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En audiencia inicial después de haberse diferido en cuatro ocasiones a petición de la defensa, se formuló imputación ante el Juez de Control quien consideró los datos de prueba para vincular a proceso.
Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado, luego de 6 horas de audiencias, logró obtener auto de vinculación a proceso en contra del Rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el delito de Ejercicio indebido del servicio público, y en contra de los integrantes del comité de adquisiciones de dicha Universidad por los periodos del 2021 y 2022, por el delito de Desempeño Irregular Pública.
Los hechos están relacionados con la adquisición de materiales de electricidad, plomería, materiales para construcción, entre otros, por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la empresa Especialistas Comerciales del Noroeste de México en la cual es socio y dueño César Abraham “C.” esposo de la Secretaria académica de la Facultad de Informativa de la UAS Yareli “L”; César Abraham “C” quien también es socio de otras empresas como son Soluciones en Informática del Noroeste, Arquitectos Constructores de Sinaloa, y la empresa a nombre del propio César Abraham "C", siendo una red de empresas que proveen diversos bienes a sobreprecio a la UAS.
En la Causa Penal 1034/2024 que derivó del Cuadernillo Penal 66/2024, se obtuvo vinculación a proceso de todos los imputados después de haberse diferido en cuatro ocasiones la audiencia inicial.
Como medidas cautelares a las y los imputados Jesús “M”, Soila Maribel “G”, Jorge “P”, Óscar Orlando “G”, Salvador “P” y Héctor Melesio “C”, se les impuso la presentación periódica cada mes ante la UMECA, así como la prohibición de salir del país; y la suspensión temporal del cargo se le impuso a Jesús “M”, Soila Maribel “G”, y Jorge “P”, el primero por el delito de Ejercicio indebido del servicio público y los dos últimos por Desempeño irregular de la función pública; se fijaron 3 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
En la audiencia inicial la Fiscalía General de Sinaloa, expuso ante el Juez de control los datos de prueba con los que se cuenta en la carpeta de investigación, considerando el órgano jurisdiccional que existen indicios razonables para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de todos los imputados, por los delitos solicitados.
Del estudio que se realizó de las facturas emitidas a favor de la UAS en el 2021 y 2022, se tiene que, en el 2021 se emitió 925 facturas por la cantidad total de $11, 182, 708.64 millones; en el 2022 se emitió 1,540 facturas por la cantidad total de $16’464, 631.33 millones; siendo en total 2,465 facturas por el monto de $27’647,339.97 millones. En este caso no hubo facturas canceladas.
La adquisición de bienes realizadas por la UAS, se llevaron a cabo sin licitación pública, cuando esta forma de adjudicación es por regla general, al rebasar los montos facturados del límite permitido por la ley, además de seleccionar una red de proveedores de un mismo dueño, esto no garantiza las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, lo que lleva a adquirir los bienes a un sobreprecio causando perjuicio al servicio público y a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El dueño y socio de la empresa Especialistas Comerciales del Noroeste de México, Cesar Abraham “C”, quien ante esta Fiscalía aportó diversos datos de prueba entre ellos estados de cuenta bancarios, una relación detallada de las facturas emitidas, en los que aparecen los pagos que recibió de parte de la UAS, siendo 107 transferencias bancarias por $4,511,913.37 millones en los meses de octubre y diciembre 2021, y 393 transferencias por $ 15,664,592.65 millones en los meses de enero, marzo, mayo, junio y diciembre del 2022; En total fueron 500 pagos por un monto total de $20´176,506.02 millones; montos pagados en cada año ya mencionado que, aun superan en lo individual el límite para que se hubieran hecho las adquisiciones de bienes por licitación pública.
El dueño de la proveedora Especialistas Comerciales del Noroeste de México, Cesar Abraham “C” ha cooperado con la Procuración de Justicia al suministrar la información que le fue requerida por la FGE, contrario a las diversas solicitudes que se le han realizado a los funcionarios de la UAS que a la fecha no han suministrado la información que le solicitó Fiscalia y se mantienen con la resistencia a transparentar el uso de recursos públicos.
Con esta vinculación a proceso de los funcionarios universitarios de la UAS, queda claro que no se viola la Autonomía Universitaria, que las personas imputadas son servidores públicos, que la universidad es un Organismo Descentralizado del Estado; en consecuencia, es parte de la Administración Publica Paraestatal. Asimismo, queda claro que no se trata de un ataque a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino por el contrario, se está protegiendo a esta Universidad para que los recursos públicos que le ministra el Estado su uso y destino sea conforme a la Ley que rige las adquisiciones de bienes y servicios Estatal; tal como se explicó ante el Juez de control en la audiencia inicial, por lo que, FGE actúo apegado a la legalidad.
El Subsidio Estatal Ordinario que la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, le transfirió a la UAS en el 2021 fue la cantidad de $2´114,770,127.00 millones; en el 2022 fue la cantidad de $2´598,761,546.72 millones, recurso del cual la UAS realizo pagos al proveedor Especialistas Comerciales del Noroeste de México.
