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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañ...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Hay un único
lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es
mañana”, Eduardo Galeano (1940-2015) Escritor y periodista uruguayo.
CUENTAS CLARAS
El reciente
ranking de aprobación de alcaldes en Sinaloa, correspondiente a agosto de 2025
y elaborado por Demoscopia Digital, ofrece más que una simple fotografía
numérica.
Refleja el pulso
social hacia los gobiernos municipales y, sobre todo, hacia quienes cargan con
la responsabilidad de conducir los destinos de sus comunidades en medio de
circunstancias diversas.
El caso que más
llama la atención es el de Culiacán.
El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aparece
en el primer lugar con un 57.3 por ciento de aprobación, una cifra que, si bien
no es aplastante, sí adquiere un significado especial por el contexto en que se
da.
Gobernar la
capital de Sinaloa es administrar la ciudad más grande, con la mayor densidad
poblacional, con los retos más complejos en seguridad, movilidad, servicios
básicos y desarrollo urbano. Y lo más importante: es gobernar en un clima
marcado por la violencia, que condiciona cualquier gestión pública.
El
reconocimiento ciudadano no se puede entender como una complacencia absoluta.
En realidad, lo
que reflejan los números es que, pese al ambiente adverso, la población percibe
un esfuerzo institucional que ha logrado contener parte del descontento social.
En Culiacán, la
vara de medir es distinta: la ciudadanía suele evaluar a su autoridad no sólo
por las obras o los programas, sino por la capacidad de sostener un mínimo de
gobernabilidad en un escenario donde la inseguridad es el mayor factor de
desgaste.
Ahora bien, si
se observa el ranking completo, la diferencia entre el primer y el sexto lugar
es de apenas 4.8 puntos porcentuales.
Esto significa
que el respaldo ciudadano hacia los alcaldes en Sinaloa es relativamente
homogéneo.
Antonio Menéndez
en Ahome (56.1%) y José Paz López en Badiraguato (55.4%) aparecen como
competidores cercanos, lo que revela que también han sabido mantener un nivel
aceptable de confianza en regiones con problemáticas muy distintas.
En Mazatlán, la
presidenta municipal Estrella Palacios sostiene un 52.6 por ciento de
aprobación, prácticamente empatada con Cecilia Ramírez en Guasave (52.5%).
Ambas muestran
que, en municipios clave por su dinamismo económico y social, hay un respaldo
que, si bien es suficiente, no ofrece márgenes de comodidad.
Lo mismo ocurre
con Jorge Bojórquez en Navolato (54.2%), que se ubica en un punto intermedio,
reflejando que su administración mantiene estabilidad en la percepción
ciudadana.
Lo que este
ejercicio deja en claro es que, en Sinaloa, ningún alcalde se encuentra en
niveles críticos de desaprobación.
Por el
contrario, el piso de aceptación se mantiene arriba del 50 por ciento, lo que
significa que la ciudadanía, en mayor o menor medida, respalda a sus gobiernos
locales.
Sin embargo,
también subraya que ninguno puede bajar la guardia: los márgenes son tan cortos
que cualquier error de gestión puede mover las piezas en cuestión de semanas.
En el caso de
Culiacán, la aprobación a Gámez Mendívil implica más que un buen número.
Representa un
voto de confianza en medio de una ciudad que carga con los reflectores
estatales y nacionales, donde cualquier evento negativo se magnifica.
Encabezar el
ranking en estas condiciones es un mérito que no debe minimizarse, pero tampoco
garantiza un cheque en blanco.
El verdadero
reto será sostener ese nivel de respaldo y, sobre todo, transformarlo en
resultados palpables para la ciudadanía.
Al final, la
encuesta de Demoscopia Digital es un termómetro de la percepción ciudadana, no
una sentencia definitiva. Los números pueden cambiar, y lo harán, conforme la
realidad en las calles ponga a prueba a las administraciones municipales.
Lo que queda
claro es que, por ahora, Culiacán reconoce en su alcalde una gestión que, con
todas las limitaciones y adversidades, ha sabido ganarse el primer lugar en
confianza ciudadana.
LOS MISMOS
ERRORES
Oooooooooootra
vez, la burra al trigo.
La
administración de Cecilia Ramírez Montoya en Guasave vuelve a estar en el
centro de la polémica tras la adquisición de 13 patrullas para la Dirección de
Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable.
El edil Gregorio
Hernández Romero, de Movimiento Ciudadano, denunció que la compra se realizó
sin licitación y con un monto superior a 17 millones de pesos, incumpliendo los
procedimientos legales que rigen la contratación pública.
