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Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Es más acertado contener a los niños por honor y ternura, que por el temor y el castigo”, Terencio (195 AC-159 AC) Autor cómico latino
OBJETIVOS
La inauguración del primer parque “Sendero de Paz” en la colonia Santa Fe de Mazatlán representa más que la apertura de un área recreativa: es un mensaje político y social sobre la importancia de recuperar espacios olvidados para transformarlos en centros de convivencia y desarrollo comunitario.
Con una inversión de 2 millones 542 mil pesos, esta obra integra canchas deportivas, juegos infantiles, áreas iluminadas, un mural comunitario y vigilancia permanente, lo que plantea un modelo integral de intervención urbana.
El gobernador Rubén Rocha Moya destacó que este tipo de proyectos surgen a partir de escuchar directamente las demandas ciudadanas, una dinámica que, aunque necesaria, evidencia al mismo tiempo la deuda histórica que muchas colonias arrastran por años de abandono gubernamental.
En sus palabras, la visita a estas zonas no solo permite inaugurar obras, sino también recoger nuevas peticiones, lo que abre el debate sobre si la política de recuperación de espacios será una estrategia sistemática o quedará sujeta a gestiones aisladas.
La presidenta municipal, Estrella Palacios, subrayó la relevancia de contar con lugares seguros para las familias de Mazatlán y reconoció el respaldo estatal y federal, con la participación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en la construcción y rehabilitación del parque.
Esta colaboración interinstitucional refleja una tendencia creciente: convertir la infraestructura pública en una herramienta complementaria para la estrategia de seguridad.
El concepto “Sendero de Paz” apunta a algo más profundo que la simple recreación. Busca generar un sentido de pertenencia y cohesión social en comunidades que requieren alternativas para la niñez y juventud.
La participación de 40 niñas y niños en la creación del mural “El Jardín de los Valores” es una señal de que este espacio no solo fue construido para ellos, sino con ellos, algo poco frecuente en los proyectos urbanos tradicionales.
No obstante, la verdadera prueba será su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Los parques rehabilitados suelen enfrentar retos comunes: falta de mantenimiento, insuficiente programación de actividades y, en ocasiones, desinterés comunitario cuando la euforia de la inauguración se desvanece.
La presencia de una caseta de policía rehabilitada puede disuadir conductas delictivas, pero la seguridad real dependerá de la integración de la comunidad en el uso cotidiano del espacio.
Si este modelo logra replicarse en otras colonias con necesidades similares y se acompaña de políticas sociales y educativas, podría convertirse en un referente de cómo la infraestructura urbana influye en la percepción de seguridad y bienestar.
De lo contrario, corre el riesgo de quedar como una obra aislada en el paisaje urbano.
COMO TROMPO
El caso de Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, no solo evidencia presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, sino también cómo los procesos legales pueden prolongarse y convertirse en un laberinto que mantiene a los señalados en constante incertidumbre.
Este jueves, la audiencia inicial en su contra y de nueve exfuncionarios de su administración fue diferida porque las defensas alegaron no contar con la carpeta de investigación, que incluye más de 3 mil fojas y evidencia digital.
La justicia respondió dando un plazo hasta el 3 de octubre, en lugar de avanzar de manera inmediata. En los hechos, Vargas Landeros sigue “en el centro de la tormenta”, pero sin que la resolución avance, atrapado entre documentos, protocolos y procedimientos que, aunque legales, resultan dilatorios.
Lo que llama la atención no es solo la complejidad del caso —relacionado con la contratación de una empresa consultora para la devolución del ISR por casi 97 millones de pesos—, sino la forma en que la burocracia judicial prolonga la atención de la sociedad a temas que son de interés público.
Cada diferimiento, cada revisión de carpetas, mantiene al exalcalde en el foco mediático, generando un desgaste constante y dando la sensación de que las audiencias se vuelven vueltas interminables que retrasan la rendición de cuentas.
Este tipo de situaciones abre un debate necesario: ¿cuánto de la lentitud de los procesos judiciales es inevitable y cuánto contribuye a que los funcionarios señalados “se mantengan en el aire” sin resolución firme? Mientras la carpeta crece en fojas y CDs, la ciudadanía observa, espera y cuestiona la efectividad del sistema.
En el fondo, diferir audiencias puede ser una garantía de derecho para los imputados, pero también evidencia cómo los procesos legales, en lugar de acercar la justicia, muchas veces la dilatan.
Vargas Landeros y los exfuncionarios permanecen en espera, en un proceso que parece darles tantas vueltas como años de administración cuestionada. Y mientras eso sucede, la sociedad sigue preguntándose: ¿cuándo se conocerá la verdad completa sobre estas presuntas irregularidades?
POR LOS CAMARONES
Y regresa… El anuncio de la próxima visita de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a Sinaloa el próximo 23 de septiembre, se presenta en un momento en que el partido busca consolidar su estructura interna rumbo a los próximos procesos políticos.
La gira, que tendrá como sede Culiacán, contempla reuniones con la militancia y la dirigencia estatal, así como encuentros con medios de comunicación, en lo que parece ser una estrategia de alineación entre el Comité Ejecutivo Nacional y la base morenista en la entidad.
Si bien el presidente estatal de Morena, Edgar Barraza, señaló que los temas a tratar serán principalmente institucionales, el contexto político ofrece otra lectura: la visita ocurre en una etapa de ajustes internos tras los cambios recientes en la administración estatal y la necesidad de mantener cohesión en la estructura partidista.
La asistencia estimada de unas 800 personas refleja el interés de la dirigencia por mantener activa y organizada a su militancia, elemento clave para enfrentar los retos electorales y legislativos que se avecinan.
La falta de confirmación sobre la sede del evento revela que, más allá de la logística, se busca generar expectativa y medir el pulso político interno antes de definir los detalles finales.
Este tipo de giras suelen servir también como termómetro para evaluar liderazgos locales, cerrar filas y enviar mensajes de unidad hacia afuera, especialmente cuando se trata de una dirigencia nacional que busca mantener presencia territorial sin perder el control de la narrativa.
El verdadero alcance de esta visita dependerá de si se limita a una agenda protocolaria o si logra abrir espacios de diálogo real con las bases y sectores que demandan mayor atención en la toma de decisiones del partido en Sinaloa.
ENCUENTRO
El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jazmín Esquivel Mossa, sostuvieron un encuentro en la capital del país, que abre un espacio que trasciende la cortesía institucional.
Hay que recorda que la ahora ministra estuvo en la UAS durante su participación en la campaña de elección judicial, y ahora que la Universidad entra en un proceso de reingeniería, se buscar todo el respaldo posible para que el tema circule con los todos los lineamientos legales.
Además, en este encuentro se pone en la mesa el compromiso de implementar capacitaciones docentes y acercar conferencias especializadas a las Facultades de Derecho de la Casa Rosalina podría traducirse en una actualización directa de los planes de estudio con base en los nuevos criterios jurídicos.
Esta estrategia, más que un acto protocolario, refleja una oportunidad de alineación académica con las necesidades del sistema judicial contemporáneo.
La ministra Esquivel reconoció la calidad de los egresados de la UAS, lo que proyecta a la universidad como un referente regional en la formación de expertos en derecho.
El siguiente paso dependerá de la capacidad de ambas instituciones para concretar estos acuerdos en acciones tangibles que fortalezcan la enseñanza, la investigación y el ejercicio profesional.
Este escenario pone de manifiesto la relación entre academia y justicia puede ser una de las llaves para consolidar un verdadero Estado de Derecho.
