Culiacán, Sinaloa.- Las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) emitieron su postura luego de que el Congreso del Estado apr...
Culiacán, Sinaloa.- Las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) emitieron su postura luego de que el Congreso del Estado aprobara la organización de una consulta para reformar la Ley Orgánica de la institución educativa.
El encargado de la rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, afirmó que esta decisión representa un desacato a una sentencia de amparo ya existente, la cual invalida al Congreso del Estado para llevar a cabo dicha consulta.
Lizárraga Otero acusó que, al margen de la ley, el Legislativo local ha iniciado un proceso de reforma que calificó como ilegal, injusto e ilegítimo. Además, exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse informada sobre la gravedad de los hechos y a estar atenta a futuras convocatorias en respuesta a las acciones del Congreso.
“Está claro que estaremos a la altura de este momento, un momento que nos llama a la lucha, a defender lo que creemos, lo que pensamos, a defender lo justo y lo legal”, señaló.
El rector también informó que, tras conocer la aprobación del dictamen que faculta al Legislativo para organizar una consulta que debería ser realizada por la UAS, conforme lo establece la Ley de Educación, se comunicó con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez. Durante la conversación, le planteó las irregularidades legales del proceso y adelantó que la comunidad universitaria no permanecerá pasiva ante lo que consideró un abuso.
“La Universidad Autónoma de Sinaloa debe ser apoyada, no vulnerada ni vejada como lo está siendo ahora. Sin embargo, él me respondió que actúa con apego a la ley y a ciertas consideraciones políticas que a él y a su grupo los mueven”, precisó.
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas), en sus secciones de académicos, administrativos e intendencia, junto con la asociación civil Del Bien Hacer, expresaron su desacuerdo con las decisiones tomadas por el Congreso, afirmando que atentan contra la autonomía universitaria.
.png)

