El empresario fue requerido por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicoleo; cuatro días después pactó cooperación como testigo ...
El empresario fue requerido por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicoleo; cuatro días después pactó cooperación como testigo colaborador.
Raúl Rocha Cantú, propietario de los derechos de Miss Universo, se encuentra en el centro de un escándalo judicial luego de que se revelara que la Fiscalía General de la República consiguió una orden de aprehensión en su contra por presunta participación en delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos. Posteriormente, el empresario logró un acuerdo para convertirse en testigo colaborador del Ministerio Público Federal.
De acuerdo con información oficial contenida en el expediente, la orden de captura fue emitida el 15 de noviembre por cargos relacionados con tráfico de armas y “huachicoleo”, al identificarlo como presunto operador de una red que sustraía combustible desde Guatemala y abastecía de armamento al Cártel del Golfo y a la célula conocida como Grupo Sombra, en Veracruz.
El documento indica que el 21 de octubre, semanas antes de que se librara la orden judicial, Rocha Cantú acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para solicitar acogerse a la figura de testigo colaborador. El acuerdo fue formalizado el 19 de noviembre, lo que legalmente frenó su captura inmediata y lo obliga a aportar información sobre operaciones de contrabando, lavado de dinero y vínculos con funcionarios y empresarios relacionados con estas actividades.
Las investigaciones continúan abiertas, y la FGR analiza las declaraciones entregadas por el empresario para determinar su valor jurídico dentro del proceso penal en curso.
¿Qué pasará ahora con el caso de Raúl Rocha?
La FGR evaluará si la información aportada por el empresario permite avanzar en la desarticulación de redes criminales. De cumplirse los términos del acuerdo, Rocha podría obtener beneficios jurídicos; de lo contrario, la orden de aprehensión quedaría vigente para ejecutarse.
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