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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la a...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Si no está en
tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la
actitud con la que afrontes ese sufrimiento”, Viktor Frankl (1905-1997)
Psiquiatra y psicoterapeuta austriaco
EN LA MIRA
La Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción ha judicializado la carpeta CAIL
1166/2025, que involucra a Vargas Landeros y a varios de sus exfuncionarios por
la contratación de Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V., mediante la cual se
logró la devolución de 96 millones 899 mil pesos de ISR, a cambio de pagar 33
millones 720 mil pesos en comisión a la empresa.
Este esquema,
que en el papel luce como una operación financiera, abre serias dudas sobre la
proporcionalidad, la transparencia y la ética en el manejo de recursos
públicos.
El actual
presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, aclaró que esta
denuncia no fue promovida directamente por el Ayuntamiento, sino que deriva de
observaciones realizadas por la ASE al ejercicio fiscal 2021, cuando Vargas
Landeros estaba al frente de la administración. En febrero de 2025 se solicitó
información sobre estas observaciones, y en mayo, ya con la nueva
administración en funciones, se inició el protocolo que hoy tiene repercusiones
judiciales.
“No es una
querella propia, sino el resultado de una auditoría que se hizo en el pasado…
hay que actuar en consecuencia y que las autoridades determinen y deslinden las
responsabilidades”, afirmó Menéndez de Llano, dejando claro que este proceso
forma parte de los mecanismos de revisión y transparencia que, según dijo, se
aplican en todos los municipios.
Pero el caso no
se limita a lo jurídico; tiene un alcance político que Morena no puede ignorar.
Vargas Landeros
fue uno de sus cuadros más visibles en Ahome, y hoy enfrenta ya al menos tres
procesos judiciales por presuntas irregularidades, incluyendo la adquisición
irregular de patrullas y abuso de autoridad.
Cada carpeta
abierta erosiona la narrativa de un partido que hizo de la lucha anticorrupción
su estandarte.
La audiencia de
formulación de imputación programada para el 4 de septiembre será clave no solo
para definir responsabilidades, sino también para medir el impacto que este
proceso tendrá en la confianza ciudadana.
¿Responderán las
instituciones con sanciones efectivas o volveremos a ser testigos de un desfile
de audiencias que terminan en nada?
En Sinaloa, la
memoria política ha demostrado que muchos personajes sobreviven a los procesos
mediáticos y resurgen incluso fortalecidos.
En el terreno
político, Morena enfrenta un dilema: respaldar a Vargas y cargar con el
desgaste, o deslindarse y abrir la disputa por el control de Ahome. El primer
escenario lo haría vulnerable frente a una oposición que, aunque debilitada,
encuentra en estos casos un argumento sencillo para exhibir contradicciones; el
segundo podría desatar fracturas internas y reacomodos abruptos de cara a la
próxima elección.
La ciudadanía,
mientras tanto, observa con escepticismo.
Cada peso
comprometido sin rendición de cuentas, cada comisión excesiva disfrazada de
gestión eficiente, cada promesa de combate a la corrupción que termina en
carpetas archivadas, suma a una desconfianza que se convierte en abstencionismo
o voto de castigo.
Gerardo Vargas
Landeros se ha vuelto el rostro de un conflicto más amplio: la distancia entre
el discurso transformador y la realidad administrativa en los municipios.
Si su caso
concluye en sanción ejemplar, sentará precedente; si termina como tantos otros,
confirmará que la corrupción en Sinaloa no distingue partidos, solo se recicla
con nuevos protagonistas.
El verdadero
reto no está solo en los tribunales, sino en la capacidad política de Morena
para demostrar que la lealtad no puede estar por encima de la rendición de
cuentas. Porque en Ahome no solo se juzga a un exalcalde: se mide la coherencia
de un proyecto político que prometió ser diferente.
CALMANTES
El diputado
Manuel de Jesús Guerrero Verdugo hizo un llamado a la mesura y a respetar los
tiempos electorales, destacando la importancia de concentrarse en la gestión
actual y mantener la estabilidad política en el estado.
Guerrero Verdugo
se refirió a los adelantos en las candidaturas de cara a la próxima elección y
subrayó la necesidad de respetar los tiempos políticos establecidos por las
instancias correspondientes.
