El legislador del Partido Verde aseguró que la nueva Ley permitirá proteger a comerciantes, familias y sectores productivos, además de acla...
El legislador del Partido Verde aseguró que la nueva Ley permitirá proteger a comerciantes, familias y sectores productivos, además de aclarar que no implica ningún tipo de censura a medios de comunicación.
CDMX, México.- La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión representa un paso decisivo para combatir el cobro de piso y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía, afirmó el diputado Ricardo Madrid Pérez durante su intervención en la tribuna del Congreso de la Unión, en representación del Partido Verde Ecologista de México.
El legislador señaló que esta Ley clarifica el alcance de las agravantes relacionadas con el uso de servicios de telefonía y telecomunicaciones, destacando que no implica censura a medios de comunicación, sino una herramienta para inhibir prácticas delictivas que han afectado por años al comercio local y a miles de familias mexicanas.
“Con esta Ley se pretende garantizar mejores condiciones a las tienditas, cenadurías, transportistas, productores del campo y pescadores… Erradicar el cobro de piso es una premisa fundamental”, expresó Madrid Pérez.
El diputado también explicó que el dictamen resuelve el conflicto competencial que en muchas ocasiones dejaba en indefensión a las víctimas. A partir de esta reforma, los delitos cometidos por delincuencia organizada podrán ser investigados por autoridades federales, evitando que las fiscalías locales enfrenten solas estructuras delictivas más complejas.
Madrid subrayó que la extorsión ya no puede entenderse únicamente como un delito patrimonial, pues también afecta la paz, la seguridad y el bienestar emocional y social de las personas. Por ello, la nueva Ley contempla sanciones severas para quienes cooperen con redes criminales, incluyendo funcionarios que filtren información, revelen técnicas de investigación o se abstengan de denunciar.
Además, indicó que el delito se perseguirá de oficio, atendiendo el temor que inhibe la denuncia entre las víctimas. El dictamen también limita beneficios penitenciarios: quienes sean sentenciados por extorsión no podrán acceder a preliberación, sustitución o conmutación de pena.
Madrid reconoció la visión y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsó esta iniciativa como parte de su compromiso con la construcción de paz, la protección a víctimas y el fortalecimiento del estado de derecho.
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