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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Sírvete de lo aparente como indicio de lo inaparente”, Solón de Atenas (640 A.C.-558 A.C.) Legislado...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Sírvete de lo aparente como indicio de lo inaparente”, Solón de Atenas (640 A.C.-558 A.C.) Legislador griego
¿PROTAGONISTA?
En la antesala del proceso electoral del 2027, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sinaloa aparece como uno de los actores que podrían modificar el equilibrio político tradicional del estado.
Lo que hace algunos años parecía impensable —que este instituto político tuviera capacidad real de competir, negociar y, en ciertos casos, encabezar candidaturas— hoy es un escenario plausible gracias al avance que ha construido en su interior y en territorio.
Una pieza fundamental de este proceso ha sido Ricardo Madrid Pérez, diputado federal y dirigente estatal del PVEM.
Bajo su conducción, el partido emprendió un proceso de reorganización interna y de ampliación de su presencia territorial que ha generado resultados medibles: recuperación del registro, incremento de votación, presencia en cabildos y la incorporación de liderazgos comunitarios que anteriormente no militaban en el Verde o que incluso provenían de otras fuerzas políticas.
Madrid Pérez diseñó una estrategia que mezcla operación territorial, acercamiento con sectores productivos y trabajo legislativo con un mensaje que conecta con temas prioritarios como desarrollo rural, agua, medio ambiente y protección al consumidor.
Esa articulación entre agenda pública y estructura partidista ha sido uno de los factores que explican por qué el Verde ha pasado de ser un acompañante electoral a un actor con peso propio en el reacomodo político de Sinaloa.
Las coyunturas actuales fortalecen este escenario.
El reordenamiento de fuerzas rumbo al 2027 ha convertido al Verde en un partido cuya participación es necesaria en municipios clave, particularmente aquellos donde su estructura se ha consolidado mediante la suma de liderazgos locales.
Esta dinámica ha permitido que el partido llegue a las mesas de negociación con mayor equilibrio y sin la dependencia que caracterizaba ciclos anteriores.
De cara al próximo proceso electoral, el PVEM no solo busca asegurar espacios en regidurías o alianzas menores; su apuesta es clara: competir para encabezar candidaturas estratégicas, especialmente en demarcaciones donde su base territorial ha mostrado fortaleza.
Y en ese proyecto, el liderazgo de Ricardo Madrid Pérez será determinante, pues su perfil legislativo y su capacidad para sumar actores municipales le otorgan una posición privilegiada en la definición de acuerdos políticos de alto nivel.
El Verde llega al 2027 con algo que antes no tenía: viabilidad real para incidir, negociar y —en ciertos casos— liderar. Falta ver si ese crecimiento se traduce en cohesión interna y capacidad de movilización efectiva durante la contienda.
Si la dirigencia logra sostener el ritmo de trabajo y continúa sumando perfiles con presencia regional, el partido podría convertirse no solo en factor de equilibrio, sino en un protagonista inesperado en una elección que promete mover más piezas de lo habitual.
En Sinaloa, donde la política suele acomodarse alrededor de fuerzas dominantes, el Verde ha logrado colocarse en la conversación central.
Y en ese movimiento, el liderazgo de Ricardo Madrid Pérez no es un dato marginal: es la clave que explica cómo un partido tradicionalmente secundario ahora compite por un lugar en la primera línea del 2027.
ENFOQUES
En el debate público sobre recursos municipales y políticas de bienestar, pocos temas generan tanta sensibilidad como el impuesto predial.
En Sinaloa, la discusión vuelve a colocarse sobre la mesa con la revisión que realiza el Congreso del Estado, donde la Comisión de Hacienda analiza las propuestas enviadas por los ayuntamientos para el ejercicio fiscal próximo.
En este contexto, la postura expresada por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Tere Guerra Ochoa, refleja un intento de equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la necesidad de no cargar el costo sobre los contribuyentes.
Guerra Ochoa adelantó que la prioridad del bloque legislativo es mantener una actualización moderada, cercana al 4.6 por ciento, alineada con la inflación. La lógica es clara: evitar incrementos que pudieran afectar a familias y sectores productivos que ya enfrentan un año complejo.
Esta directriz se enmarca en la postura que el propio Congreso adoptó en ejercicios anteriores, cuando se acordó no aplicar aumentos reales al predial para amortiguar el impacto económico postpandemia y las presiones que persisten en la actividad comercial.
Lo que llama la atención es el énfasis en fortalecer la recaudación sin elevar tasas, una estrategia que depende más de depurar padrones, modernizar sistemas de cobro y mejorar la eficiencia administrativa, que de recurrir al expediente fácil del incremento tributario.
De ahí que la Comisión de Hacienda mantenga bajo análisis los casos de tres municipios que solicitaron ajustes superiores, pues un aumento desproporcionado podría contradecir la línea de cuidado social que Morena afirma sostener.
En este punto, la discusión trasciende lo meramente técnico.