“En política hay
formas, hay tiempos, no hay que llegar antes ni hay que llegar después.
Entonces hay que tomar las cosas con tranquilidad, ser mesurados, ser
prudentes… y mucho le ayudaremos siendo prudentes, siendo cautos y esperar los
tiempos”, señaló.
El diputado
enfatizó que los actores políticos deben concentrarse en sus responsabilidades
actuales y en el trabajo en beneficio de la ciudadanía, evitando que la
contienda electoral distraiga de la gestión pública.
Su mensaje,
alineado con las declaraciones de la líder nacional de Morena, busca promover
unidad y disciplina partidista dentro del partido.
Guerrero Verdugo
concluyó destacando que la prudencia no es solo una recomendación ética, sino
un elemento clave para el buen desarrollo de los procesos políticos y la
estabilidad de la entidad. La intención, agregó, es garantizar que las
decisiones sobre candidaturas se tomen en su momento, evitando tensiones
innecesarias y fortaleciendo la coordinación entre las diferentes instancias de
gobierno y los propios militantes.
Aunque sabemos
para donde apunta la flecha, el diputado pide mesura y paciencia.
PROYECTO
La
administración que encabeza Estrella Palacios Domínguez reporta ocho obras de
infraestructura escolar desde noviembre de 2024, de las cuales cinco ya fueron
concluidas y entregadas, mientras que tres se encuentran en proceso.
Entre las
acciones destacan la construcción de bardas perimetrales, subestaciones
eléctricas, techumbres y una cancha de usos múltiples, además de apoyos
complementarios a más de 90 escuelas con mobiliario, material eléctrico,
pintura y minisplits.
La inversión
total asciende a 11.5 millones de pesos en obra y 1.8 millones en apoyos
complementarios, una cifra que, si bien representa un esfuerzo importante, debe
ponerse en perspectiva frente a las necesidades reales del municipio.
Mazatlán cuenta
con una amplia red de planteles, muchos de ellos con infraestructura obsoleta o
carente de servicios básicos, por lo que esta inversión, aunque positiva,
parece más un primer paso que una solución integral.
Desde una
perspectiva objetiva, el anuncio muestra voluntad política por atender el
rezago educativo, pero también evidencia la limitación presupuestal de los
municipios para dar cobertura total a las demandas de infraestructura escolar.
Las autoridades
han señalado la intención de evaluar una ampliación presupuestal, un punto
clave que marcará si este esfuerzo se queda como una acción aislada de inicio
de administración o si se consolida como una política sostenida.
Otro aspecto a
considerar es la transparencia y la continuidad de los proyectos.
Los cambios de
administración suelen frenar o reorientar obras, dejando procesos inconclusos
que afectan a generaciones de estudiantes.
En este caso, el
seguimiento puntual y la rendición de cuentas serán determinantes para que la
ciudadanía perciba esta inversión como un avance real y no como un acto
meramente administrativo.
La educación
demanda más que infraestructura: requiere planeación de largo plazo,
mantenimiento constante y participación activa de los distintos niveles de
gobierno.
Mazatlán da un
paso en esa dirección, pero el reto será mantener el ritmo, ampliar el alcance
y garantizar que cada peso invertido se traduzca en mejores condiciones de
aprendizaje.
ENFOQUE
La diputada
Karla Daniela Ulloa Rodríguez anunció una iniciativa para sancionar a empresas
que protejan a trabajadores incumplidos con la manutención de sus hijos, en un
esfuerzo por proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta
busca frenar prácticas en las que las empresas dan de baja o reducen el sueldo
a trabajadores deudores para dificultar el cobro de pensiones alimenticias.
Según Ulloa
Rodríguez, los patrones que encubran a estos empleados podrían enfrentar penas
de prisión, ya que al hacerlo afectan directamente la protección de la
infancia.
La iniciativa se
suma a reformas recientes, como la reducción del plazo de impago de 90 a 60
días y la creación de un padrón digital de deudores alimentarios en Sinaloa,
que permitiría verificar antecedentes incluso desde otra entidad o país.
La diputada hizo
un llamado a las madres a no perder la esperanza y resaltó la importancia de
las pruebas de paternidad gratuitas para asegurar el cumplimiento de la Ley
Sabina.
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