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La diputada Paola Gárate cuestionó que la separación del cargo no resuelve la crisis y advirtió sobre riesgos de simulación e impunidad Culi...
La diputada Paola Gárate cuestionó que la separación del cargo no resuelve la crisis y advirtió sobre riesgos de simulación e impunidad
Culiacán, Sinaloa.– Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, donde se aprobó la licencia al cargo del gobernador Rubén Rocha Moya y se designó como interina a Yeraldine Bonilla Valverde, la diputada priista Paola Gárate Valenzuela fijó una postura crítica al señalar que el estado enfrenta una crisis profunda que no se resuelve con un relevo administrativo.
Desde tribuna, la legisladora afirmó que Sinaloa requiere salir de un contexto marcado por la violencia, recuperar la confianza ciudadana y garantizar la estabilidad institucional, al advertir que la licencia otorgada no representa una solución de fondo.
“La licencia no limpia nada, no absuelve a nadie ni borra los años de violencia, sospechas ni omisiones, menos aún el dolor acumulado por las familias sinaloenses”, expresó.
Gárate Valenzuela sostuvo que el estado exige una investigación seria, transparencia y determinación de responsabilidades, al tiempo que llamó a que no se utilicen las instituciones para proteger a ningún actor político.
Asimismo, advirtió sobre la necesidad de que el gobierno interino garantice gobernabilidad y no represente una continuidad automática del mismo grupo político, en un contexto que calificó como una de las crisis más complejas en la historia reciente de la entidad.
Durante su intervención, la diputada señaló que la problemática va más allá de nombres o cargos, al considerar que se requiere replantear el modelo de ejercicio del poder, con el objetivo de atender la violencia y el temor social que enfrenta la población.
Indicó también que la separación del cargo se da en un contexto de presión social e institucional, lo que obliga a las autoridades a actuar con responsabilidad y a dar seguimiento a los procesos legales en curso.
“Sinaloa exige verdad, investigación de fondo y garantías de gobernabilidad. No a la simulación ni a la impunidad disfrazada de trámite parlamentario”, puntualizó.
Finalmente, la legisladora subrayó que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de actuar con criterio institucional y en apego al interés público, a fin de contribuir a la estabilidad y a la recuperación de la confianza ciudadana.
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