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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La soledad es y siempre ha sido la experiencia central e inevitable de todo hombre”, Tom Wolfe ...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“La soledad es y
siempre ha sido la experiencia central e inevitable de todo hombre”, Tom Wolfe
(1931-2018) Periodista y escritor estadounidense.
MALA MEMORIA
La denuncia
presentada por la dirigencia estatal del PAN contra la senadora Imelda Castro
Castro revela más sobre el propio panismo sinaloense que sobre la legisladora
morenista.
Aunque el
señalamiento por presuntos actos anticipados de campaña es un tema que debe
investigarse, la postura adoptada por el PAN y su comitiva exhibe una
contradicción estructural: pretenden erigirse en guardianes de la legalidad
electoral cuando su propia historia reciente está marcada por las mismas
prácticas que hoy intentan condenar.
Wendy Barajas
Cortés, dirigente estatal del PAN, acusó a Morena de “confundir el servicio
público con la promoción personal”.
El señalamiento
sería contundente… si no proviniera de un partido que durante décadas convirtió
el uso político del cargo en un hábito —y en ocasiones, en un mecanismo de
supervivencia electoral—.
Hoy, con una
militancia debilitada, estructuras erosionadas y una presencia pública cada vez
más marginal, el PAN intenta recuperar relevancia a través de denuncias que,
aunque válidas en el papel, suenan más a estrategia mediática que a un
compromiso real con la integridad democrática.
La comitiva
panista que acudió al IEES, armada con fotografías, videos y una narrativa de
indignación, parece olvidar que el propio PAN utilizó bardas, eventos
disfrazados de “informes” y giras permanentes cuando tenía posiciones de poder
en Sinaloa. Ningún partido, incluido el blanquiazul, puede presumir de manos
limpias en materia de promoción anticipada.
Lo que cambia es
el calendario político, no las conductas.
El problema del
panismo sinaloense no es la denuncia. Es la falta de autocrítica. Sin ella,
cualquier reclamo luce oportunista.
Además, el
discurso de Wendy Barajas —cuando afirma que Morena usa los recursos “del
pueblo” para construir candidaturas personales— omite un dato crucial: su
propio partido, en los momentos en que gobernó municipios y el estado, cayó
exactamente en lo mismo.
Las operaciones
políticas que criticaron cuando fueron oposición las replicaron cuando fueron
gobierno. Ese doble estándar es lo que hoy mina su credibilidad.
En un contexto
donde el PAN intenta reposicionarse rumbo al 2027, la denuncia puede
interpretarse como un acto desesperado para demostrar una fuerza que no tiene y
una presencia social que no ha podido reconstruir.
Lo significativo
no es que señalen a Morena —cualquier oposición lo haría—, sino que lo hagan
desde una plataforma debilitada, sin agenda propia y recurriendo a un discurso
moralizante que ya no convence a casi nadie.
No hay liderazgo
político que pueda sostenerse únicamente con denuncias. Una oposición sólida
necesita propuestas, cuadros competitivos y un proyecto de estado; no sólo
comunicados y expedientes.
Si el PAN quiere
que su voz sea tomada en serio, debe empezar por mirarse en el espejo antes de
reclamar transparencia a los demás. Porque en política, la autoridad moral no
se decreta: se construye. Y hoy por hoy, esa autoridad es precisamente lo que
al panismo sinaloense le hace más falta.
DESENFOQUE
El reto que
lanzó el dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, al presidente
de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, para que expulse a los
funcionarios morenistas que presuntamente realizan actos anticipados de
campaña, confirma una realidad que atraviesa a toda la clase política
sinaloense: la disputa ya no es por la agenda pública, sino por quién puede
presumir una autoridad moral que, en los hechos, ninguno ha sabido construir
plenamente.
El PRI intenta
colocarse en el debate como vigilante de la legalidad, señalando la
incongruencia de Morena y exigiendo “mano dura” contra quienes se adelantan a
los tiempos del 2027.
Sin embargo,
este discurso choca inmediatamente con la memoria reciente: el tricolor fue,
por décadas, la escuela nacional de los actos anticipados de campaña, de los
informes con tintes proselitistas y del uso de estructuras públicas para
impulsar aspiraciones políticas internas.
