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El dictamen armoniza cinco ordenamientos, incrementa penas, fortalece unidades especializadas y protege a víctimas; fue aprobado con 110 votos en lo general.
Ciudad de México.– El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como modificaciones a cinco ordenamientos federales para homologar definiciones, sanciones, conductas agravantes y protocolos de investigación en todo el país.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que la reforma representa una política de Estado contra uno de los delitos que más afectan la seguridad y la vida comunitaria. “La extorsión es una lacra que afecta las actividades económicas de comunidades completas y vulnera la tranquilidad de las familias”, señaló.
Advirtió que este delito se ha expandido mediante el uso de tecnologías de comunicación y la corrupción que ha permitido que cárceles y centros penitenciarios operen como plataformas del crimen. Subrayó que la extorsión despoja a las personas de su dignidad y sentido de comunidad, por lo que el Estado debe actuar sin titubeos: “México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”.
El dictamen establece que las fiscalías deberán contar con unidades especializadas, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, certificados y evaluados para investigar extorsiones. También homologa criterios penales a fin de que el delito reciba el mismo tratamiento en cualquier entidad del país.
En tribuna, Inzunza recalcó la postura del gobierno federal: “En los gobiernos de la 4T seguiremos atendiendo las causas, pero seremos inexorables en combatir los delitos, todos los delitos y en todos los lugares. Es la política de nuestra Jefa de Estado, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Tanta política social como sea posible y tanta política penal como sea necesaria”.
La reforma aumenta el umbral de las penas por extorsión a un rango de 15 a 25 años de prisión. También establece que los recursos derivados de la extinción de dominio serán destinados preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas.
El Pleno aprobó el dictamen en lo general con 110 votos a favor y en lo particular con 95 votos a favor y 12 en contra. La Mesa Directiva instruyó su envío a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
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