.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto ...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Si no podemos
poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar
apto para ellas”, John Fitzgerald
Kennedy (1917-1963) Político estadounidense.
LABOR HUMANISTA
En el salón de
Cabildo, los aplausos y las lágrimas fueron el reflejo de una deuda que, poco a
poco, comienza a saldarse. Isabel Matilde Heras Millán, exempleada de Tránsito
Municipal, simbolizó en su testimonio la esperanza y el reconocimiento que
muchos trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán esperaron durante años:
recibir en vida la prima de jubilación que marca el cierre digno de una
trayectoria de servicio.
El alcalde Juan
de Dios Gámez Mendívil encabezó la entrega de 25 primas de jubilación más,
reafirmando su compromiso de continuar reduciendo el rezago histórico en esta
materia.
Desde su llegada
al gobierno municipal, la administración ha canalizado más de 76 millones de
pesos para beneficio de 334 trabajadores, un esfuerzo financiero que no solo
refleja disciplina presupuestal, sino también sensibilidad social hacia quienes
durante décadas sostuvieron los servicios públicos de la capital sinaloense.
En tiempos donde
los discursos suelen rebasar a las acciones, los datos concretos son los que
miden el impacto real de una política pública.
Tan solo en este
2025, el Ayuntamiento ha destinado más de 20 millones de pesos distribuidos en
tres etapas de pago: en marzo se beneficiaron 36 trabajadores con una inversión
de 8 millones 716 mil pesos; en agosto, 24 empleados recibieron 6 millones 209
mil pesos; y en noviembre se entregaron 5 millones 882 mil pesos a 25 personas
más.
En años
anteriores, los resultados también han sido significativos. Durante 2022, 58
trabajadores recibieron un total de 11 millones 873 mil pesos; en 2023, 93
jubilados fueron beneficiados con 19 millones 861 mil pesos; mientras que en
2024, la cifra ascendió a 98 trabajadores y un monto de 23 millones 689 mil
pesos.
Con estas
acciones, la actual administración suma un total de 334 beneficiarios y una
inversión global de 76 millones 232 mil pesos en primas de jubilación.
Más allá de las
cifras, el acto tuvo un profundo sentido humano. Las palabras de Heras Millán,
conmovidas y sinceras, recordaron la esencia del servicio público: la entrega
silenciosa de quienes mantienen funcionando una ciudad, sin reflectores, sin
pausas y sin descanso
El respaldo del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC)
también fue contundente.
Su secretario
general, Julio Duarte Apan, subrayó la puntualidad en los pagos y la empatía
del alcalde con la base trabajadora, un elemento que ha permitido fortalecer la
confianza institucional entre ambas partes, indispensable para el buen
funcionamiento del aparato público.
La justicia
laboral no es solo una cifra ni una obligación contable; es un acto de
congruencia con la gente que durante años sostuvo los cimientos del gobierno
municipal. Culiacán avanza, en esta materia, hacia un modelo más humano, donde
el retiro no sea una lucha burocrática, sino el justo cierre de una vida
dedicada al servicio.
Si algo deja
claro este esfuerzo, es que la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil ha
entendido que el bienestar laboral también es desarrollo social.
Cumplir con los trabajadores no es un favor
político: es reconocer el valor del trabajo honesto y, sobre todo, devolver
dignidad a quienes ayudaron a construir la ciudad que hoy disfrutamos.
CUENTA GOTAS
La reciente
reasignación de 649 millones de pesos anunciada por la presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo para el rubro de Agricultura en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2026, ha dejado un sabor amargo entre los productores del país.
Aunque en el
papel representa un movimiento presupuestal, en la práctica resulta simbólico
frente a las necesidades reales del campo mexicano, que sigue enfrentando una
profunda crisis estructural.
El presidente de
la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, lo
resumió con contundencia: la cifra es prácticamente insignificante frente a los
20 mil millones de pesos que se habían solicitado ante la Comisión de
Agricultura del Congreso de la Unión.
Detrás de ese
número no solo hay una distancia contable, sino una diferencia de visión entre
la urgencia productiva y la respuesta política.
Los productores
del país, y particularmente los de Sinaloa, viven con incertidumbre constante.
Los altos costos de producción, la falta de certidumbre en la comercialización
y la ausencia de apoyos directos generan un escenario de vulnerabilidad que los
ha llevado nuevamente a las carreteras, a las casetas y a las mesas de
negociación.
