Culiacán, Sinaloa.- La LXII Legislatura aprobó este viernes, de manera unánime, un dictamen que reforma la Constitución Política del Estado ...
El diputado Horacio Lora Oliva, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación e integrante del Grupo Parlamentario de morena, habló a favor del dictamen y destacó que se deriva de las reformas y adiciones, a diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, publicadas el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
“De manera específica estas modificaciones plantean que la justicia laboral quede a cargo del Poder Judicial y que se creen centros de conciliación a los que se deba acudir de manera previa y obligatoria antes de recurrir al tribunal”, observó Horacio Lora Oliva.
Recordó que en términos del decreto por el que se reformó y adicionó la Constitución Política Federal, este dictamen debió haber sido conocido antes en este Congreso, en razón de las disposiciones transitorias que ordenaban tanto al congreso de la unión como a las legislaturas locales, realizar las adecuaciones correspondientes a más tardar en el periodo de un año, es decir, a más tardar en febrero del 2018.
“No sobra decir que este congreso no actuó, porque tampoco lo hizo la pasada legislatura federal. Fue hasta el primero de mayo de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actuación de las leyes secundarias, mediante las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Infonavit y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva”, destacó el morenista.
Explicó que mediante estas reformas reglamentarias, se dispone que los Centros de Conciliación locales y los Tribunales laborales del Poder Judicial en los estados, inicien sus actividades de manera simultánea dentro del plazo máximo de tres años, el cual se agota el 2 de mayo del próximo año.
“En razón de lo anterior, con este dictamen, la 63 legislatura atiende debidamente la fatalidad del nuevo plazo a través de las reformas y adiciones correspondientes a la Constitución Política del Estado, lógicamente para incluir al ámbito de las competencias locales la atención a los conflictos laborales. Con ese propósito, se adiciona el artículo 72 bis al ordenamiento superior en el estado para crear un Centro de Conciliación Laboral, con carácter de organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozará de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión para que atienda, de manera previa al juicio, los conflictos laborales de orden local”, observó Lora Oliva.
“Lo más importante de todo esto que no se trata de un simple cambio de nombre, sino un nuevo paradigma en términos de justicia laboral, lo que de conformidad con los dictámenes emitidos por el Congreso de la Unión responderá a propósitos de la mejor conciliación de intereses entre el capital y el trabajo y terminará con la corrupción”, añadió el legislador morenista.
Concluyó asegurando que esta reforma ayudará a combatir problemas como casos de despido injustificado en los que el patrón simula la renuncia del trabajador, comportamientos en los procedimientos laborales que carecen de sustento en la realidad, con declaraciones falsas, ofrecimiento de pruebas falsas y fraude procesal, y entre otras, la existencia de los llamados “contratos de protección”, en detrimento de los derechos de los trabajadores, al registrarse contratos colectivos de trabajo sin conocimiento de éstos, incluso en casos que anteceden a la existencia del centro de trabajo.
La diputada María Victoria Sánchez Peña, participó también en la discusión, destacando que los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, serán los encargados de la conciliación previa a la demanda jurisdiccional en el orden local, establecidos en el apartado A del artículo 123, fracción XX, párrafo segundo de la Constitución. Se constituirán como organismos públicos descentralizados y tendrán un órgano de gobierno, además que deberán substanciar el procedimiento de la conciliación antes de presentar demanda ante los Tribunales.
“Parte de la transformación es la creación de un nuevo órgano que, además de llevar los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, a través de procesos libres y democráticos. En este sentido, hoy esta legislatura da un paso más en la puesta en marcha de la transformación del país, donde la suma de los esfuerzos conlleva resultados favorables”, concluyó María Victoria Sánchez.
