestas
provenientes de una representación opositora que reconoce parte del esfuerzo
federal, pero solicita mecanismos adicionales de evaluación y participación.
Ninguna de esas
lecturas sustituye lo esencial: los resultados.
El propio
diputado informó que habrá una segunda reunión. Será entonces cuando pueda
conocerse si existe disposición para revisar formalmente las propuestas, qué
dependencias participarían y cuáles podrían traducirse en compromisos
concretos.
Porque entregar
un diagnóstico abre una conversación, pero no modifica por sí mismo las
condiciones de seguridad.
Y hay otro punto
de fondo.
Sinaloa necesita
coordinación entre instituciones, pero también claridad sobre las
responsabilidades de cada una. La Federación tiene atribuciones específicas; el
Gobierno del Estado y los municipios también. Una estrategia integral requiere
distinguir esas obligaciones para evitar que las fallas se diluyan entre
dependencias.
La propuesta de
Zamora puede contribuir a esa discusión si logra pasar del documento a un
mecanismo de seguimiento.
El movimiento
político del diputado no está solamente en haber conseguido interlocución con
Harfuch. Está en haber colocado sobre la mesa una pregunta que involucra a
todos los niveles de gobierno: cómo demostrar que la estrategia de seguridad
está recuperando, además del control territorial, la vida cotidiana y la
actividad económica de Sinaloa.
Ahora falta
conocer la respuesta institucional.
Porque la
siguiente reunión podrá tener importancia política, pero lo verdaderamente
relevante será determinar si produce compromisos, responsables y fechas.
Mario Zamora ya
entregó sus propuestas. Omar García Harfuch las recibió. El siguiente capítulo
no debería medirse por otra fotografía del encuentro, sino por lo que ambos
puedan informar a los sinaloenses después de sentarse nuevamente a la mesa.
Y ahí estará la
diferencia entre una gestión política y un resultado público.
DEDO EN EL RENGLÓN
El PRI de
Sinaloa comienza a definir su postura rumbo a 2027. Su dirigente estatal, César
Emiliano Gerardo Lugo, abrió nuevamente la puerta a una alianza entre las
fuerzas opositoras a Morena, con la intención de incorporar también a
ciudadanos, organizaciones y sectores productivos.
El planteamiento
tiene una lectura política importante. El priismo reconoce la necesidad de
dialogar con otras fuerzas para construir una alternativa conjunta, pero
todavía no existen acuerdos formales ni una definición sobre quiénes estarían
dispuestos a participar.
Y ahí comienza
el verdadero desafío.
Porque una cosa
es coincidir en las críticas al gobierno y otra muy distinta construir una
agenda compartida, definir candidaturas y conciliar los intereses de partidos
que también buscan preservar su propia identidad.
El PRI habla de
una alianza con la sociedad, un concepto que puede ampliar la discusión más
allá de las dirigencias. Sin embargo, para que esa propuesta tenga contenido
será necesario conocer qué mecanismos de participación ciudadana plantea y
cuáles serían sus compromisos en seguridad, economía y desarrollo.
También habrá
que observar la posición del PAN, Movimiento Ciudadano y el PAS, fuerzas con
trayectorias y estrategias distintas, cuya eventual participación no puede
darse por descontada.
Gerardo Lugo ya
puso sobre la mesa la disposición del PRI para construir acuerdos. Ahora falta
conocer quiénes están dispuestos a sentarse y bajo qué condiciones.
Porque rumbo a
2027, la oposición no solamente tendrá que discutir si camina unida, sino qué
proyecto pretende construir y cómo resolverá sus diferencias.
Y esa
conversación apenas comienza.
CERTEZA
La
regularización de terrenos representa uno de los pendientes sociales más
importantes para numerosas familias de San Ignacio. Por ello, la gestión del
alcalde Luis Fernando Loaiza Bañuelos ante el Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS) tiene una dimensión que va más allá de los trámites
administrativos.
El encuentro con
el director general del organismo, Víctor Rubén Guzmán Dagnino, permitió
colocar sobre la mesa la situación de Barras de Piaxtla, Coyotitán, El Carmen y
tres sectores de la cabecera municipal.
Hay una lectura
importante. La certeza jurídica sobre la tierra no solamente protege el
patrimonio familiar; también facilita el acceso a servicios, programas de
vivienda y futuras inversiones, dependiendo de las condiciones legales de cada
predio.
Loaiza está
llevando una problemática municipal directamente a las instancias federales,
una ruta institucional que puede contribuir a destrabar expedientes que durante
años han representado incertidumbre para sus habitantes.
Sin embargo, todavía
falta conocer cuántas familias podrían beneficiarse, cuáles son los obstáculos
jurídicos y qué plazos contempla el INSUS.
La gestión abre
una posibilidad. El verdadero avance llegará cuando las familias puedan recibir
los documentos que acrediten legalmente su patrimonio.
CUENTA
La presidenta
municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, cumplió con la entrega
formal de su Segundo Informe de Gobierno ante el Cabildo, pero será este
viernes cuando presente públicamente los resultados de su administración ante
los mazatlecos.
El acto tiene
una doble dimensión. Por un lado, representa el ejercicio institucional de
rendición de cuentas; por otro, abre un espacio para explicar las obras,
programas y decisiones que han marcado su gestión.
Hay un elemento
importante. Mazatlán enfrenta desafíos en seguridad, servicios públicos,
infraestructura y desarrollo económico. Por ello, más allá del cumplimiento
protocolario, el informe permitirá conocer qué avances presenta el Ayuntamiento
y cuáles son los compromisos pendientes.
Para Estrella
Palacios, la presentación representa también una oportunidad de exponer las
prioridades de su gobierno y establecer una referencia sobre la cual los
ciudadanos puedan evaluar los resultados.
El viernes no
solamente se tratará de informar lo realizado, sino de explicar hacia dónde se
dirige Mazatlán y qué falta por resolver.
Porque rendir
cuentas es presentar resultados, pero también reconocer los desafíos que
permanecen.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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