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Un informe revela que 51% de las personas migrantes y solicitantes de asilo no tiene acceso a servicios bancarios debido al rechazo directo de las instituciones, no por falta de documentos o capacidad económica.
Un reporte presentado por el Tecnológico de Monterrey en colaboración con ACNUR, titulado Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México, expone una problemática persistente: la exclusión financiera que viven migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, pese a tener documentos válidos que legalmente deberían permitirles abrir una cuenta bancaria.
El estudio revela que 51% de las personas encuestadas no posee una cuenta, no por falta de interés, ingresos o identificación, sino porque los bancos rechazaron sus documentos migratorios, aun cuando la regulación mexicana permite la apertura de cuentas básicas con documentos como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.
De acuerdo con los datos levantados, seis de cada diez personas recibieron un “no” en ventanilla, evidenciando que la exclusión proviene de criterios discrecionales y fallas operativas, no del marco legal. Paradójicamente, el 60% cuenta con educación media o superior y el 77% tiene empleo en sectores productivos, lo cual desmonta la narrativa que asocia migración con informalidad.
La falta de acceso bancario provoca que 79% de esta población dependa del efectivo, lo que incrementa costos, reduce seguridad y limita el uso de herramientas financieras indispensables como ahorro, remesas formales y transferencias electrónicas. A pesar de ello, casi 60% califica al sistema bancario nacional como “bueno” o “excelente”, lo que demuestra disposición para integrarse si las instituciones reconocen su documentación.
El informe destaca que este rezago ocurre en un contexto de aumento histórico en solicitudes de asilo, con más de 80 mil personas buscando protección en México durante 2024. El sistema financiero, sin embargo, continúa operando bajo protocolos que no contemplan esta nueva realidad.
Además del impacto social, la exclusión también afecta la economía: las remesas y recursos de esta población terminan moviéndose en canales informales más costosos y menos seguros.
Según el estudio, adaptar los procesos bancarios para reconocer documentos migratorios válidos no es un privilegio, sino una medida imprescindible para reducir desigualdades, fomentar autonomía económica y evitar que miles de personas queden atrapadas en la informalidad.
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