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La fiscal general del estado explicó que el vicefiscal cuenta actualmente con una licencia de hasta seis meses sin goce de sueldo para atender las acusaciones en su contra.
Culiacán, Sinaloa.- La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, afirmó que si al término de la licencia solicitada por el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra no se resuelve el proceso legal en el que se encuentra señalado, lo procedente será su renuncia definitiva a la Fiscalía General del Estado.
Entrevistada durante la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Zona Militar este miércoles, Sánchez Kondo explicó que Castro Saavedra solicitó una licencia sin goce de sueldo por un periodo de hasta seis meses para atender las acusaciones en su contra.
“Él tiene una licencia que él mismo solicitó, es una licencia que por ley está hasta por seis meses sin goce de sueldo; una vez cumplido ese término, en caso de necesidad de resolverse el proceso, lo que deriva es la renuncia”, declaró.
La fiscal señaló que la postura institucional de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa frente a las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses es el respeto al debido proceso y a las investigaciones correspondientes.
Asimismo, aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de indicios directos que relacionen al vicefiscal con los delitos señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Sánchez Kondo añadió que actualmente no mantiene comunicación con Castro Saavedra, aunque confirmó que tiene conocimiento de que permanece en Culiacán.
El pasado 5 de mayo, Dámaso Castro presentó oficialmente su solicitud de licencia para separarse temporalmente del cargo de vicefiscal, luego de que autoridades estadounidenses incluyeran su nombre dentro de una lista de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
De acuerdo con la información difundida por Estados Unidos, Castro Saavedra enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos.
La intención de solicitar licencia, explicó previamente la Fiscalía, fue atender cualquier requerimiento de autoridades investigadoras y esclarecer los señalamientos conforme a los marcos legales correspondientes.
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