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Decenas de miles de nicaragüenses participaron el sábado en Managua en la marcha “Por la Paz y la Justicia”, una manifestación que transcurrió sin incidentes, sin presencia policial y en la que su convocante, la Iglesia Católica, dio al gobierno el plazo de un mes para cumplir con los compromisos que exige la sociedad ante la oleada represiva que tuvo lugar a mediados de abril.
Esta fue la segunda manifestación multitudinaria en menos de una semana en que los nicaragüenses exigieron justicia después que las protestas de estudiantes contra la reforma de la ley del seguro social provocaran una dura represión del gobierno sandinista de Daniel Ortega que dejó al menos 63 muertos, 15 desaparecidos y más de 160 heridos, según datos de organismos de derechos humanos que no han sido ni confirmados ni rechazados por las autoridades.
Ortega retiró la reforma y aceptó abrir un diálogo con diferentes sectores de la sociedad que tendrá a la Iglesia como testigo y garante pero, aun así, los nicaragüenses continuaron saliendo a las calles para expresar su malestar hacia el gobierno.
El cardenal Leopoldo Brenes reconoció el sábado que la Iglesia está consciente de los riesgos que corre al mediar en un diálogo que ha generado una enorme expectación y que deberá llegar a acuerdos que satisfagan a toda la población y por eso lanzó un mensaje claro ante la multitud que se congregó en la plaza de la catedral con cientos de banderas de Nicaragua y gritos de “¡Justicia, justicia!”.
“El gobierno solo tiene un mes para cumplir, de lo contrario, se le dirá al pueblo que no se pudo”, afirmó mientras la gente coreaba “¡que se vayan, que se vayan!”.
“Haremos lo que podamos para que la paz y la justicia prevalezcan y logremos la estabilidad que el país necesita”, agregó.
En la marcha convocada por la Conferencia Episcopal hubo representantes del sector privado, campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico en el país y estudiantes y tal y como pasó en la protesta organizada por los empresarios el pasado lunes no hubo policías, ni gente motorizada ni acciones violentas por parte de la Juventud Sandinista con lo que la manifestación transcurrió con tranquilidad.
“Los nicaragüenses necesitamos un mejor país y lo vamos a conseguir”, afirmó por su parte Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, al canal 100%Noticias.
Francisca Ramírez, líder del movimiento de campesinos anti-canal, explicó a The Associated Press que quisieron participar en la manifestación porque “es momento de que Daniel Ortega entienda que no va a seguir haciendo con este país lo que quiera… Ya ha sido suficiente, queremos paz pero con justicia por los asesinatos”.
Los campesinos salieron en camiones desde lugares recónditos del país desde el viernes para poder llegar a Managua a mediodía del sábado.
También se realizaron peregrinaciones en ciudades como León y Matagalpa, en el oeste y norte del país, y en todas las manifestaciones la exigencia de justicia era una constante.
“Vine porque los muchachos que murieron merecen que les rindamos un tributo, que marchemos por la paz del país, por la justicia y porque vuelva la democracia que está secuestrada por este gobierno”, indicó Marlene Álvarez, una joven de 26 años que trabaja en un laboratorio de la capital.
Las protestas se tornaron violentas el pasado 18 de abril cuando un grupo de nicaragüenses en contra de la reforma al seguro social —que aumentaba las cuotas patronales y de los trabajadores e imponía un impuesto a los pensionados— fue reprimido por miembros de la Juventud Sandinista y de la policía. Las acciones se repitieron durante los siguientes cinco días.
El presidente decidió derogar dicha reforma pero para entonces ya habían muerto muchos estudiantes junto a dos policías y un periodista.
Ortega convocó después a un diálogo nacional y pidió a la jerarquía católica que fuera testigo y garante del mismo. El sector privado, los estudiantes y otros sectores sociales aceptaron el diálogo pero exigieron una investigación por las muertes y los abusos cometidos por las autoridades.
El viernes el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, anunció la creación de una “Comisión de la Verdad” para conocer y analizar lo ocurrido en los enfrentamientos que tuvieron lugar en el país durante las manifestaciones.
La Comisión estaría formada por juristas, intelectuales, religiosos, jóvenes, personalidades de reconocido prestigio y algunas organizaciones pero grandes sectores de la población no están de acuerdo con la misma porque rechazan a Porras a quien vinculan con la represión ejercita contra los universitarios.
La procuradora de Derechos Humanos, Corina Centeno dijo que ellos harán las investigaciones de las muertes y lo harán con seriedad y objetividad auxiliándose de la policía _lo que tampoco convence a la sociedad escéptica ante una pesquisa en que los investigados son los mismos que los que investigan.
Organismos internacionales como Human Rights Watch, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han pedido al presidente Daniel Ortega que cese la represión, considerada por analistas e historiadores nicaragüenses como la más violenta y sangrienta en los últimos 40 años, desde la dictadura de Somoza.
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