Sin redundar

Columna periodística Carlos Avendaño Cuando la fiscalización estorba, se recorta. En Sinaloa, la desaparición de la Unidad Técnica de Evalua...

Columna periodística

Carlos Avendaño

Cuando la fiscalización estorba, se recorta. En Sinaloa, la desaparición de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) de la Auditoría Superior del Estado no pasó desapercibida. Lo que sí llama muchísimo la atención es la velocidad y la sincronía política con la que se ejecutó. El Congreso local -con mayoría de MORENA- no tardó en aprobar la destitución de su titular, Silvia Alejandra Pineda Prado, y de eliminar de paso la propia figura. Todo en una sola jugada. Desde la tribuna, la diputada María Teresa Guerra Ochoa justificó la decisión: “duplicidad de funciones” con la Auditoría Superior del Estado. Argumento técnico, decisión política. Porque cuando se trata de órganos de evaluación y de control, la redundancia no siempre es un defecto: a veces es garantía. Más ojos, más revisión, más contrapeso, menos en cambio, suele significar lo contrario. Y es ahí donde surgen las preguntas incómodas: ¿Se trató realmente de simplificar estructuras o de simplificar la vigilancia? ¿De hacer más eficiente el sistema o de hacerlo más cómodo? En el contexto actual, donde la exigencia ciudadana apunta hacia más transparencia, la eliminación de un órgano de evaluación no precisamente abona a la confianza. Al contrario: la tensiona. Aquí no se trata de teorías, sino de percepciones construidas a partir de decisiones concretas. Y cuando las decisiones reducen los mecanismos de control, el mensaje que se envía no es de apertura, sino de cierre. Porque en política hay movimientos que se explican en el papel y otros que se entienden mejor en el contexto. Y este sin duda, pertenece a los segundos. La pregunta sigue en el aire: si la transparencia es prioridad ¿Por qué reducir las herramientas que la garantizan?...

Pleito de élites, versión Sinaloa. Resulta que Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, alias “El Maquillito”, se lanzó en X con una pregunta que suena a reclamo ciudadano: ¿Dónde están las cámaras empresariales y los “ricos del pueblo” del Consejo Sinaloense de Negocios cuando se trata de exigir seguridad para vivir, transitar y trabajar? Hasta ahí, parecía un llamado legítimo o al menos uno bien redactado. Pero la respuesta no vino del gobierno, vino desde la misma burbuja. Un tal Manuel Coppel le soltó sin rodeos: que deje el teclado, que se levante, que se organice y que haga valer el peso de su apellido. Traducido al español político: “menos Twitter, más calle”. Y aquí es donde el asunto se pone sabroso. Porque no estamos viendo un debate de ideas, sino un pase de facturas entre apellidos pesados que, en teoría, deberían estar del mismo lado: el de la influencia, el poder económico y la capacidad de presión real. Uno exige, el otro exhibe. Uno cuestiona la ausencia, el otro cuestiona la congruencia. Y mientras ellos se tiran con pedigrí, el ciudadano común sigue esperando algo mucho más básico: seguridad. Lo verdaderamente revelador no es el intercambio, sino lo que deja al descubierto: que, en Sinaloa, incluso los que podrían incomodar al poder, prefieren incomodarse entre ellos mismos. Porque es más fácil tundir a un igual en redes que enfrentarse de verdad al poder político o a la realidad que desborda al estado. Al final, la escena parece clara: los que pueden presionar no se ponen de acuerdo, los que gobiernan no resuelven, y los que padecen, ni siquiera están en la conversación. Pero eso sí, qué buenos somos para el debate digital…

Dicen que los gobiernos sirven para algo más que administrar: también funcionan como termómetro social. Y en este sentido, el ascenso de MORENA no sólo transformó el mapa político del país, también exhibió algo más incómodo: el nivel de exigencia ciudadana que estamos dispuestos a tolerar. Porque más allá de filias o fobias, lo que hoy tenemos enfrente no es un debate ideológico, sino un balance de resultados. Ahí están los otros datos, tercos como la realidad: una educación que no logra recuperar el terreno perdido, una seguridad que sigue siendo promesa recurrente, y un sistema de salud que, entre discursos optimistas, no termina de convencer a quienes lo padecen. Pero ojo, el problema no es exclusivo de un partido. Sería demasiado cómodo reducirlo a eso. Lo verdaderamente preocupante es la facilidad con la que, como sociedad, nos conformamos con narrativas en lugar de exigir resultados al gobierno. Cambian los colores, cambian los slogans, pero la vara con la que medimos al poder sigue siendo peligrosamente muy baja. Y así, mientras en el discurso aspiramos a estándares de primer mundo, en la práctica seguimos normalizando rezagos de tercer nivel. La distancia no solo es económica o institucional, es sobre todo una distancia en expectativas. Porque al final, los gobiernos deben de hacer hasta donde la sociedad les exija. Y en nuestro querido país México, parece que exigir sigue siendo opcional…

Cuando todo está bien, pero nada cuadra. El todavía gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, salió a defender la contratación realizada por el sistema DIF estatal. Según su versión, no hay irregularidades, todo está en orden. Pero no todos ven lo mismo. La organización “Iniciativa Sinaloa” ha señalado que el proceso resulta, por decir lo menos, insostenible. Y la investigación publicada por Ríodoce añade elementos que complican aún más la narrativa oficial. Ahí están los datos duros: Una empresa -Mercadeo Getrevanoa- constituida apenas en julio de 2025, con dos trabajadores registrados, dada de alta ante el IMSS el mismo día en que se lanzó la convocatoria de la licitación. Y, por si lo anterior fuera poco, según lo documentado, presentó imágenes que no corresponderían a las instalaciones reales, no se acreditó experiencia previa y las supuestas bodegas no fueron localizadas en la dirección proporcionada. Pero todo está bien. Este es el contraste que hoy marca el debate: una versión oficial que pide confianza, frente a una serie de elementos que invitan, como mínimo, a la duda. Porque cuando se trata de más de 356 millones de pesos en recursos públicos -destinados además a programas sociales-, el estándar no debería ser “no pasa nada”, sino “que todo sea absolutamente verificable”. Aquí no se trata de prejuzgar, pero tampoco de normalizar. Porque en México ya aprendimos -a veces a la mala- que cuando las piezas no encajan, lo prudente no es defender, es investigar. Y en este caso, la pregunta sigue en el aire: Si todo está bien, ¿Por qué todo parece tan mal explicado?...

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…