La dirigencia
priista está en su derecho de señalar los excesos ajenos, pero el problema
surge cuando la crítica no viene acompañada de una autocrítica profunda.
¿Con qué
autoridad moral puede exigir el PRI transparencia y prudencia electoral cuando
su propia historia lo ha colocado repetidamente como protagonista de prácticas
que hoy condena? Esa es la pregunta que la sociedad se sigue haciendo.
Lo que sí es
cierto es que César Lugo leyó bien el momento político. Morena es hoy el
partido con mayor poder y, por lo mismo, con mayor responsabilidad. Exigirles
congruencia es parte del juego democrático.
Pero convertir
esa exigencia en un acto de superioridad ética resulta difícil de sostener
cuando el tricolor no ha terminado de reconciliarse ni con su pasado ni con su
propia militancia.
El reto del PRI
parece más una jugada mediática que una convicción profunda de
institucionalidad.
Es un intento
por recuperar reflectores en un escenario donde su presencia es, desde hace
años, más residual que determinante. Señalar a Morena es sencillo;
reconstruirse, en cambio, es la tarea pendiente que aún esquivan.
En un estado
donde el PAN denuncia, el PRI reta y Morena responde con silencio estratégco,
la discusión sobre los actos anticipados de campaña se convierte en un espejo
incómodo: todos señalan lo que todos han hecho.
La clase
política sinaloense enfrenta un desafío mayor que sus rivalidades: recuperar la
confianza ciudadana.
Y eso no se
logra con conferencias de prensa, ni con retos mediáticos, ni con expedientes
en el IEES. Se logra con hechos, con trabajo y, sobre todo, con coherencia.
Porque en este
juego de denuncias cruzadas, tanto el PAN como el PRI reclaman ética electoral…
pero ninguno explica cómo piensan recuperarla para sí mismos.
POSTURA
La postura
pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), al agradecer al gobernador
Rubén Rocha Moya por su intervención para resolver los créditos fiscales ante
el SAT, marca un punto de inflexión en una relación institucional marcada por
tensiones políticas, administrativas y legales durante los últimos años.
La universidad
reconoce, en un comunicado formal, que la gestión estatal permitió liquidar en
su totalidad adeudos que comprometían sus finanzas y generaban incertidumbre
entre trabajadores y estudiantes.
Más allá del
tono protocolario, el anuncio confirma dos realidades que conviene observar con
distancia crítica.
Por un lado, la
situación fiscal de la UAS no era menor: créditos acumulados por ISR de los
años 2015, 2016 y 2019 que, de no resolverse, habrían puesto en riesgo la
operatividad cotidiana de la institución.
Por otro, la
capacidad del Gobierno del Estado para intervenir, absorber y gestionar
adecuados de esta magnitud habla de un peso político y financiero que ninguna
universidad pública del país puede costear por sí misma en contextos de
recortes y desaparición de programas federales.
El comunicado
universitario subraya que la UAS ha cumplido históricamente con sus
obligaciones fiscales y que los cambios normativos y la eliminación de
estímulos federales trastocaron el equilibrio financiero que se mantenía desde
hace años.
En términos
estrictamente administrativos, este argumento tiene sustento: varias
instituciones de educación superior han enfrentado ajustes similares en el
marco de las recientes reformas hacendarias.
Sin embargo,
también es cierto que la UAS arrastra desde hace tiempo señalamientos internos
y externos sobre su manejo presupuestal, un debate que seguirá abierto incluso
después de la regularización fiscal anunciada.
La liquidación
del adeudo —2 mil 900 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de
Administración y Finanzas— permite a la Casa Rosalina obtener un respiro
financiero, pero no soluciona de fondo el desafío mayor: construir un modelo de
sostenibilidad que no dependa de coyunturas políticas, gestiones excepcionales
o intervenciones de emergencia.
En ese sentido,
el agradecimiento institucional es comprensible, pero no exime a la universidad
de la tarea de revisar sus procesos financieros y administrativos para evitar
escenarios similares en el futuro.
La relación
entre la UAS y el Gobierno del Estado se mueve, inevitablemente, en un terreno
donde convergen la política educativa, la autonomía universitaria y la
gobernabilidad local.
