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En la raya.
Jose Luis Lopez Duarte
La inminente temporada del maíz ciclo 25-26 se aproxima con una carga de desafíos que requiere atención inmediata. En el contexto actual, donde Sinaloa, un bastión agrícola clave, se enfrenta a las consecuencias de dos ciclos desastrosos, la preparación no es solo recomendable; es obligada. La responsabilidad recae, sin lugar a dudas, en el gobierno estatal, que debe involucrarse activamente en cada eslabón de la cadena productiva: desde el cultivo y la cosecha hasta la comercialización. Un fallo en cualquiera de estos eslabones podría desencadenar efectos adversos que amplifiquen la crisis económica que ya enfrentan los productores.
No podemos ignorar el contexto en el que estamos operando. La próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) también plantea riesgos y oportunidades. Este tratado, fundamental para el comercio entre las tres naciones, será revisado con el telón de Sinaloa y el T-MEC lo que viene de los recientes cambios políticos en Estados Unidos y sus implicaciones para México. La administración del presidente Donald Trump ya estableció un precedente de negociación bilateral que cuestiona la viabilidad del enfoque trilateral. Esto podría ofrecer ventajas competitivas a Estados Unidos, dado que México y Canadá exhiben una fuerte dependencia económica de su vecino del norte.
Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) por alla en 1994, las condiciones han favorecido desproporcionadamente a los productores estadounidenses, especialmente en el sector primario. Los subsidios masivos proporcionados por el gobierno de EE.UU. garantizan la rentabilidad de sus cosechas, mientras que los productores mexicanos, con un enfoque estructuralmente agrícola, cargan con la pesada losa de la competencia desleal. La economía sinaloense, dependiente fundamentalmente del maíz y hortalizas, capta claramente este desafío. Es imperativo que el gobierno de Sinaloa actúe rápidamente para prevenir que estas asimetrías económicos sigan perjudicando a nuestros agricultores.
El proceso de cosecha de maíz seguirá bajo el principio de definir precios con base en la bolsa de granos de Chicago. Sin embargo, surge la cuestión de si se deben imponer precios de garantía que aseguren la rentabilidad de las cosechas. Este es un debate crucial que el gobierno local debe abordar con seriedad, pues de ello depende la subsistencia de muchos productores.
A medida que nos acercamos a las negociaciones del T-MEC, queda claro que hay múltiples variables que deben considerarse para proteger a los productores mexicanos. El objetivo principal del gobierno de Sinaloa debería ser garantizar que estos productores no sean avasallados como ocurrió en el caso del tratado con Ecuador, que dejó a camaronicultores y plataneros en una situación de vulnerabilidad alarmante. No podemos permitir que esta torpeza se repita.
Para evitar un nuevo fracaso, es esencial convocar a todos los actores involucrados en la producción agrícola a crear un programa que contemple un marco de actuación justificado y respetuoso frente a los competidores canadienses y estadounidenses. Esto se traduce en la necesidad de un diálogo claro y constructivo entre autoridades y agricultores, con el fin de elaborar estrategias concretas ante la adversidad que ya se avecina.
El gobernador Rubén Rocha y el secretario de Agricultura Julio Verdegue tienen un reto monumental por delante: preparar una agenda que no sólo involucre a los productores locales, sino que también los vincule con los de otras regiones del país. Este esfuerzo debe realizarse de manera urgente y colaborativa, porque el tiempo apremia y el futuro agrícola de Sinaloa está en juego.
Los desafíos que enfrentamos son grandes, pero también lo son las oportunidades si actuamos con celeridad y con un enfoque centrado en el bienestar de nuestros productores. La historia reciente nos ha enseñado que la preparación y la organización son clave para enfrentar lo que está por venir. Ojalá que las autoridades de Sinaloa estén a la altura de esta crucial responsabilidad.
