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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga "Deberíamos crear una cátedra para enseñar a leer entre líneas", León Bloy EL FIEL DE LA B...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"Deberíamos crear una cátedra para enseñar a leer entre líneas", León Bloy
EL FIEL DE LA BALANZA
El voto 86 que necesita Morena para que la Reforma al Poder Judicial pase la aduana de la Cámara Alta del Senado de la República, recaerá en los hombros de un panista. así como lo lee, ni del PRI o MC, sino del PAN.
Aquí las razones por las que esto puede tener un giro favorable a la 4T:
Este martes, el Senado de la República enfrenta una votación crucial sobre la reforma al Poder Judicial, una propuesta que ha polarizado el debate político y generado tensiones entre las distintas fuerzas partidistas.
En el centro de esta controversia, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, miembro del PAN, ha tomado un rol protagónico debido a que su voto podría ser decisivo para el futuro de la enmienda constitucional que propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto directo.
La propuesta de reforma, impulsada por el partido Morena y respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido presentada como un intento de democratizar el Poder Judicial, permitiendo que la ciudadanía elija directamente a los encargados de impartir justicia. Sin embargo, esta iniciativa ha sido duramente criticada por la oposición, que advierte sobre los peligros que representa para la autonomía judicial.
Los detractores argumentan que permitir elecciones populares de jueces y magistrados politizará la impartición de justicia y abrirá la puerta a la manipulación política de este poder, debilitando su independencia.
Desde el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), la postura es clara: la reforma no solo politiza el Poder Judicial, sino que también pone en riesgo la división de poderes que garantiza el equilibrio democrático en México. Además, acusan al gobierno federal de presionar a los senadores para inclinar la balanza a favor de la reforma, lo que refuerza la preocupación sobre una posible erosión del sistema de contrapesos.
Miguel Ángel Yunes Márquez ha emergido como una figura decisiva en este proceso. Aunque forma parte del PAN, la posibilidad de que renuncie a su militancia y se una a Morena o al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha generado un ambiente de incertidumbre.
Su voto, en este contexto, es clave, ya que Morena y sus aliados necesitan una mayoría calificada —dos tercios de los senadores presentes— para aprobar la reforma constitucional.
Con la bancada de Morena, PT y PVEM sumando 85 senadores, el voto de Yunes Márquez podría ser el número 86 que asegure el éxito de la reforma.
La ausencia de Yunes Márquez en reuniones clave con su bancada panista ha sido interpretada como un posible indicio de su ruptura con el partido.
Los dirigentes del PAN han tratado de mantener la unidad, acuartelando a sus senadores para evitar deserciones, pero la postura ambigua de Yunes Márquez ha generado especulaciones sobre una posible negociación con Morena.
Este escenario ha desatado acusaciones de presión política. La dirigencia del PAN, encabezada por Guadalupe Murguía, ha denunciado que el gobierno federal está utilizando estrategias de intimidación y corrupción para influir en los votos de la oposición.
Estas declaraciones reflejan la intensidad del conflicto y la importancia de esta votación, no solo en términos legislativos, sino como una prueba de la capacidad del gobierno de López Obrador para imponer su agenda sobre un Senado fragmentado.
Además, el proceso se ha visto envuelto en una disputa sobre el número exacto de votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada. Mientras algunos senadores de Morena, como Gerardo Fernández Noroña, aseguran que con 85 votos es suficiente, la oposición insiste en que se requieren 86. Este tecnicismo es clave, ya que la interpretación que prevalezca podría definir el éxito o el fracaso de la reforma
El voto de Miguel Ángel Yunes Márquez no solo determinará el resultado de esta reforma, sino que también tendrá implicaciones de largo alcance para el sistema judicial mexicano y la dinámica política en el Senado.
Si decide apoyar la reforma, el Poder Judicial de México podría enfrentar una transformación profunda que cambiaría la forma en que se eligen a sus integrantes y pondría en duda su independencia. Por otro lado, su negativa a votar a favor podría representar una victoria simbólica para la oposición, frenando temporalmente los esfuerzos del gobierno por reformar el Poder Judicial.
En resumen, Yunes Márquez se encuentra en una encrucijada política que lo posiciona como el "fiel de la balanza" en uno de los debates más relevantes y polarizadores de la actual legislatura.
Su voto no solo tiene el potencial de definir el futuro de la justicia en México, sino que también refleja las tensiones y presiones que enfrenta la política mexicana en este momento.
EL OTRO LADO
La reciente decisión del Congreso del Estado de Sinaloa de llevar a cabo una consulta en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha generado un debate que va más allá del ámbito académico. Los diputados Ambrocio Chávez y Verónica Rochín han argumentado que el proceso será abierto, democrático y voluntario, en un esfuerzo por recabar información que contribuya a la creación de una nueva Ley Orgánica para la universidad.
Sin embargo, detrás de este aparente gesto de inclusión democrática, surgen preguntas importantes sobre los límites de la autonomía universitaria y el verdadero alcance de la reforma.
Por un lado, el Congreso se ampara en la obligación de consultar a la comunidad para reformar las leyes de organismos autónomos, un procedimiento que, aseguran, ya se ha aplicado en otros casos como la Ley Indígena y la Ley de la UAdeO.
Este argumento puede sonar legítimo, pero cabe cuestionar si la consulta en la UAS realmente es un ejercicio de participación o una estrategia para legitimar una intervención que muchos consideran indebida.
La autonomía universitaria es un principio fundamental que garantiza a las instituciones educativas la libertad para gobernarse a sí mismas sin interferencias externas.
En este caso, las autoridades de la UAS han rechazado realizar la consulta por su cuenta, lo que ha llevado al Congreso a intervenir directamente. Esto plantea una preocupación legítima: si las universidades no pueden decidir por sí mismas cuándo y cómo reformar sus propias leyes, ¿qué tan autónomas son realmente?
Además, la implementación de la consulta parece estar cargada de tensiones políticas. No podemos ignorar que la UAS es una institución con un peso considerable en el estado, tanto en términos de su tamaño como de su influencia en la vida pública.
Esto convierte cualquier intento de reformar su Ley Orgánica en un asunto de gran relevancia política.
El hecho de que la consulta sea organizada por el Congreso y no por la propia universidad crea la percepción de que se está utilizando el proceso legislativo para ejercer control sobre la institución.
Es innegable que las leyes que rigen las universidades deben actualizarse conforme a las necesidades y demandas de la sociedad.
Sin embargo, cualquier reforma que afecte a una institución tan significativa como la UAS debe hacerse con el mayor respeto a su autonomía y con un verdadero diálogo entre las partes.
Una consulta organizada externamente, aunque sea bajo el pretexto de la democracia, corre el riesgo de ser vista como una imposición, especialmente si la comunidad universitaria no la percibe como legítima.
En última instancia, la pregunta no es si la UAS necesita o no una nueva Ley Orgánica, sino cómo se debería llevar a cabo el proceso de reforma. Si realmente se busca fortalecer la democracia interna de la universidad, el diálogo debe ser horizontal, participativo y, sobre todo, liderado por la propia institución.
Lo contrario solo perpetuará la idea de que la autonomía universitaria está siendo socavada en nombre de intereses políticos más amplios.
La consulta en la UAS, tal como está planteada, tiene el potencial de abrir un espacio de participación. No obstante, si no se garantiza la percepción de imparcialidad y respeto por la autonomía, podría terminar siendo un paso más en la politización de las universidades públicas, alejando a la comunidad de las decisiones que le afectan.
Es esencial que este proceso no se convierta en un pretexto para justificar una intromisión que, a largo plazo, debilitaría a una de las instituciones más importantes del estado.