Aun así, las
decisiones presupuestales parecen no reflejar esa realidad.
López Miranda
fue claro al señalar que los legisladores federales tampoco respondieron con
sensibilidad a las condiciones del sector. “Nos mandaron un muy mal mensaje”,
afirmó, al lamentar que la reasignación aprobada no atienda el reclamo
histórico de los campesinos.
Incluso propuso
revisar el programa Sembrando Vida, un esquema federal que, si bien tiene
componentes sociales, aún no ha sido evaluado en términos de su impacto
económico y productivo.
El problema de
fondo no es la falta de programas, sino la falta de evaluación y priorización.
Durante los
últimos años, el campo mexicano ha sido un terreno de discurso, pero no de
estrategia. Las reasignaciones mínimas sirven de argumento político, pero no
resuelven el déficit que cada ciclo agrícola arrastra.
En su reciente
visita a la Ciudad de México, una comitiva de líderes agrícolas sinaloenses
expuso ante diputados la situación crítica de los granos básicos, en particular
del trigo, cuya comercialización sigue sin certidumbre.
Para el próximo
miércoles, los productores sostendrán una reunión en la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde esperan una respuesta conclusiva
sobre los apoyos prometidos. La expectativa es baja, pero el compromiso
persiste.
El mensaje que
deja este episodio es claro: el campo mexicano no puede seguir dependiendo de
paliativos presupuestales.
Los agricultores
no piden dádivas, piden justicia económica y visión de Estado. Mientras la
política siga midiendo el campo en votos y no en productividad, el país seguirá
desaprovechando uno de sus pilares históricos: la tierra y quienes la trabajan.
La reasignación
de 649 millones de pesos es apenas un parche. Lo que México necesita es una
reforma integral de su política agrícola, con presupuestos que garanticen
soberanía alimentaria, dignidad laboral y viabilidad económica.
De lo contrario,
como advierten los productores, “el campo seguirá liquidado”, aunque el
gobierno insista en llamarlo sostenible.
SEGURIDAD
En medio de un
contexto nacional donde la seguridad pública se mantiene como uno de los
grandes desafíos, Sinaloa avanza en la consolidación de su modelo de
coordinación interinstitucional.
El gobernador
Rubén Rocha Moya encabezó la entrega de 73 patrullas y 7 moto patrullas a las
policías estatales y municipales, reafirmando su compromiso de dotar de mejores
herramientas a quienes todos los días protegen a la población.
La ceremonia,
realizada en Culiacán, reunió a los mandos de seguridad de los 20 municipios
del estado, al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, y a
representantes de las fuerzas armadas, en un acto que simboliza no solo una
entrega de unidades, sino un paso más hacia la profesionalización y
modernización de las corporaciones.
El mandatario
estatal destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido
clave para mejorar los resultados en materia de seguridad.
La inversión
total asciende a 85.6 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo de Fortalecimiento de las
Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) correspondientes al ejercicio 2025.
Las unidades
serán distribuidas de la siguiente manera: 29 patrullas y 6 moto patrullas para
la Secretaría de Seguridad Pública estatal; 43 patrullas y una moto patrulla
para las policías municipales, además de una unidad para la Universidad del
Policía (UNIPOL).
Este esfuerzo se
suma a las 100 patrullas previamente entregadas por la federación, así como a
la adquisición de 15 unidades adicionales por parte de la Fiscalía General del
Estado, actualmente en proceso de licitación. Con ello, se cumple el compromiso
expresado por Rocha Moya de no dejar a ningún municipio sin nuevas unidades,
fortaleciendo la cobertura de vigilancia en calles, colonias y comunidades
rurales.
El gobernador
también anunció la graduación de 30 ministerios públicos, 29 policías de
investigación y 10 peritos provenientes de la UNIPOL, quienes se integrarán en
los próximos días a las corporaciones estatales.
Durante el acto,
la policía operativa Oyuki Vázquez Amador habló en representación de los
elementos, destacando que estas nuevas unidades son símbolo del respaldo del
gobernador hacia las fuerzas de seguridad.
La entrega de
estas unidades es, una muestra tangible del esfuerzo sostenido por fortalecer
las capacidades operativas del Estado.
Pero más allá de
la inversión, el verdadero valor de esta acción radica en la visión integral de
seguridad que impulsa el gobernador Rocha Moya: una estrategia que combina
recursos, profesionalización y coordinación institucional para construir la paz
desde el trabajo conjunto
