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Moody’s Local indicó que mientras se definen las leyes secundarias habrá un tiempo de incertidumbre en las instituciones financieras de crédito
Un tiempo de incertidumbre permeará en las instituciones financieras de crédito en México hasta que el Congreso mexicano defina las leyes secundarias que acompañen la polémica reforma judicial, con el mayor impacto a los portafolios de pequeñas y medianas Moody’s Local.
El Congreso mexicano declaró constitucional la reforma al Poder Judicial mexicano, que impulsa la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por el voto popular, tras la aprobación de por lo menos 23 legislaturas locales, de 17 requeridos por la Constitución mexicana.
Ante este panorama, Moody’s Local indicó en su ‘Análisis Sectorial’, que “mientras se define en leyes secundarias la aplicación de la nueva ley, habrá un tiempo de incertidumbre en las instituciones financieras de crédito”.
Detalló que los portafolios de los bancos no verían incrementados los riesgos crediticios asociados a la nueva reforma, en principio por carteras diversificadas, con una buena proporción en consumo no garantizado y en grandes corporaciones.
No obstante, esperó que los portafolios de las Pymes e hipotecarios sí podrían tener impactos, “ya que dependen de una buena certeza jurídica que garantice la ejecución judicial de los colaterales en situación de morosidad”.
En el corto plazo, Moody’s estimó como un “efecto negativo” que los bancos puedan desacelerar la colocación de nuevos créditos, en tanto se resuelve “la incertidumbre jurídica en algunos segmentos”.
Recordó que la cartera hipotecaria de la banca representaba un 19.3 por ciento del portafolio total y contribuía con un 7.4 por ciento al ingreso acumulado por intereses de los últimos 12 meses de los bancos y con corte en junio de 2024.
Mientras tanto, explicó que el crédito de Pymes representaba en el mismo periodo un bajo porcentaje, solo un 6.6 por ciento del portafolio total.
Además, proyectó que los bancos podrán ver reducida su ya pequeña exposición a las instituciones financieras no bancarias (IFNBs), al ser estas instituciones los vehículos principales de la mayoría de las Pymes.
“Muchas IFNBs en México sirven como la última milla de la penetración del crédito y la inclusión financiera. Los bancos, guiados por criterios prudenciales, podrían reducir también su exposición a aquellas IFNBs enfocadas en arrendamientos puros o financieros, crédito hipotecario y Pyme”, detalló.
De igual forma, advirtió que una “mayor incertidumbre también podría traducirse en mayores costos, que terminarían impactando a los nuevos créditos colocados, a las líneas de financiamiento de la IFNBs e incidirán en la capacidad de crecimiento del sector de las IFNBs y en la penetración del crédito en el país en general”.
Hasta ahora, organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch, así como el Gobierno estadounidense y canadiense han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.
En este contexto, se inscribe la suspensión que ordenó este mismo viernes un juez mexicano con el que frenó su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada este 15 de septiembre, cuando se conmemora en el país el Día de la Independencia.
Con información de EFE
