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Se estima que el ilícito le cuesta a los recursos financieros del Estado 177 mil millones de pesos al año El robo de hidrocarburos y su nu...
Se estima que el ilícito le cuesta a los recursos financieros del Estado 177 mil millones de pesos al año
El robo de hidrocarburos y su nueva variante, el huachicol fiscal, se han consolidado como dos de los negocios ilícitos más lucrativos de México.
La primera modalidad consiste en las tomas clandestinas y las perforaciones a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para extraer combustible y luego comercializarlo. La segunda, detectada desde 2021 por el SAT, se refiere al contrabando de combustibles que ingresan al país haciéndose pasar como aceites y otros aditivos, con el objetivo de reducir el pago de impuestos.
Por el huachicol tradicional, Pemex reportó que el quebranto al erario ascendió a 20 mil millones de pesos en 2024. En tanto, la variante fiscal representa un impacto mayor: de acuerdo con PetroIntelligence, este ilícito le cuesta al país 177 mil millones de pesos anuales.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) estima que más de 300 mil barriles diarios de combustibles en el país provienen del mercado negro.
Especialistas coinciden en que este delito ha prosperado por la impunidad con la que operan los grupos criminales y la complicidad de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, señaló Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara. “El robo de combustible se ha incrementado por la impunidad en la que vivimos en México”.
Las investigaciones han derivado en órdenes de aprehensión y detenciones contra funcionarios vinculados a una amplia red criminal huachicolera. Entre los principales señalados se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina con Andrés Manuel López Obrador. El primero fue detenido el 2 de septiembre; el segundo permanece prófugo.
Otros implicados son 13 elementos de la Secretaría de Marina, tres empresarios y tres funcionarios aduanales. Uno de los militares, al ver su nombre en la lista de uniformados presuntamente sobornados, se quitó la vida. Entre los señalados figuran capitanes de navío y jefes de departamento.
El caso también ha cobrado la vida de al menos siete personas relacionadas con las indagatorias. Entre ellas se encuentra el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, fallecido durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora, y el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, hallado muerto en su oficina.
El quebranto al erarioHuachicol tradicional: 20 mil millones de pesos en 2024 (Fuente: Pemex).Huachicol fiscal: 177 mil millones de pesos anuales (PetroIntelligence).Consumo de combustibles en el país:- Barriles diarios comercializados: 1’287,149.- Barriles diarios distribuidos por huachicol: 338,114.Fuente: Onexpo.
Los hermanos Farías Laguna, líderes de red de huachicol fiscal
La red de huachicol fiscal que se tejió dentro de la Secretaría de Marina y que alcanzó a varios funcionarios de alto nivel, fue evidenciada y quedó al descubierto a partir de la detención de 14 personas, lo que encendió las alarmas dentro del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Los señalados son el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Según lo revelado por parte de las autoridades, se sabe que los hermanos Farías encabezaban una red de huachicol fiscal, en la que realizaban sobornos a personas de rangos menores y otros funcionarios para permitir el paso de buques con combustible ilegal.
En este esquema, se han visto involucrados elementos de la Secretaría de Marina, pero también empresarios y personal de aduanas, quienes habrían permitido el contrabando de combustible en puertos, por ejemplo, en Tamaulipas. Para lograrlo, se declaraba la entrada de sustancias como aceite, cuando en realidad, las embarcaciones a las que daban acceso cargaban hidrocarburos.
Esta práctica resultó ser rentable para quienes participaban, evadiendo impuestos y haciendo negocios con el transporte de millones de litros de combustible proveniente del extranjero.
El negocio es altamente lucrativo, ya que PETROIntelligence estima que el ilícito le cuesta al erario 177 mil millones de pesos de forma anual, basado en estimaciones presentadas en su documento “Análisis: en recaudación potencial del contrabando fiscal”, donde afirman que tan solo en 2024, entraron 18 mil millones de litros de combustible ilegales en el mercado mexicano.
Para llevar a cabo el ilícito, era necesario reclutar una amplia cantidad de personas con distintas responsabilidades y roles.
La lista incluye varios capitanes de navío y jefes de departamento, además de los agentes navales y aduanales involucrados en una conspiración criminal quienes respondían a Manuel Roberto y a Fernando Farías Laguna.
De acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), el huachicoleo o mejor conocido como robo de hidrocarburo, ha provocado un quebranto al erario por 20 mil millones de pesos tan sólo durante el año pasado en México. Esto lo reporta la paraestatal nacional en sus informes correspondientes a 2024.
Esta importante cantidad de quebranto al erario ha provocado que el gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum impulse avances en el combate al robo de hidrocarburos, permitiendo un repunte en detenciones y decomisos en lo que va del sexenio en contraste con la administración anterior, la cual dejó números modestos en materia judicial.
Las Fuerzas Armadas han reportado decomisos récord de hidrocarburo ilícito, por ejemplo, entre los más importantes fue el caso de 10 millones de litros asegurados en Tampico, Tamaulipas durante el pasado mes de marzo. Este caso marcó un precedente, pues se siguieron las indagatorias que permitieron dar con una red de huachicol fiscal que involucraba a los sobrinos políticos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El 7 de julio se informó sobre la incautación de 129 carrotanques y más de 15 millones de litros en Arizpe y Saltillo, Coahuila. Y en agosto, la Secretaría de Marina reportó el decomiso de casi ocho millones de litros en Ensenada, Baja California. En el primer año de la administración se han asegurado cerca de 100 millones de litros de combustible robado, una cifra récord.
Y las detenciones han aumentado: cifras oficiales arrojan que durante el gobierno de López Obrador se procesaron apenas a 54 personas por robo de combustible, con sólo nueve sentencias. Sin embargo, tan sólo en 2025 se han reportado acciones de mayor alcance. El 30 de junio, por ejemplo, fueron detenidas 32 personas en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, señaladas como integrantes de una red dedicada al saqueo y distribución ilegal de combustibles. Y el 7 de septiembre, la Fiscalía General de la República informó sobre la captura de 14 individuos vinculados al llamado huachicol fiscal; es decir, la importación y venta de hidrocarburos evadiendo impuestos. Estas personas, ya vinculadas a proceso, participaron en el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas.
