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Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“En política, los acontecimientos nunca son el resultado del azar, sino de la combinación de intereses”, Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Historiador, político y teórico italiano.
SALIDA
La decisión del
gobernador Rubén Rocha Moya de separarse temporalmente del cargo marca un punto
de inflexión en la política de Sinaloa. La licencia no se da en un vacío, sino
en medio de acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan,
junto a otros funcionarios, con presuntos nexos con el crimen organizado. En
ese contexto, el propio mandatario ha argumentado que su salida busca no
entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República, mientras
sostiene su inocencia.
El movimiento
fue replicado, aunque en menor escala, por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios
Gámez Mendívil, quien también solicitó licencia temporal en medio del mismo
expediente internacional.
En el plano
institucional, la salida del alcalde activó el mecanismo previsto en la ley: la
Síndica Procuradora asumió de manera provisional la conducción del
Ayuntamiento, garantizando la continuidad administrativa y evitando un vacío de
poder a nivel municipal.
A nivel estatal,
el relevo adquiere mayor dimensión política. La figura que emerge como posible
gobernadora interina es Yeraldine Bonilla Valverde, actual secretaria general
de Gobierno y una de las piezas clave del gabinete. Su eventual designación no
solo respondería a una lógica de continuidad política, sino que abriría un
hecho histórico: convertirse en la primera mujer en asumir la titularidad del
Poder Ejecutivo estatal, aunque sea de forma interina.
La licencia
simultánea de dos figuras centrales —el gobernador y el alcalde de la capital—
no es un hecho menor. Tiene implicaciones inmediatas en tres niveles:
gobernabilidad, percepción pública y proyección electoral.
Por un lado, el
sistema político muestra capacidad de respuesta institucional. Las licencias
permiten que las investigaciones sigan su curso sin interferencia directa del
poder ejecutivo, lo que puede interpretarse como un mensaje de respeto al
Estado de derecho. Además, evita un choque frontal entre poderes o una crisis
constitucional.
Sin embargo,
también abre una etapa de incertidumbre. La ausencia temporal de liderazgos
electos debilita, al menos en lo simbólico, la conducción política del estado.
En un entorno donde la seguridad y la estabilidad son temas sensibles,
cualquier señal de fragilidad institucional puede ser aprovechada por actores
políticos o incluso criminales.
Entre los
aspectos positivos del movimiento destacan:
La decisión de
solicitar licencia permite a los involucrados defenderse sin ejercer el poder,
lo que reduce la presión política sobre las instituciones. Esto fortalece el
argumento de legalidad frente a acusaciones externas que, hasta ahora, han sido
cuestionadas por falta de pruebas contundentes por autoridades mexicanas.
También se
preserva la gobernabilidad. Los mecanismos de sustitución —tanto en el estado
como en el municipio— funcionan sin ruptura, lo que envía una señal de
estabilidad institucional.
En el plano
político interno, la eventual designación de Yeraldine Bonilla consolidaría el
control del grupo gobernante sobre la administración, evitando fracturas dentro
del partido en el poder.
Pero el costo
político es inevitable. La licencia, aunque jurídicamente válida, no elimina el
impacto de las acusaciones. Por el contrario, las coloca en el centro del
debate público.
El caso genera
un desgaste en la imagen del gobierno estatal y de los actores involucrados.
Aunque las acusaciones no hayan sido probadas en México, el simple señalamiento
internacional introduce una narrativa de sospecha que puede permear en la
opinión pública.
Además, se
altera el equilibrio político rumbo a 2027. Figuras que estaban en la antesala
de una contienda electoral —como el propio Gámez Mendívil— ven afectadas sus
aspiraciones. La incertidumbre abre espacio para nuevos actores y reconfigura
las alianzas internas.
La posible
llegada de Yeraldine Bonilla Valverde al Ejecutivo estatal tiene una doble
lectura.
En lo
institucional, representa continuidad. Es una figura cercana al gobernador y ha
sido parte del círculo de confianza que ha sostenido la administración.
En lo político,
su eventual nombramiento enviaría un mensaje de cohesión dentro del bloque
gobernante. No se trata de un relevo externo, sino de una sucesión controlada.
Pero también
implica retos. Asumir el gobierno en un contexto de crisis mediática y presión
internacional exige no solo capacidad operativa, sino legitimidad política. Su
margen de maniobra dependerá de la duración de la licencia y del desarrollo de
las investigaciones.
El componente
simbólico tampoco es menor: de concretarse, sería la primera mujer en encabezar
el gobierno de Sinaloa, lo que introduce una dimensión histórica en medio de un
contexto adverso.
Lo ocurrido no
es un simple trámite administrativo. Es un episodio que redefine el momento
político de Sinaloa.
Las licencias
funcionan como una válvula de escape institucional, pero al mismo tiempo
activan un proceso de reacomodo en el poder. La gobernabilidad se mantiene,
pero el equilibrio político cambia.
El desenlace
dependerá de dos variables clave: la solidez de las investigaciones y la
capacidad del grupo gobernante para sostener la estabilidad sin erosionar su
legitimidad.
Por ahora, el
mensaje es claro: el poder no se detiene, pero sí se reconfigura.
En este
reacomodo político, hay un tercer actor que completa el cuadro y cuya decisión
introduce un matiz distinto: el senador Enrique Inzunza Cázarez.
A diferencia del
gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza
no ha solicitado licencia a su cargo en el Senado, al menos en la misma
temporalidad en la que se dieron las separaciones en el ámbito estatal y
municipal. Esta diferencia no es menor, porque rompe la lógica de respuesta
homogénea ante un mismo contexto de señalamientos.
En términos
políticos, su permanencia puede interpretarse de dos formas. Por un lado, como
una estrategia de contención: mantenerse en funciones implica sostener una
posición de poder desde el ámbito federal, lo que le permite influir en la
narrativa política y en la defensa institucional desde la tribuna. Por otro,
también puede ser leído como un cálculo de tiempos, en espera de que el
escenario jurídico y mediático evolucione antes de tomar una decisión
definitiva.
El trascendido
de que podría solicitar licencia en las próximas horas abre otra vertiente en
el análisis. De concretarse, su eventual sustitución recaería en Omar López
Campos, actual titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable,
lo que ampliaría el reacomodo del grupo gobernante hacia el plano federal.
Este posible
movimiento tendría implicaciones directas. En lo inmediato, consolidaría una
narrativa de coherencia política entre los actores señalados, alineando las
decisiones de los tres niveles: estatal, municipal y federal. Pero también
implicaría un ajuste interno en la estructura del gobierno estatal, al mover a
una pieza del gabinete hacia una posición legislativa.
Con este
elemento, el tablero político sinaloense muestra una reconfiguración más amplia
de lo que inicialmente parecía. No se trata solo de licencias individuales,
sino de una cadena de decisiones que impactan distintos niveles de gobierno.
Si los tres
actores terminan separados de sus cargos, el mensaje será de uniformidad en la
estrategia de defensa. Si no ocurre así, las diferencias en las decisiones
también hablarán de matices políticos dentro del mismo grupo.
En cualquiera de
los escenarios, Sinaloa entra en una etapa donde las decisiones individuales ya
no se leen de forma aislada, sino como parte de un mismo proceso de ajuste
político frente a un contexto extraordinario.
