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Opinión Carlos Alberto Corona León Abogado, empresario y editorialista, estudioso de los fenómenos sociales y su impacto en el orden general...
Opinión
Carlos Alberto Corona León
Abogado, empresario y editorialista, estudioso de los fenómenos sociales y su impacto en el orden general.
La política fiscal en México ha sido concebida, durante décadas, como un mecanismo de contención más que como una herramienta de transformación. Su arquitectura responde menos a una visión de país que a una memoria institucional marcada por crisis recurrentes, devaluaciones traumáticas y episodios de indisciplina financiera que dejaron una huella profunda en la forma de concebir el papel del Estado. De ese aprendizaje histórico surgió un modelo obsesionado con la estabilidad macroeconómica, con el equilibrio presupuestario y con la prudencia fiscal, pero desprovisto de una ambición clara de desarrollo económico y cohesión social.
En este marco, el sistema tributario mexicano se consolidó como uno de los menos recaudatorios del mundo en relación con el tamaño de su economía. La carga fiscal se mantiene persistentemente baja, no por eficiencia o sofisticación institucional, sino por una combinación de informalidad estructural, privilegios fiscales, evasión tolerada y una desconfianza generalizada entre el Estado y los contribuyentes. El impuesto sobre la renta, pilar teórico de la progresividad, se encuentra fragmentado por deducciones, tratamientos especiales y esquemas de planeación que diluyen su capacidad redistributiva. El impuesto al valor agregado, por su parte, se ha convertido en el instrumento más eficiente de recaudación, pero también en uno de los más regresivos, pues grava el consumo de manera uniforme en una sociedad profundamente desigual.
Este diseño se ve agravado por una centralización fiscal extrema. La federación concentra la mayor parte de los ingresos y los redistribuye hacia estados y municipios que, en muchos casos, han perdido incentivos para fortalecer sus propias capacidades recaudatorias. Esta dinámica rompe el vínculo entre el ciudadano y el gobierno local, debilita la rendición de cuentas y convierte a la política fiscal en un ejercicio distante, abstracto y poco visible en la vida cotidiana. El pago de impuestos deja de percibirse como parte de un contrato social y se transforma en una obligación sin contraprestación clara.
Cuando se observa el panorama internacional, el rezago del modelo mexicano se vuelve aún más evidente. En Europa, la política fiscal es el eje del Estado de bienestar y un instrumento explícito de redistribución, cohesión social y movilidad económica. En Estados Unidos, aun con una carga fiscal menor, los impuestos y el gasto público se utilizan activamente para estimular la inversión, la innovación y la competitividad, con un federalismo robusto que otorga autonomía real a los gobiernos locales. China, desde una lógica distinta, ha convertido la política fiscal en un brazo estratégico del Estado para dirigir el desarrollo, impulsar sectores clave y construir infraestructura a gran escala, integrando la recaudación, el gasto y la política industrial en una sola visión de largo plazo.
México, en contraste, no ha adoptado plenamente ninguno de estos enfoques. Su modelo fiscal no redistribuye con eficacia, no incentiva decididamente el crecimiento ni dirige estratégicamente el desarrollo. Se limita a administrar la escasez y a evitar desequilibrios, como si la estabilidad fuera un fin en sí mismo y no una condición para avanzar. Esta falta de propósito ha contribuido a un crecimiento económico mediocre, a una desigualdad persistente y a una incapacidad crónica para financiar bienes públicos de calidad.
Plantear un modelo fiscal alternativo para México exige abandonar soluciones simplistas y reconocer las restricciones reales del país. La elevada informalidad, la fragilidad institucional y la limitada tolerancia social a nuevos impuestos hacen inviable cualquier reforma abrupta o punitiva. Un nuevo modelo debe construirse sobre el gradualismo, la ampliación de la base tributaria y la reconstrucción de la confianza entre el Estado y la sociedad.
Ello implica desplazar el énfasis de subir tasas a recaudar mejor, cerrando espacios de privilegio fiscal, integrando de manera efectiva las rentas altas y simplificando radicalmente el cumplimiento para millones de personas que hoy operan fuera del sistema no por voluntad evasora, sino por exclusión. La formalidad debe dejar de ser un castigo administrativo y convertirse en una puerta de acceso a seguridad social, financiamiento y oportunidades productivas.
Al mismo tiempo, la política fiscal debe recuperar su dimensión productiva. Recaudar sin un propósito claro de inversión es perpetuar la inercia. El gasto público debe orientarse estratégicamente hacia infraestructura, energía, agua, educación técnica y tecnología, sectores que elevan la productividad y amplían el potencial de crecimiento. El gasto social sigue siendo indispensable, pero requiere articularse con una lógica de desarrollo y no limitarse a la contención de la pobreza. Bajo este enfoque, el déficit público deja de ser un tabú ideológico y se convierte en una herramienta legítima cuando financia inversión con retornos económicos y sociales verificables.
Un componente esencial de este rediseño es la revitalización del federalismo fiscal. Estados y municipios deben asumir mayor responsabilidad recaudatoria, fortaleciendo la relación entre impuestos y servicios públicos, mientras la federación actúa como correctora de desigualdades regionales y promotora de eficiencia. La política fiscal deja así de ser vertical y se transforma en un sistema de corresponsabilidad.
Finalmente, cualquier modelo fiscal moderno debe incorporar los desafíos del siglo XXI. La tributación ambiental, la economía digital y las nuevas formas de generación de valor no pueden permanecer al margen de un sistema diseñado para una economía del pasado. Integrarlas no solo ampliaría la base tributaria, sino que enviaría señales claras sobre el rumbo del desarrollo nacional.
La discusión fiscal en México no es meramente técnica; es una discusión sobre el tipo de país que se desea construir. Persistir en un modelo diseñado únicamente para resistir equivale a renunciar al desarrollo. Un modelo fiscal alternativo, realista y propio no promete soluciones inmediatas, pero sí una ruta viable para transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en bienestar. Recaudar mejor antes de recaudar más, gastar para construir futuro y no solo para administrar carencias, y reconstruir la confianza como piedra angular del pacto fiscal. En esa convergencia se encuentra la posibilidad de que la política fiscal deje de ser un freno silencioso y se convierta en una palanca real de desarrollo nacional.