Resolver los
créditos fiscales es una línea más dentro de esa compleja ecuación. Lo
relevante será observar cómo ambas instituciones gestionan, a partir de ahora,
los espacios de colaboración y también de tensión que forman parte natural de
su coexistencia.
En conclusión,
la regularización fiscal de la UAS es un avance importante, pero representa
apenas una parte de un proceso más amplio: fortalecer la transparencia,
garantizar estabilidad financiera y mantener una relación institucional en la
que la educación superior no dependa exclusivamente de decisiones políticas,
sino de reglas claras, sostenibles y de largo plazo.
IMPACTO
La Feria
Internacional del Libro Culiacán 2025 ha reunido a más de 32 mil visitantes
durante sus primeros días, cifra destacada por el alcalde Juan de Dios Gámez
Mendívil como muestra del interés ciudadano por las actividades culturales.
El evento, que
se desarrolla del 10 al 16 de noviembre, concentra presentaciones literarias,
conferencias, espectáculos artísticos y espacios dedicados a la promoción de la
lectura entre niñas, niños y jóvenes.
La diversidad de
foros —como el MIA, el Patio del Ayuntamiento y la Zona Infantil— ha permitido
atender distintos públicos y ofrecer una amplia gama de actividades.
Entre los
momentos relevantes se encuentra la conferencia magistral de Sabina Berman,
“Mujer y poder”, así como la participación de autores locales y nacionales que
han generado diálogo en torno a temas literarios, sociales y culturales.
De manera
paralela, la asistencia continua refleja el interés creciente por fortalecer
hábitos de lectura y la convivencia familiar mediante espacios públicos
organizados. La participación de instituciones educativas, colectivos
culturales y familias ha contribuido a dinamizar la agenda de la feria y
posicionarla como un punto de encuentro significativo para la comunidad.
En este
contexto, la FIL también confirma la importancia de mantener eventos culturales
de gran escala como parte de las políticas públicas municipales.
La organización
logística, la afluencia registrada y la presencia de más de 170 invitados
muestran la capacidad del evento para generar impacto social y educativo.
En los próximos
días se evaluará el desarrollo completo de la feria, lo que permitirá
identificar áreas de oportunidad y consolidar su papel como una de las
celebraciones literarias más relevantes del noroeste del país.
PRESENTACIÓN
La presentación
que hoy hará el gobernador Rubén Rocha Moya en la Feria Internacional del Libro
Culiacán 2025 no es un acto protocolario más. Es, en realidad, el regreso de un
testimonio político fundamental al momento exacto en que el país vuelve a discutir
el rumbo educativo.
La reforma
educativa. Un reporte desde el Senado no es un libro nuevo: Rocha lo presentó
hace años, cuando era senador y presidía la Comisión de Educación. Pero su
reaparición pública ahora tiene otra lectura.
Entonces fue el
relato legislativo de una reforma que marcó la contienda electoral de 2018; hoy
se muestra desde la responsabilidad de un gobernador que ha vivido desde dentro
el impacto real de las políticas educativas que ayudó a moldear.
El libro
testimonia uno de los debates más intensos del sistema político mexicano: la
confrontación nacional sobre la llamada “reforma educativa” del sexenio
anterior, sus excesos, sus errores y su desgaste social.
En aquellas
discusiones, MORENA —y Rocha entre sus voces centrales— sostuvo que la reforma
debía cancelarse y sustituirse por un modelo que concitara consenso y
devolviera a la educación el papel de motor social, económico y moral del país.
Hoy, en 2025,
ese debate no está cerrado. Al contrario: la realidad educativa del país sigue
reclamando visión, diálogo y altura política.
Por eso la
presentación del libro adquiere un matiz simbólico: Rocha vuelve al texto que
escribió como legislador, justo cuando ejerce el poder ejecutivo en Sinaloa, un
estado donde el tema educativo siempre define tensiones, avances y
controversias.
La FIL Culiacán
no solo presenta un libro: exhibe el cruce entre memoria política y realidad
actual. Y recuerda que las decisiones que se discuten en un Senado, tarde o
temprano, terminan probándose en los estados, en las aulas, en los maestros y
en las familias.
Rocha llega hoy
no solo como autor, sino como protagonista vigente de la historia educativa que
ayudó a narrar.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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