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El abogado y académico, primer fiscal general autónomo de México, dejó el cargo a los 86 años tras una gestión marcada por señalamientos por opacidad, presunto uso político de la institución y bajo desempeño en judicialización de casos.
Ciudad de México.— Con una trayectoria de más de cinco décadas en el servicio público, Alejandro Gertz Manero dejó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) a los 86 años, luego de haber sido elegido en 2019 como el primer fiscal general tras la transición de la antigua Procuraduría General de la República a una Fiscalía autónoma. Su salida ocurre tres años antes del periodo para el que fue nombrado, que concluiría en 2028.
Gertz, abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, por la University of Mount Union (Ohio) y por la Universidad de las Américas, ocupó numerosos cargos desde la década de 1970: agente del Ministerio Público Federal, procurador federal de la defensa del trabajo, secretario general del INAH, oficial mayor de la PGR y primer coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico. En materia de seguridad, fungió como secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal y más tarde como el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Vicente Fox. También fue diputado federal por Convergencia de 2009 a 2012.
En el ámbito académico, fue catedrático del ITAM, la UNAM y la UDLA, donde impartió Derecho Procesal Penal. Durante su gestión como fiscal general, sus atribuciones legales incluyeron dirigir la política investigadora de la institución, procurar justicia eficaz y garantizar los derechos de las víctimas en delitos federales.
Sin embargo, su paso por la FGR estuvo atravesado por críticas persistentes de organizaciones civiles, colectivos y actores políticos. Diversos señalamientos apuntaron a una presunta opacidad en su patrimonio —incluidos inmuebles en España presuntamente administrados mediante sociedades— y a su resistencia a transparentar su declaración patrimonial.
Asimismo, se le acusó de utilizar la Fiscalía en casos con posibles intereses personales o políticos, como la denuncia contra su cuñada Alejandra Cuevas, cuyo proceso derivó en una fuerte controversia pública entre 2021 y 2022. Otros episodios cuestionados incluyeron la exoneración acelerada del general Salvador Cienfuegos, decisiones relacionadas con la Universidad de las Américas Puebla y presuntos conflictos de interés en investigaciones sensibles.
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción documentaron que, bajo su gestión, solo un porcentaje reducido —aproximadamente 4% en ciertos periodos— de las carpetas iniciadas por la FGR alcanzaron la judicialización, dejando millones de expedientes en investigación preliminar o en rezago.
Entre las críticas más recientes destaca el manejo del caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde familias de personas desaparecidas denunciaron un recorrido caótico y revictimizante organizado por la FGR, pese a las exigencias de un análisis profesional del sitio donde se presumían hornos crematorios clandestinos.
Tras su renuncia, el país queda a la expectativa de quién conducirá los esfuerzos de procuración de justicia en una institución que, pese a su autonomía constitucional, no ha logrado consolidar la eficacia ni la confianza social que demandan miles de víctimas.
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