El gobernador de Sinaloa informó que los exmandatarios dejaron pasivos con el IPES, el Issstesin y el SAT por aportaciones retenidas a traba...
El gobernador de Sinaloa informó que los exmandatarios dejaron pasivos con el IPES, el Issstesin y el SAT por aportaciones retenidas a trabajadores y no entregadas a las instituciones correspondientes
Culiacán, Sinaloa.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que las administraciones de los exgobernadores Mario López Valdez (Malova) y Quirino Ordaz Coppel dejaron una deuda superior a 5 mil millones de pesos, principalmente con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), el Issstesin y el SAT.
De acuerdo con el mandatario, entre los años 2012 y 2016, así como en parte de 2021, los gobiernos anteriores retuvieron las aportaciones de los trabajadores sin entregarlas a las instituciones correspondientes, generando un boquete financiero en los fondos de pensiones y en las obligaciones fiscales.
Rocha Moya precisó que tan solo en el IPES el adeudo acumulado por la administración de Malova y los últimos diez meses del gobierno de Quirino asciende a 2 mil 641 millones de pesos, mientras que el resto se compone de pasivos con el Issstesin y el SAT.
“Cinco mil millones de pesos que se dejó de pagar por irresponsabilidad de los gobiernos que no cubrieron con su obligación de pagar”, expuso el gobernador al detallar la situación.
El jefe del Ejecutivo estatal advirtió que, de no cubrirse estos compromisos, existe el riesgo de que las personas próximas a jubilarse enfrenten dificultades para recibir su pensión, toda vez que el fondo requiere liquidez para cumplir con dichos pagos.
Sin embargo, aseguró que su gobierno tomará las medidas necesarias para regularizar la situación y evitar que los trabajadores resulten afectados, al comprometer que se destinarán los recursos necesarios para garantizar el pago puntual de las jubilaciones.
Rocha Moya subrayó que esta deuda es consecuencia de la irresponsabilidad de las administraciones anteriores, que no cumplieron con su obligación de enterar las retenciones de los empleados a los organismos correspondientes.
Aclaró además que no está afirmando que el dinero haya sido sustraído, sino que los recursos se utilizaron para otros fines y no para cubrir los compromisos del fondo de pensiones, el Issstesin y el SAT, que era su destino original.
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