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Un informe de organizaciones civiles reveló que siete grupos criminales operan y disputan el creciente mercado ilegal de tabaco y vapeadores, el cual se ha convertido en una “caja chica” para financiar armas, logística y operaciones delictivas.
El mercado ilegal de cigarros y vapeadores en México atraviesa una expansión acelerada que ha sido aprovechada por al menos siete cárteles del crimen organizado, según el documento Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por organizaciones civiles y el periodista Óscar Balderas.
El estudio señala que el vacío regulatorio, la prohibición de vapeadores y la falta de trazabilidad en el tabaco han permitido que grupos como el CJNG, el Cártel de Sinaloa, Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito encuentren en estos productos un financiamiento sostenido y estratégico.
El informe detalla que estas economías ilícitas ya sostienen operaciones criminales en al menos 16 estados del país, al financiar compra de armas, logística y redes de distribución que incluyen desde bodegas clandestinas hasta reclutamiento de menores.
De acuerdo con la investigación, los cárteles importan vapeadores de forma clandestina —principalmente desde Asia—, los reempaquetan, comercializan en redes digitales y distribuyen mediante canales que incluyen escuelas, tianguis y puntos callejeros difíciles de rastrear.
En este esquema, el Cártel de Sinaloa, especialmente facciones asociadas a los llamados Chapitos, mantiene un control significativo del mercado de vapeadores prohibidos; mientras que La Unión Tepito ha fortalecido alianzas con proveedores asiáticos para dominar la oferta en la capital del país.
Por su parte, el Cártel del Golfo habría reemplazado parte del tráfico de fentanilo por tabaco y vapeadores para mantener operativas sus rutas hacia Texas.
Tabaco ilícito: un negocio de 20 mil millones anuales
Los especialistas alertaron que la mezcla de mercancía legal e ilegal en el transporte ha contaminado cadenas completas sin que muchas empresas lo detecten.
Coincidieron en que México requiere regulación clara, trazabilidad estricta, supervisión aduanal, y una estrategia frontal contra las redes criminales que han capitalizado los vacíos normativos para fortalecer sus finanzas.
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