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La iniciativa también aplaza hasta 2028 la siguiente elección judicial y modifica la estructura operativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó este jueves una reforma constitucional en materia judicial que permitirá la permanencia por seis años adicionales de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de establecer cambios en la organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el calendario de la elección judicial.
La reforma fue avalada en lo general con 87 votos a favor y 40 en contra, respaldada por la mayoría legislativa y sus aliados, mientras que los grupos parlamentarios de oposición manifestaron su rechazo durante la discusión.
Entre los cambios aprobados se encuentra el aplazamiento de la elección judicial programada para renovar diversos cargos jurisdiccionales, la cual ahora se realizará hasta junio de 2028.
Asimismo, se establece una nueva estructura interna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que operará mediante dos secciones cuyos asuntos estarán sujetos a la aprobación del pleno.
Otro de los puntos contemplados en la reforma es la reducción del periodo de encargo para magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial de 2028, pasando de nueve a ocho años.
Durante el debate legislativo, senadores de oposición cuestionaron el contenido de la iniciativa al considerar que fortalece la influencia política sobre los órganos encargados de impartir justicia.
El senador del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó durante su intervención que los cambios representan una ampliación del control político sobre las instituciones judiciales.
Por su parte, legisladores que respaldan la reforma sostuvieron que las modificaciones buscan dar certeza jurídica al proceso de transformación del Poder Judicial y armonizar los tiempos de implementación de la reforma aprobada previamente.
Tras la aprobación en lo general, el Senado inició la discusión de las reservas presentadas por distintos grupos parlamentarios, aunque se prevé que la mayoría legislativa mantenga el sentido original del proyecto.
La reforma deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente para su entrada en vigor.
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