La definición sobre el predial también envía señales políticas: un partido en el gobierno que busca consolidar su narrativa de protección a grupos vulnerables no puede permitirse medidas que alimenten la percepción de carga fiscal excesiva.
Y en ese sentido, la postura de Guerra Ochoa se alinea con la lógica de preservar equilibrio entre responsabilidad hacendaria y sensibilidad social.
La legisladora también aprovechó el momento para subrayar los temas que Morena considera prioritarios: políticas públicas orientadas al bienestar, especialmente hacia quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En vísperas del 25 de noviembre, fecha emblemática en la agenda de igualdad y combate a la violencia, recordó algunos avances del gobierno estatal, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, los Centros de Justicia y programas de apoyo para niñas, niños y personas con discapacidad.
No obstante, también reconoció que persisten desafíos importantes, particularmente en seguridad y finanzas, rubros que dependen no solo de decisiones locales sino de factores nacionales que condicionan ingresos, operación administrativa y capacidad institucional.
Este reconocimiento introduce un matiz relevante: por más que el discurso político intente simplificar la realidad, la gestión pública siempre se mueve en un campo de fuerzas más complejo.
De fondo, la discusión sobre el predial vuelve a situar un dilema recurrente: cómo reforzar a los municipios sin debilitar a la ciudadanía.
El Congreso tendrá que decidir bajo esa doble lógica, y la postura expresada por Tere Guerra Ochoa deja ver que, al menos en esta etapa, la prioridad será la contención y la prudencia antes que la recaudación acelerada.
El reto, como siempre, será que esa moderación no termine convirtiéndose en un freno a la capacidad municipal de atender servicios que la ciudadanía exige y necesita.
PROPUESTA
La presentación de la iniciativa de Ley de Cultura de Paz en Sinaloa por parte del diputado Bernardino Antelo Esper y las diputadas Irma Moreno y Paola Gárate abre un debate oportuno en un estado donde los indicadores delictivos siguen marcando preocupación.
El propósito central de esta propuesta —construir un marco jurídico que garantice el respeto y promoción del derecho humano a la paz— refleja una necesidad evidente en el panorama social actual.
Antelo Esper, como coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, plantea que esta ley ofrecería herramientas para que instituciones estatales y municipales actúen de manera coordinada en la prevención de la violencia.
La iniciativa establece lineamientos claros: promover derechos humanos, erradicar expresiones de violencia en espacios cotidianos y proteger a grupos vulnerables mediante políticas públicas orientadas a la convivencia pacífica.
La pertinencia del planteamiento es innegable si se considera el contexto: entre enero y septiembre de 2024, Sinaloa registró 481 homicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estos datos explican por qué la discusión no puede limitarse a lo legislativo; implica también evaluar cómo estas normas podrían transformarse en acciones efectivas.
RESPALDO
La entrega de un cheque por 139 mil pesos al grupo Estrellas Coloradas, integrado por 13 mujeres de la colonia Ampliación San Benito, muestra el impacto del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar que impulsa el Ayuntamiento de Culiacán.
El presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil destacó que el respaldo a pequeñas iniciativas productivas no solo representa un alivio económico, sino una estrategia municipal para fortalecer la autonomía financiera de mujeres y jefas de familia.
Las cifras dan cuenta de un esfuerzo continuo: tan solo en este año, 2 mil 269 mujeres han recibido 5 mil 905 créditos, con una dispersión superior a 57 millones de pesos. En los últimos cuatro años, el programa ha beneficiado a cerca de 6 mil mujeres, lo que lo convierte —según el propio alcalde— en una política pública única en el país.
Esta continuidad ha permitido que los apoyos evolucionen desde créditos iniciales de 6 mil pesos hasta montos de 30 mil en ciclos avanzados, generando un mecanismo gradual de fortalecimiento económico.
Más allá de los números, el gesto político muestra la intención del alcalde de dejar el programa como una herramienta permanente, argumentando que su impacto justifica su continuidad.
El enfoque apunta a que los apoyos crediticios no sean decisiones aisladas, sino parte de una estrategia más amplia de desarrollo local que atienda también demandas comunitarias como pavimentación y mejoras en drenaje.
La participación de mujeres dedicadas a actividades como venta de alimentos, ropa, perfumes, snacks y comercio en tianguis evidencia que la economía popular sigue siendo un motor relevante en zonas urbanas donde las oportunidades formales son limitadas.
En ese sentido, programas de microcréditos como este pueden funcionar como catalizadores para la estabilidad financiera familiar, siempre y cuando exista acompañamiento técnico y seguimiento adecuado.
El desafío para la administración municipal será garantizar que estos apoyos evolucionen hacia políticas sostenibles y no solo hacia acciones de corto alcance.
Si el programa logra mantener su ritmo, mejorar su transparencia y fortalecer el desarrollo de capacidades, podría consolidarse como un modelo replicable en otras ciudades del país.
Por ahora, lo cierto es que este tipo de intervenciones en territorio siguen construyendo puentes entre gobierno y ciudadanía, en un momento donde la demanda principal no es la asistencia, sino la generación de oportunidades reales.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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