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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles”, Ernest Renan (1823-1892...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son
estériles”, Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés.
PROYECCIÓN
La confirmación de que en abril iniciará la construcción de
la planta Mexinol en Topolobampo abre un capítulo relevante en la historia
económica reciente de Sinaloa. No se trata de una obra menor: una inversión
estimada en 3 mil 300 millones de dólares y la promesa de miles de empleos
colocan el proyecto en la categoría de los movimientos estructurales, no
coyunturales.
Desde una óptica objetiva, el anuncio posiciona al gobierno
de Rubén Rocha Moya en una narrativa clara de industrialización. Durante
décadas, Sinaloa ha dependido en gran medida de su vocación agrícola y del
sector primario. La instalación de una planta de metanol —que se anuncia como
la más grande del mundo en su tipo— representa un giro hacia la industria
pesada y la integración en cadenas globales de valor. La participación de
capital y tecnología de países como Italia, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos
y Japón refuerza la dimensión internacional del proyecto.
En términos económicos, el impacto proyectado es
significativo. Más allá de los 4 mil 500 empleos directos e indirectos
estimados, el efecto multiplicador en servicios, proveeduría local,
infraestructura y logística portuaria puede modificar la dinámica de la región
norte del estado. Topolobampo, históricamente estratégico por su puerto, podría
consolidarse como un nodo industrial de mayor escala.
Sin embargo, los grandes proyectos también implican grandes
responsabilidades. La producción de metanol está vinculada al uso intensivo de
gas natural, y aunque se ha señalado que la planta estará alineada con
lineamientos de sostenibilidad y descarbonización promovidos por la ONU, el
escrutinio ambiental será inevitable. La percepción pública dependerá no solo
del discurso de desarrollo sostenible, sino de la transparencia en los estudios
de impacto ambiental, el manejo de residuos y el consumo de recursos.
Políticamente, el proyecto fortalece la narrativa del
gobierno estatal en materia de atracción de inversiones. El hecho de que se
haya anunciado en 2023 y que en 2026 inicie construcción permite mostrar
capacidad de gestión y concreción. No obstante, el verdadero juicio no será el
arranque de obra, sino su ejecución eficiente, el cumplimiento de plazos y la
materialización real de los empleos prometidos.
Sinaloa está ante una oportunidad estratégica: diversificar
su economía, fortalecer su competitividad y dar un paso hacia la
industrialización de mayor escala. El reto será equilibrar crecimiento con
sostenibilidad y convertir una inversión histórica en desarrollo tangible y
duradero para la población. Porque al final, más allá de las cifras, lo que
medirá el éxito será la transformación real en la calidad de vida de los
sinaloenses.
PROYECTO
La movilidad no es solamente un asunto de transporte; es una
declaración de intenciones sobre el tipo de ciudad que se quiere construir. El
arranque del sistema Bixie “Tu baika culichi” por parte del alcalde Juan de
Dios Gámez Mendívil coloca a Culiacán en una conversación que durante años
parecía lejana: la de la movilidad sustentable como política pública
estructural y no como simple discurso.
Hay que reconocerlo con objetividad: iniciar con estudiantes
universitarios y ofrecer gratuidad en esta primera etapa no es un gesto
improvisado. Es una decisión estratégica. El sector estudiantil es dinámico,
visible y generador de opinión. Si el hábito se consolida ahí, el mensaje
social puede irradiarse hacia otros segmentos. Además, el costo anual para el
público general —365 pesos— es accesible si el sistema garantiza funcionalidad,
seguridad y cobertura real.
Pero aquí es donde entra la parte medular del análisis.
Culiacán no es una ciudad pensada para la bicicleta. Nuestra cultura urbana ha
girado históricamente alrededor del automóvil. Cambiar esa inercia no se logra
solo con estaciones y registros; se requiere infraestructura constante,
mantenimiento riguroso y, sobre todo, condiciones de seguridad. Sin eso,
cualquier proyecto corre el riesgo de quedarse en símbolo más que en solución.
En el terreno político, la apuesta es clara: proyectar
modernidad, alinearse con una narrativa verde y presentar a la capital
sinaloense como una ciudad que quiere evolucionar. No es una medida populista
ni de impacto inmediato en términos de aplauso fácil; es más bien una inversión
en imagen de gestión técnica. Sin embargo, el contexto obliga a una pregunta
legítima: ¿cómo equilibrar este tipo de políticas con demandas urgentes en
materia de seguridad, servicios públicos y desarrollo social?
La respuesta no debe ser excluyente. Una ciudad puede —y
debe— avanzar en movilidad sustentable sin descuidar lo esencial. El verdadero
reto para la administración no será el anuncio, sino la permanencia. Que las
bicicletas no se conviertan en fotografía inaugural, sino en hábito cotidiano.
Porque al final, gobernar también es definir prioridades,
pero sobre todo sostenerlas en el tiempo. Y ahí es donde los proyectos dejan de
ser discurso para convertirse en legado.
NUEVA MODALIDAD
El anuncio del programa temporal de Licencias Permanentes en
Sinaloa tiene una lectura clara: simplificación administrativa con impacto
político medible. La medida, impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya y
operada por el SATES, combina facilidad de trámite, certeza jurídica y ahorro a
largo plazo para quienes hoy deben renovar periódicamente su licencia.
Desde el punto de vista social, el beneficio es tangible.
Eliminar renovaciones constantes reduce tiempo, traslados y costos futuros.
Además, permitir el trámite en línea y el envío a domicilio proyecta una imagen
de modernización administrativa. En un contexto donde la ciudadanía suele
quejarse de burocracia y filas interminables, el mensaje es claro: menos
vueltas, más agilidad.
En el plano económico, el costo de 2,323 pesos puede verse
como elevado en el corto plazo, pero atractivo en perspectiva si se compara con
renovaciones sucesivas. El programa también representa una captación importante
de ingresos inmediatos para el estado, lo que sugiere un componente financiero
estratégico.
Políticamente, la licencia permanente es una medida popular.
No genera confrontación y sí construye buena percepción. Sin embargo, el reto
estará en la ejecución: claridad en requisitos, transparencia en el padrón,
filtros efectivos para evitar que conductores con antecedentes graves accedan
al beneficio y, sobre todo, capacidad operativa para evitar saturaciones.
En síntesis, es una política de simplificación que puede
fortalecer la cultura de la legalidad si se aplica con rigor. Más que un
anuncio atractivo, su éxito dependerá de que combine eficiencia administrativa
con responsabilidad vial.
EN CONSTRUCCIÓN
La reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción
de la Paz encabezada por Estrella Palacios Domínguez refleja una estrategia
institucional basada en coordinación y presencia política en el tema más
sensible para cualquier administración: la seguridad.
En términos objetivos, este tipo de encuentros no
representan por sí mismos resultados inmediatos, pero sí forman parte del
andamiaje operativo que permite articular a fuerzas municipales, estatales y
federales. La clave no está en la reunión, sino en la ejecución posterior de
los acuerdos y en la medición real de indicadores delictivos.
Políticamente, la alcaldesa refuerza una narrativa de
liderazgo activo y corresponsabilidad entre órdenes de gobierno. En un contexto
donde la percepción de seguridad incide directamente en la opinión pública y en
la actividad económica del puerto, mantener visible la coordinación
institucional es parte esencial del mensaje.
El reto, como siempre en materia de seguridad, no será el
discurso de colaboración, sino la consistencia de resultados sostenidos en el
tiempo.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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