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La suspensión de plano obliga a autoridades federales a implementar medidas inmediatas para resguardar a la diputada priista y a su familia tras las amenazas denunciadas.
Culiacán, Sinaloa.- Un juez federal concedió una suspensión de plano dentro del juicio de amparo promovido por la diputada local del PRI, Paola Gárate, mediante la cual ordenó a diversas autoridades federales implementar de manera inmediata medidas de protección para la legisladora y su familia, luego de las amenazas e intimidaciones que denunció haber recibido en Sinaloa.
La resolución judicial obliga a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a brindar las condiciones necesarias para garantizar su integridad física.
Entre las medidas ordenadas se contempla protección personal, auxilio inmediato en caso de una situación de riesgo, vigilancia mediante rondines en su domicilio y cualquier otra acción que permita salvaguardar la seguridad de la legisladora y de sus familiares.
La demanda de amparo fue presentada por Gárate y su equipo jurídico al considerar que las autoridades responsables habían sido omisas en atender su solicitud de protección, pese a las amenazas de las que afirmó haber sido objeto.
"Estamos haciendo lo conducente dentro del marco legal. La razón nos asiste, por eso vamos a seguir defendiéndola. Un juez federal decidió otorgarme la suspensión de plano y de oficio para que se dictaran medidas para garantizar mi seguridad e integridad y la de mi familia", declaró.
La diputada agregó que todas las dependencias involucradas fueron notificadas formalmente de la resolución y, por lo tanto, están obligadas a dar cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación.
Aunque la suspensión no representa una resolución definitiva sobre el juicio de amparo, sí implica que el juez consideró necesario ordenar medidas cautelares para evitar un posible daño irreparable mientras continúa el proceso legal.
La determinación se conoce en un contexto en el que diversos actores políticos y sociales han manifestado preocupación por las condiciones de seguridad que prevalecen en Sinaloa, particularmente tras el incremento de hechos violentos registrados durante los últimos meses.
