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Marco Antonio Lizárraga
"Aunque el orgullo no es una virtud, es padre de muchas virtudes", John Churton Collins (1848-1908) Crítico literario inglés.
La comparecencia del secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, ante el Congreso de Sinaloa permitió poner sobre la mesa un elemento que con frecuencia se diluye en el debate político: los números.
En 2025, el Gobierno del Estado destinó 5 mil 123 millones de pesos a 623 obras de infraestructura distribuidas en los 20 municipios, una magnitud que por sí sola obliga a un análisis más allá del discurso.
El enfoque territorial de esta inversión es uno de los rasgos más relevantes. No se trató de proyectos aislados ni concentrados en zonas específicas, sino de un programa que abarcó caminos y carreteras, vialidades urbanas, agua potable, drenaje, infraestructura rural, deportiva y distritos de riego, atendiendo necesidades estructurales históricamente postergadas.
La obra pública, en este caso, no se presentó como ornamento político, sino como un instrumento de cohesión social.
En materia de movilidad y conectividad, los datos son claros: se pavimentaron y rehabilitaron más de 39 kilómetros de vialidades urbanas con una inversión superior a 1 mil 488 millones de pesos, beneficiando tanto a colonias populares como a zonas de alto tránsito.
A esto se suman 24 nuevos tramos carreteros, que aportaron 50.6 kilómetros adicionales de conectividad estatal, con una inversión de 720 millones de pesos, además de 136 obras de caminos y carreteras que representaron 1 mil 27 millones de pesos.
El componente hidráulico refuerza la lógica social del programa.
En coordinación con Conagua y los ayuntamientos, se ejecutaron 57 obras de agua potable con una inversión de 485 millones de pesos, y 98 obras de drenaje por 381 millones de pesos, impactando directamente en la salud pública y en la calidad de vida de miles de familias.
A esto se suman 974 millones de pesos en presas y distritos de riego, con intervenciones estratégicas en los distritos 075 Río Fuerte y 010 Culiacán-Humaya, fundamentales para la seguridad hídrica y la productividad agrícola del estado.
La infraestructura rural también tuvo un papel relevante.
La atención de 1,236 kilómetros de la red estatal en 66 tramos, con una inversión de 49 millones de pesos, y 36 obras de mejoramiento de caminos rurales por 54 millones de pesos, confirma que el desarrollo no se limita a las grandes ciudades. En varias regiones, estas obras representan la diferencia entre aislamiento y acceso a servicios básicos.
En el ámbito urbano y social, destacan 58 obras de mejoramiento urbano con una inversión de 582 millones de pesos, así como 81 millones de pesos destinados a infraestructura deportiva, entendida como una política preventiva en materia de salud y convivencia social.
Proyectos como el paso superior vehicular en Mazatlán o el Centro de Autismo en La Cruz de Elota reflejan una combinación de funcionalidad y enfoque social.
Un elemento que fortalece la credibilidad del informe es la transparencia. La posibilidad de consultar licitaciones y avances de obra en plataformas públicas no solo cumple con un mandato legal, sino que permite a la ciudadanía verificar el uso de recursos y evaluar resultados, un aspecto indispensable cuando se manejan montos de esta magnitud.
Desde una perspectiva objetiva, el balance presentado por Raúl Montero Zamudio muestra una política de infraestructura respaldada por cifras y con una lógica de distribución estatal.
El reto hacia adelante no será menor: garantizar el mantenimiento de las obras, medir su impacto real y sostener la inversión sin comprometer la viabilidad financiera.
Pero los números, al menos en este ejercicio, permiten afirmar que la obra pública dejó de ser solo promesa y comenzó a consolidarse como una herramienta efectiva de bienestar social en Sinaloa.
ENTREGA
La entrega de apoyos del programa Nuestro Tianguis, encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, coloca nuevamente al comercio popular en el centro de la agenda pública. No se trata únicamente de la distribución de carpas, mesas o sillas; el fondo del programa apunta a algo más profundo: reconocer al tianguis como una actividad económica legítima, histórica y estratégica para la vida social de Sinaloa.
Los 300 apoyos entregados en Culiacán, sumados a los previamente otorgados en Salvador Alvarado y Mazatlán, confirman una política que entiende al autoempleo no como una solución marginal, sino como un componente real de la economía familiar. En un contexto donde el empleo formal no siempre alcanza para absorber la demanda laboral, fortalecer los pequeños negocios se vuelve una decisión pragmática y socialmente necesaria.
Uno de los aciertos del programa es que no se limita al equipamiento. La capacitación en ventas, administración, acomodo de mercancía y marketing introduce un enfoque moderno a una actividad tradicional. Esto rompe con la idea de que el comercio popular debe permanecer estático y abre la puerta a una profesionalización gradual que puede traducirse en mayores ingresos y mejores condiciones de trabajo.
El mensaje del gobernador Rocha al señalar que el gobierno debe estar cerca de quienes hacen “grandes esfuerzos con pequeñas inversiones” refleja una narrativa consistente con su política social. No es un discurso asistencialista, sino un reconocimiento del trabajo cotidiano de miles de familias que sostienen su economía con constancia y sacrificio. En ese sentido, la inversión de 750 mil pesos se convierte en un respaldo directo al esfuerzo individual y colectivo.
Desde la Secretaría de Economía, el énfasis puesto por Feliciano Castro Meléndrez en el valor cultural de los tianguis aporta una dimensión relevante. El comercio ambulante no solo mueve recursos; también preserva dinámicas comunitarias, identidad barrial y formas de convivencia que siguen vigentes en la vida urbana y rural del estado. Reconocer esto desde la política pública implica asumir que el desarrollo no es solo industrial o corporativo, sino también popular.
La participación del gobierno municipal de Culiacán refuerza esta visión de corresponsabilidad. Las mejoras en infraestructura en las zonas donde se instalan los tianguis complementan los apoyos estatales y generan un entorno más digno tanto para comerciantes como para consumidores. Cuando la política social se articula entre niveles de gobierno, los resultados suelen ser más visibles y sostenibles.
