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El grupo afirmó que estas omisiones generan un “riesgo real” de manejo inadecuado de los recursos y llamaron al OAJ a transparentar el proceso
Un grupo de jueces y magistrados federales cesados manifestó su inconformidad tras una reunión sostenida con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), en la que, según señalaron, no se proporcionó información sobre el proceso de pago de indemnizaciones previsto en las reformas constitucionales y legales aprobadas en 2024.
De acuerdo con un comunicado difundido por las personas juzgadoras afectadas, el OAJ había acordado recibir este 14 de noviembre a un comité de representantes para analizar conjuntamente los criterios de cálculo y entrega de los pagos indemnizatorios contemplados en el Décimo Transitorio de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024 y en el Vigésimo Transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No obstante, afirmaron que la reunión resultó “infructuosa”.
Según el documento, en lugar de funcionarios con capacidad de decisión, los asistentes fueron atendidos por personal de nivel operativo del área de Recursos Humanos, quienes —expusieron— acudieron con la instrucción de no proporcionar información detallada sobre el proceso. Las respuestas, indicaron, se limitaron a señalar que cada tema “se estaba analizando”.
Los jueces y magistrados cesados expresaron su preocupación por la “falta de transparencia” en torno al destino de los recursos destinados a las liquidaciones. Señalaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberó recientemente 6 mil 500 millones de pesos para cubrir estas indemnizaciones, por lo que consideraron necesario aclarar el uso y distribución del monto.
También cuestionaron la ausencia de información respecto del universo de personas beneficiarias, el método para integrar el salario base de cotización y los criterios para el pago correspondiente a tres meses más veinte días por año de servicio, como establece la Constitución. De acuerdo con el comunicado, los pagos están programados para el 10 de diciembre de 2025.
El grupo afirmó que estas omisiones generan un “riesgo real” de manejo inadecuado de los recursos y llamaron al OAJ a transparentar el proceso.
Con información de López-Dóriga Digital