Hernández Romero
alertó que la falta de planeación y transparencia podría repercutir en
servicios públicos esenciales, como el alumbrado, la recolección de basura y el
mantenimiento de drenajes, especialmente en un municipio con crisis financiera,
adelantos de participaciones y un crédito bancario de hasta 60 millones de
pesos.
Por su parte, la
presidenta municipal defendió la operación, asegurando que 10 patrullas se
adquirieron por 13 millones de pesos con recursos del FORTAMUN y que las tres
unidades restantes fueron compradas directamente para la Célula de Reacción
Inmediata con perspectiva de género, a un costo aproximado de 600 mil pesos
cada una.
Ramírez Montoya
señaló que la decisión se tomó como medida de emergencia ante la advertencia
del Gobierno del Estado sobre la posible extensión de la violencia registrada
en Culiacán hacia la zona norte. (Pareciera estar leyendo declaraciones de algún
exalcalde)
Según la
alcaldesa, la compra fue avalada por el Comité de Compras, integrado por
representantes de todas las fuerzas políticas, y cumplió con los procedimientos
legales contemplados en el artículo 21 del Reglamento de Adquisiciones, que
permite la adjudicación directa en casos de riesgo para la seguridad.
El director
jurídico del Ayuntamiento, Daniel Hibraim López Armenta, junto con el
secretario de Seguridad Ciudadana, Juan de Dios López Rubio, y el director de
Egresos, Ricardo Javier Báez Zazueta, respaldaron la versión oficial, señalando
que la operación fue transparente, sin intermediarios, y que cada patrulla
Silverado 4x4 tuvo un costo de 1 millón 349 mil 400 pesos, con posibilidad de
ser verificado por la ciudadanía.
López Rubio
agregó que hacia finales de 2024 algunas sindicaturas carecían de patrullas, y
que era urgente reforzar la seguridad para garantizar cobertura suficiente.
Sin embargo, la
defensa del gobierno municipal no disipa las comparaciones que algunos
regidores hacen con casos recientes de otros municipios, como Ahome, donde la
adquisición irregular de vehículos derivó en el desafuero del alcalde Gerardo
Vargas Landeros y en un prolongado conflicto legal.
La historia
reciente de expresidentes que han terminado enfrentando la justicia por compras
o rentas sin licitar genera dudas sobre la prudencia de la administración
actual y evidencia que la urgencia en seguridad no puede ser excusa para
ignorar la transparencia y la rendición de cuentas.
En un contexto
donde los municipios atraviesan limitaciones presupuestales y servicios
públicos colapsados, la decisión de priorizar la compra de patrullas a través
de adjudicación directa plantea un dilema crítico: proteger a la población sin
vulnerar la legalidad y arriesgar la estabilidad financiera de la comuna.
La ciudadanía y
la Auditoría Superior del Estado deberán seguir de cerca este proceso, pues el
precedente que se marque hoy podría definir la credibilidad y la
responsabilidad de la administración de Cecilia Ramírez Montoya en Guasave.
Lamentablemente doña
Cecy ya lleva varias y al parecer le va a “seguir la basca al niño”.
A REVISIÓN
El diputado
Ambrocio Chávez Chávez adelantó que durante el próximo periodo ordinario de
sesiones se revisarán los presupuestos y las cuentas públicas para 2026, un
proceso que estará a cargo de la Comisión de Fiscalización y que será sometido
a votación en el pleno del Congreso del Estado.
Este anuncio
subraya la obligación de los legisladores de garantizar que los recursos
públicos se ejerzan conforme a la normatividad vigente y con transparencia.
Chávez Chávez
señaló que su labor será rigurosa y orientada a que los municipios y los entes
públicos mantengan un manejo ordenado del gasto.
En este
contexto, mostró disposición a respaldar proyectos municipales que atiendan
necesidades concretas, como la construcción de un relleno sanitario en Salvador
Alvarado, siempre que exista propuesta formal del ayuntamiento y aprobación del
gobierno estatal.
La iniciativa
busca atender los riesgos asociados a los basureros a cielo abierto, desde
escurrimientos hasta afectaciones a la fauna y la salud de las comunidades.
El ejemplo de
Mazatlán, donde se está construyendo un relleno sanitario con recursos de un
préstamo, evidencia que es posible articular acciones de gobierno para atender
problemáticas concretas de manera ordenada y planificada.
La fiscalización
y la revisión de presupuestos son herramientas clave para asegurar que los
recursos públicos se apliquen a proyectos que respondan a necesidades reales de
la ciudadanía.
