Durante dos días se escucharon opiniones de especialistas, litigantes y representantes del sector empresarial y académico; el presidente de ...
Durante dos días se escucharon opiniones de especialistas, litigantes y representantes del sector empresarial y académico; el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, afirmó que se incorporarán todas las visiones en el análisis.
Ciudad de México.- Al cerrar el último bloque de audiencias públicas para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, destacó que se privilegió una amplia discusión con el fin de integrar todas las visiones en torno a esta figura jurídica.
Corral Jurado señaló que los puntos de vista expuestos permitirán generar propuestas que enriquezcan el dictamen, el cual será trabajado de manera conjunta por las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos. Subrayó que el juicio de amparo, lleno de tecnicismos y poco accesible para la ciudadanía, debe revisarse para fortalecer su papel como pilar del acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales.
Entre las participaciones, Alejandro Gutiérrez Muñoz, litigante, advirtió que la iniciativa limita los derechos de impugnar en recursos de revocación y en el juicio contencioso administrativo federal. Por su parte, Lidia Monsalvo Álvarez, consejera del Colegio y Barra de Abogados, llamó a evitar retrocesos en la protección de los derechos humanos y garantizar que la reforma esté en armonía con la Constitución y tratados internacionales.
Ligia Claudia González Lozano, del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que el interés legítimo y la suspensión deben ser progresivos, pues la palabra amparo está contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos. En tanto, Cristina Vizcaíno Díaz, presidenta de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía, rechazó la modificación a la ampliación de la demanda en amparo directo, al considerar que restringe la protección de las personas y contraviene el artículo 17 constitucional.
La magistrada Natalia Téllez Torres, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, alertó sobre el riesgo de que las multas por incumplimiento a ejecutorias de amparo sean pagadas con recursos públicos, en lugar de ser absorbidas por los funcionarios responsables. A su vez, María Emilia Molina de la Puente, magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, señaló que las reformas representan un retroceso para las minorías, pues limitan el interés legítimo y la defensa de derechos colectivos.
Finalmente, el litigante Arturo Gregorio Peña Oropeza propuso eliminar de la iniciativa las palabras “actual” y “directo” en el concepto de interés legítimo, y precisar que este puede ser “individual o colectivo” para no restringir el acceso al amparo.
Concluidas las audiencias, las comisiones del Senado se declararon listas para iniciar la elaboración del dictamen que será discutido en próximas sesiones.
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